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Opinión

Aquí Xicohténcatl… Dos años y no aparece Karlita Romero Tezmol

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385 Grados / Tlaxcala / Pedro Morales / Ya transcurrieron dos años de la desaparición física de la niña Karla Romero Tezmol, unos hombres la subieron a un auto a solo unas calles de su casa en San Pablo del Monte, se dirigía a su escuela y nunca llegó.

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Un año al final del mandato de Mariano González, y otro año de Marco Mena, tal pareciera que el tiempo no pasa, son dos años sin resultados y más de lo mismo, el caso pasó a formar parte de la enorme pila de “carpetas de investigación” o, lo que es lo mismo, de casos sin resolver.

Ante el hecho, organizaciones no gubernamentales convocan a familias de desaparecidos que han vivido la negligencia del gobierno del Estado de Tlaxcala y su Procuraduría a romper el silencio, denunciar públicamente y organizarse.

Exigen a la PGR que se reinicien líneas de investigación sobre servidores públicos de Tlaxcala que han obstaculizado las investigaciones acerca del paradero de Karla Romero Tezmol.

Dijeron que si realmente el procurador Tito Cervantes no puede con éste y un centenar de casos más: QUE RENUNCIE, porque no da resultados, en la evaluación de la realidad está reprobado.

Solicitan al Congreso del Estado catalogar el corredor Tlaxcala-Puebla como zona de emergencia, y llamar a comparecer al Procurador del Estado, y a servidores públicos involucrados en las investigaciones, omisiones, y violaciones a los derechos humanos.

Realizan llamado de atención a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala para agilizar las investigaciones, generar mecanismos de protección, monitoreo y acompañamiento para la familia de Karla Romero.

El tema de desaparición de personas, sobre todo mujeres jóvenes en los estados  de Tlaxcala y Puebla, así como la ola de feminicidios es un tema creciente en medios de comunicación, pero no en la vida de las familias que viven en el corredor Puebla – Tlaxcala.

El caso de Karla Romero Tezmol no es un hecho aislado, representa el peregrinar institucional de las familias de desaparecidas, la impunidad, las deficiencias en las investigaciones, y la falta de capacidad de servidores públicos para desempeñar sus cargos con apego a los derechos humanos, la debida diligencia y constitucionalidad.

Tlaxcala tiene un común denominador en la mayoría de los casos de desaparición, las víctimas son mujeres y menores de edad, situación que levanta sospechas debido a que la mayoría de tratantes de personas, principalmente con fines de explotación sexual y precisamente se ha señalado que son originarios de Tenancingo y San Pablo del Monte, ubicados en el Estado de Tlaxcala, algo que las autoridades han minimizado.

Siendo un foco rojo en tráfico de personas, desaparición y trata de personas, Tlaxcala no cuenta con servidores públicos capacitados en atención a víctimas e investigación de delitos vinculados con la delincuencia organizada y violencia contra niñas y mujeres.

No cuenta con una fiscalía especializada en temas referentes a desaparición, trata, ni con protocolos de búsqueda urgente y localización con vida.

Aunado a lo anterior, existen funcionarios públicos que mediante acciones y omisiones han obstaculizado la búsqueda urgente y localización con vida de Karla Romero, por lo cual solicitamos a PGR que se inicien nuevas líneas de investigación sobre las y los funcionarios que han retrasado la investigación en el caso, pues el modus operandi y el patrón de conducta de las redes de trata se sigue manteniendo intocado ante este tipo de actuaciones de la autoridad.

DOS AÑOS DE INEFICIENCIA DE LA PGJE

Karla Romero Tezmol, de 11 años de edad, desapareció en el trayecto a su escuela, ubicada a unas cuadras de su casa, en el municipio de San Pablo del Monte.

Según testigos de los hechos, la niña fue sustraída por los tripulantes de un vehículo negro, a la altura de la calle 20 de Noviembre, lo cual fue registrado por una cámara de vigilancia particular, instalada en un negocio de esta vialidad.

Estas imágenes, sin embargo, se perdieron definitivamente, debido a que la Procuraduría estatal erró la fecha de los videos al solicitarlos al dueño de la cámara que los captó, en consecuencia, las autoridades no obtuvieron la grabación del 13 de enero, sino la del día siguiente.

Para el momento en que este error fue detectado, las imágenes correspondientes al día del secuestro de Karla ya habían sido borradas por el sistema de videovigilancia que las había almacenado.

“La familia de Karla fue la que detectó la existencia de esa cámara –señala en entrevista Miriam Pascual, abogada de la Red Retoño y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social–, oportunamente dio aviso a la Procuraduría y los policías fueron a solicitarle el video al dueño del negocio, quien lo facilitó inmediatamente.

El video que la Procuraduría le mostró a la familia de Karla no registra nada, no se ve a Karla pasar, ni a su hermanito, que poco después hizo el mismo recorrido, para dejarle, llevarle, el lonche.” Cuando los padres de Karla detectaron esta anomalía, revisaron la fecha del video y se dieron cuenta de que, en realidad, no correspondía al día en que Karla fue raptada.

“Cuando nos percatamos de esta irregularidad, los videos del 13 de enero ya habían sido borrados por el particular, puesto que no le habían sido requeridos por la policía. Entonces, esa información valiosísima se perdió, por incompetencia de la policía”, señala la abogada.

Evidencias ignoradas

La destrucción de estas evidencias se suma a una larga cadena de irregularidades, cometidas por las autoridades.

En primera instancia, a pesar de que la desaparición de Karla fue reportada horas después de su rapto, la Procuraduría de Tlaxcala se negó a emitir la Alerta Amber durante los siguientes 21 días.

La Alerta Amber, cabe destacar, obliga a difundir el rostro y los datos de identificación de aquellos menores de edad secuestrados, extraviados, desaparecidos, o cuya ausencia es indicio de que pueden ser víctimas de algún delito, y se trata de un protocolo, cuya efectividad depende de que sea activado en las primeras horas tras la desaparición.

“La Alerta sirve para que las y los niños puedan ser detectados en centrales camioneras, en salidas carreteras, el aeropuertos, su objetivo es crear un cerco que impida que las víctimas sean extraídas de su localidad de origen… Pero en el caso de Karla no ocurrió así: la Procuraduría de Tlaxcala les dio 21 días a los secuestradores para que sacaran a la niña del estado, y ya que había pasado todo ese tiempo, emitieron la Alerta, pero sólo como trámite”, destaca la abogada.

Ante esa respuesta omisa, la familia de Karla elaboró volantes con su fotografía y datos de identificación, para repartir por cuenta propia en Tlaxcala y Puebla, e incluso esto fue motivo de una reprimenda: “La Procuraduría le reclamó a la familia andar volanteando en casetas carreteras, les dijo que con eso ponían en riesgo la vida de Karla, que se atuvieran a las consecuencias, y que se atuvieran a los daños psicológicos que eso les iba a ocasionar… Pero lo que en realidad no querían las autoridades del estado es que este caso se diera a conocer públicamente”, destaca la abogada.

Otra de las irregularidades denunciadas por la familia de Karla es que, hasta la fecha, la Procuraduría tlaxcalteca se ha negado a iniciar una averiguación previa por los hechos, a pesar de que existen testigos del secuestro, y de que los familiares recibieron llamadas anónimas de los presuntos plagiarios.

Incluso, la familia recibió informes anónimos de que Karla estaba siendo explotada sexualmente en la zona de prostitución tolerada en la capital de Puebla, entidad con la que colinda el municipio, donde la menor fue secuestrada.

La Procuraduría de Tlaxcala, sin embargo, desestimó toda esa información y, hasta la fecha, “se niega a iniciar una averiguación y a abrir una carpeta de investigación. Por ahora, en Tlaxcala sólo hay un ‘acta circunstanciada’, es decir, una hoja que dice que la familia fue a denunciar la desaparición y ya… eso es equivalente a nada”, se lamenta la abogada.

Simulación y montajes

Cada vez que los papás de Karla recibieron llamadas anónimas lo reportaron inmediatamente a la Procuraduría estatal. Pero ahí “nos decían que no hiciéramos caso, que eran llamadas de extorsión… nunca investigaban, sólo descartaban la información que les dábamos”, señala la señora Olga Tezmol, mamá de Karla.

“Por eso, cuando nos hablaron (de forma anónima) para decirnos que a Karla la tenían en el Hotel Río, en la calle 14 Oriente, de Puebla, decidimos no decirle a la Procuraduría, sino que fuimos directamente a ese lugar y cuando llegué fue horrible ver lo que había ahí: decenas y decenas de muchachitas y adolescentes, niñas de 16, de 15, y más pequeñas, siendo prostituidas en la calle, a la vista de todos; y en las esquinas gente vigilándolas.

Unos familiares se hicieron pasar por hombres que buscaban un servicio sexual y se acercaron a unas muchachas, ellas les dijeron dos cosas: que no podían salirse de la 14 Oriente, que no lo tenían permitido, y que tampoco podían en ese momento dar servicio en su hotel (el Río), porque estaban esperando que llegara un operativo.”

Efectivamente, destaca la abogada Miriam Pascual, ese día, 2 de febrero, a través de un oficio formal, la Procuraduría de Tlaxcala había solicitado a su homóloga de Puebla que realizara una inspección en el Hotel Río, en busca de Karla, pero queda algo sin aclarar: ¿cómo hicieron las autoridades de Tlaxcala para determinar que Karla estaba en el hotel Río?

Esta inconsistencia la expone con mayor claridad la mamá de Karla: “Cuando las prostitutas le dijeron a mis familiares que estaban esperando un operativo en el hotel Río, decidimos retirarnos, estabamos muy confundidos. Se nos hacía muy raro todo, porque ¿cómo que iba a haber operativo, si no habíamos dicho a nadie sobre la llamada que habíamos recibido? O sea, la Procuraduría de Tlaxcala estaba respondiendo ante una información que todavía no les proporcionábamos… Y lo peor es que estaba respondiendo pero sólo de forma simulada, porque antes de realizar el operativo se les avisó a las mafias que explotan a las muchachitas, para que tomaran sus previsiones”.

Por parte de las autoridades tlaxcaltecas la búsqueda de Karla sólo ha sido “simulada”, destaca la abogada Miriam Pascual, y pone un ejemplo: “A finales de febrero tuvimos una reunión con la exprocuradora estatal, Alicia Fragoso, en donde nos notificó que habían realizado un rastreo con 100 elementos en barrancas del estado. Pero, si no hay una carpeta de investigación, tampoco hay líneas de investigación, y sin éstas: ¿cómo determinas en qué lugar buscar? Salir a buscar así, a ciegas, eligiendo al azar los puntos de rastreo, es sólo simular que buscas”.

Culpar a la víctima

En ese mismo encuentro con la exprocuradora tlaxcalteca, destaca Miriam Pascual, el director de Servicios Periciales, Nahu Juárez Meza, “nos notificó que están realizando una ‘necropsia psicológica’ de Karla, y eso nos parece muy negativo, porque este análisis suele usarse en México para responsabilizar a la víctima de los agravios que sufrió. Por ejemplo, en el caso de Digna Ochoa, la necropsia psicológica fue la prueba usada por la Procuraduría del DF, para afirmar que Digna se suicidó. Igualmente, la necropsia psicológica fue la herramienta usada por las autoridades del Estado de México para convertir el feminicidio de Mariana Lima en un suicidio.”

Esta herramienta pericial, señala la abogada, “en México se usa solamente para responsabilizar a la víctima, se usa para decir: ah, es que estaba loca, tenía trastornos, y por esta vía quitarle la calidad de víctima. Y nosotros presumimos que eso es lo que quiere hacer Tlaxcala en el caso de Karla: quieren hacer pasar a la menor como una niña caprichosa, que se fue de casa, y que eso es culpa de los padres”.

A su casa  arribaron tres peritos de la Procuraduría de Tlaxcala, un criminólogo, una psicóloga y una trabajadora social, para formular lo que ellos denominaron “consultas de rutina”.

Las preguntas que formulan los peritos, sin embargo, sorprenden a todos: “¿Karla menstrúa? ¿Karla tiene novio? ¿Karla es muy enojona?”

Es decir, detalla la abogada Miriam Pascual, que a pesar de que hay testimonios y evidencias que señalan a que Karla fue raptada, posiblemente con fines de explotación sexual comercial, la Procuraduría estatal insiste en su hipótesis inicial: que la niña se fue con el novio.

–¿Karla tenía novio? –se pregunta a su mamá.

–No… Karla es una niñita, todavía juega con muñecas, es una niñita de primaria… Pero suponiendo, sin conceder, que así fuera, que Karlita tenía novio y se escapó con él, eso en realidad no cambia nada: Karla es una menor de edad y no aplica ninguna clase de consentimiento.

Si Karla se fue con alguien, esa persona está cometiendo un delito, y Karla está siendo su víctima.

Y si ese fuera el caso, de todas formas, la Procuraduría tiene la obligación de actuar, en vez de permanecer con los brazos cruzados.

Pero, Karla no se fue por su propia voluntad, Karla no se fue con el novio, Karla no huyó… a Karla se la llevaron, y ya transcurrieron dos años y seguimos sin saber nada de ella.

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Los Consejos Técnicos Escolares: ¿Un desperdicio?

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385 Grados / Tlaxcala / Opinión / Abelardo CARRO NAVA / La cuarta sesión ordinaria de los Consejos Escolares se aproxima y, como sabemos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emite las “Fichas para el Trabajo en CTE”, generalmente, a mediados de mes, para que los colectivos docentes se preparen a fin de intercambiar experiencias y conocimientos en cuanto a los temas que se sugieren en dichas fichas. En esta ocasión, con la pregunta: ¿Cómo garantizamos oportunidades de aprendizajes para TODOS nuestros alumnos? La SEP pretende que, tanto directivos como docentes, reflexionen y tomen decisiones en torno a la necesidad de favorecer y promover la construcción de una educación inclusiva. Entendiendo por ello que, en cada plantel de nuestro país, las prácticas en la escuela y las aulas, favorezcan el respeto a la dignidad humana y la valoración de la diversidad y que, en consecuencia, propicien que todos los niños y jóvenes, especialmente de los sectores sociales en desventaja, desarrollen al máximo sus potencialidades mediante una acción pedagógica diferenciada y el establecimiento de condiciones adecuadas a tal diversidad, lo que implica la eliminación o minimización de todo aquello que constituya una barrera al desarrollo, aprendizaje y a la participación en la comunidad escolar (SEP, 2019).

Para el logro de este propósito (tan extenso), la SEP sugiere 3 actividades: 1) Valoremos la diversidad como riqueza para apoyar el aprendizaje de TODOS los alumnos; 2) Compartamos prácticas educativas para brindar oportunidades de aprendizaje a TODOS los alumnos; 3) Exploración de habilidades básicas como medio para favorecer los aprendizajes (SEP, 2019).

Propósito y actividades que, se enmarcan en algo que ellos denominan “ambiente escolar inclusivo”. Nombre curioso que, me permitirá, adentrarme en un breve análisis de lo que la SEP propone y, desde la visión, de quién lo propone; porque si bien es cierto que la “jerga” educativa se ha ido modificando conforme a las políticas internacionales que así lo determinan, también es cierto, que los propósitos educativos, como el que persigue esta sesión del Consejo Técnico (CT), genera cierta ambigüedad entre quienes, por disposición oficial, tienen que abordarlo en sus respectivos centros de trabajo: los maestros.

Y es que mire usted, hablar de educación inclusiva, es hablar de lo que se abordó en la Conferencia de 1990 (de la UNESCO), efectuada en Jomtien (Thailandia), y en la que se promovió, desde el ámbito de la educación especial, la idea de una educación para TODOS, lo cual en términos sencillos puede significar, la idea de inclusión y, para efectos de estas líneas, educación inclusiva. Al respecto cabe enfatizar, que esa idea surgió desde la educación especial, un campo especializado y de vital importancia en cualquier Sistema Educativo y que, en los últimos años, en México, se ha relegado a un segundo plano (más por una mera moda que por un verdadero principio educativo) al implementar, tanto en educación básica como educación normal: la educación inclusiva. En fin.

Dicho esto, es menester recordar que, en 1994, bajo los auspicios de la UNESCO, en la Conferencia de Salamanca (sobre necesidades educativas especiales) se consolidó la educación inclusiva y se consideró, como un principio y una política educativa a la que un total de 88 países y 25 organizaciones internacionales, se sumaron asumiendo la idea de promover sistemas educativos con una orientación inclusiva.

Orientación inclusiva que, insisto, parte de una educación especial pero que, en los hechos, ni se ha entendido la primera, ni se ha comprendido la segunda, puesto que la SEP como tal, no ha brindado una adecuada y certera capacitación, actualización o profesionalización al magisterio o, si lo ha hecho, ha sido malhecho.

¿No acaso la educación inclusiva está considerada a partir de un mandato constitucional?, ¿no acaso la orientación inclusiva significa un proceso que se da a lo largo de toda la vida? Consecuentemente, ¿por qué si uno de los requisitos que la misma educación inclusiva reconoce como fundamentales para el logro del propósito que persigue, y que tienen que ver con que los profesionales que interactúan con niños y jóvenes tengan una formación adecuada, pertinente y relevante sobre este tema, en México no se ha hecho?, ¿por qué un tema de gran relevancia, se sugiere abordar en los CT, de una forma tan simplista en algo que la SEP ha denominado “ambientes escolares inclusivos”. La pregunta en todo caso sería, ¿todos tenemos y entendemos la definición de educación inclusiva, ambientes escolares inclusivos, educación especial, Necesidades Educativas Especiales (NEE), exclusión social, integración escolar, entre otros, así como su desarrollo en los centros escolares?

Partir de lo básico parece una idea descabellada, sin embargo, poner en común temas (conceptos) para su comprensión, análisis y asimilación, se antoja harto pertinente cuando, insisto, la SEP no ha hecho su trabajo como debiera haberlo hecho y, el conocimiento que permea sobre este asunto, aunque ha sido adquirido por los muchos maestros por cuenta propia, difícilmente puede lograr una homogeneización, a partir de criterios bien definidos y apegados al conocimiento científico, con la idea de que éste coadyuve a la realización de su propio quehacer docente.

Caray, no debemos olvidar una premisa básica que implica la inclusión, puesto que ésta, tiene el enorme reto de crear convergencias de múltiples iniciativas que emanan de la educación especial, sociología de la educación, antropología cultural, entre otras.

Así pues, simplificar o reducir el tema de la educación inclusiva en uno de los tantos aspectos que son parte de ésta como los “ambientes escolares inclusivos”, desde mi perspectiva, es eso: una visión limitada de lo que la inclusión significa en términos de lo que se espera obtener en las escuelas de educación básica.

El aprendizaje de los alumnos a partir de los contenidos es importante, no lo niego, pero ¿y los demás aspectos?, ¿no influye el contexto, las interacciones, las evaluaciones psicopedagógicas, las NEE, la eliminación de barreras educativas discriminatorias, los modelos de atención establecidos en los centros escolares (quiénes somos, cómo nos conformamos y hacia dónde vamos), la profesionalización docente, etcétera, etcétera, etcétera?

Valdría la pena entonces, revisar las propuestas (actividades) que la SEP propone trabajar en los CT; muchas veces, se proponen temas, pero esas propuestas como lo he dicho, son reducidas y/o limitadas y, si a esto le agregamos que quienes son los responsables de conducir los mismos, en la mayoría de los casos, no tienen ni la menor idea de lo que se tiene que abordar en éstos (porque tampoco fueron capacitados como debiera), esos CT son un verdadero desperdicio.

Con negritas:

Hace unos meses, la malla curricular de la Licenciatura en Educación Especial que se imparte en las escuelas normales del país, se vio modificada (de nombre y contenidos) por una cuyo nombre me genera ciertas dudas: Licenciatura en Inclusión Educativa. Todo ello, con la intención de “armonizar” los planes de estudio de las normales con los que propone el modelo educativo 2017. Valdría la pena revisar si tal propuesta, no fue un asunto tomado a la ligera desde el “oficialismo”, puesto que como sabemos, la inclusión, debe permear de manera transversal, la educación básica y no porque, con alguna ligereza, se considere fundamental dada una propuesta curricular que Nuño nos entregó, muy mal hecha, hace poco más de 2 años.

Al tiempo.

 

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Opinión

Observaciones, oportunidad para las coincidencias

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385 Grados / Tlaxcala / Opinión / Aurora ARENILLAS / Todo parece indicar que las observaciones al presupuesto 2019 serán consideradas con seriedad por parte de los diputados locales.
Contrario a lo que se pudiera pensar que el Ejecutivo estatal haya recurrido a su facultad constitucional de observar el Presupuesto, el Código Financiero y la nueva Ley de Austeridad tuvo como propósito garantizar el adecuado desempeño de los entes y organismos públicos.
Es decir, la confrontación entre poderes por el “estira y afloja” respecto la integración del gasto jamás fue una opción.
Por el contrario, el “veto” -como lo llaman los medios- fue la oportunidad para ampliar el debate sobre la asignación de las partidas presupuestales, y revisar que el ejercicio de atribuciones legales de cada órgano de gobierno se respete en términos de ley.
El Ejecutivo estatal le está apostando a encontrar puntos de coincidencia con el Congreso local para que la Ley de Egresos sea balanceada y responda a las demandas de la ciudadanía.
Lo que está sobre la mesa ahora es la importancia de cumplir con el principio de colaboración entre Poderes y favorecer el uso eficiente del gasto público.
Por ahora, la administración estatal opera con normalidad, pero es indudable que los legisladores locales deben estudiar los planteamientos del Gobernador dentro de plazos razonables, y a la luz del interés general, para dar certeza a los poderes y a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos.
Tan es importante que los trabajadores del Sindicato 7 de Mayo ya anunciaron actos de protesta en contra de la disminución a las partidas de Pensiones Civiles y previsiones salariales de la Oficialía Mayor de Gobierno dentro del decreto presupuestal avalado por el Congreso local, pues existe temor que ello afecte a sus tres mil agremiados.
Sin duda, estas inquietudes están motivadas en la falta de justificación de los recortes autorizados por los integrantes de la actual legislatura, de ahí que el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo debe fructificar en torno a garantizar la atención de las necesidades de los sectores.
Esperemos que los nuevos dictámenes vean corregidas las insuficiencias de los primeros, y de paso anticipen escenarios de innecesaria presión para los poderes, con partidas que permitan al aparato gubernamental cumplir sus metas.
Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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DIPUTADOS ARBITRARIOS Por Aurora Arenillas

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El Ejecutivo estatal presentó al Congreso local observaciones respecto a la nueva Ley de Austeridad, y las reformas, tanto al Código Financiero como al Presupuesto de Egresos 2019, y no es para menos. Sin fundamentos, los diputados locales capitaneados por Morena eliminaron el Fondo de Apoyos para la Educación Básica, que era de 130 millones de pesos, bajaron 25 millones al Fondo de Desastres Naturales, y redujeron 150 millones al Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública, lo que tendrá un impacto negativo en el sector educativo y magisterial, la atención a emergencias y la lucha contra la inseguridad en todo el estado. También disminuyeron 12 millones al fondo para el fortalecimiento del sistema pensionario estatal, y 70 millones más a las previsiones salariales de los trabajadores del Poder Ejecutivo, todo lo cual repercutirá en las prestaciones y derechos de los trabajadores sindicalizados, de confianza y honorarios, y sus familias, sin contar los pensionados y derechohabientes de Pensiones Civiles. En el caso del Poder Judicial, le bajaron casi 50% el presupuesto al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, lo que limitará las funciones de un órgano creado para combatir la corrupción dentro de la administración pública, tal y como lo venía exigiendo Morena dentro de su narrativa. De acuerdo al análisis del gobierno estatal, el decreto de presupuesto no incluye ningún fundamento que justifique el incremento presupuestal del Congreso local -pese a que los diputados de Morena, PT y PES prometieron bajarse el sueldo y ser austeros-, ni la disminución al Presupuesto del Poder Ejecutivo, que ha demostrado eficiencia en su gestión, al mantener la deuda cero, finanzas públicas sanas y ahorros que favorecieron el arranque de obras de gran impacto, como el nuevo Hospital General de Tlaxcala, la ampliación de la carretera Apizaco-Tlaxcala y la remodelación del Estadio Tlahuicole. Además, los legisladores no alinearon el Presupuesto de Egresos a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, y varios artículos transitorios de este decreto imponen reglas que no tienen que ver con el presupuesto mismo, pero invaden competencias de órganos específicos del gobierno estatal. Por ejemplo, crearon cuatro fondos para apoyar al campo, a los cuerpos policiales, a la población discapacitada, y a los deportistas de alto rendimiento; no obstante, la creación de este tipo de instrumentos y su operación son funciones propias del Ejecutivo, así como la expedición de reglas de operación, como las que pretenden emitir para regular el fondo para obras en municipios, del que ya se dice abre la puerta a los “moches” que Morena denunció y dijo que combatiría, y excluye a varias comunas de sus beneficios a falta de criterios claros de distribución de recursos. La atribución del Congreso local, de modificar el presupuesto no implica sustituir la función administrativa del Poder Ejecutivo, que exige la aplicación de diversas leyes que el Congreso no está facultado para ejecutar. Y eso pasa también con el caso del Código Financiero y la Ley de Austeridad, que violentan la autonomía presupuestal de los poderes Ejecutivo y Judicial, y los propios municipios. La voluntad política del Ejecutivo de generar condiciones de diálogo y acuerdo es evidente. Sin embargo, falta ver si los diputados locales están en la misma sintonía y renuncian a motivaciones personales y de grupo para establecer un paquete económico funcional que sirva a los intereses de desarrollo de la entidad. Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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