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Opinión

Aquí Xicohténcatl… Dos años y no aparece Karlita Romero Tezmol

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385 Grados / Tlaxcala / Pedro Morales / Ya transcurrieron dos años de la desaparición física de la niña Karla Romero Tezmol, unos hombres la subieron a un auto a solo unas calles de su casa en San Pablo del Monte, se dirigía a su escuela y nunca llegó.

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Un año al final del mandato de Mariano González, y otro año de Marco Mena, tal pareciera que el tiempo no pasa, son dos años sin resultados y más de lo mismo, el caso pasó a formar parte de la enorme pila de “carpetas de investigación” o, lo que es lo mismo, de casos sin resolver.

Ante el hecho, organizaciones no gubernamentales convocan a familias de desaparecidos que han vivido la negligencia del gobierno del Estado de Tlaxcala y su Procuraduría a romper el silencio, denunciar públicamente y organizarse.

Exigen a la PGR que se reinicien líneas de investigación sobre servidores públicos de Tlaxcala que han obstaculizado las investigaciones acerca del paradero de Karla Romero Tezmol.

Dijeron que si realmente el procurador Tito Cervantes no puede con éste y un centenar de casos más: QUE RENUNCIE, porque no da resultados, en la evaluación de la realidad está reprobado.

Solicitan al Congreso del Estado catalogar el corredor Tlaxcala-Puebla como zona de emergencia, y llamar a comparecer al Procurador del Estado, y a servidores públicos involucrados en las investigaciones, omisiones, y violaciones a los derechos humanos.

Realizan llamado de atención a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala para agilizar las investigaciones, generar mecanismos de protección, monitoreo y acompañamiento para la familia de Karla Romero.

El tema de desaparición de personas, sobre todo mujeres jóvenes en los estados  de Tlaxcala y Puebla, así como la ola de feminicidios es un tema creciente en medios de comunicación, pero no en la vida de las familias que viven en el corredor Puebla – Tlaxcala.

El caso de Karla Romero Tezmol no es un hecho aislado, representa el peregrinar institucional de las familias de desaparecidas, la impunidad, las deficiencias en las investigaciones, y la falta de capacidad de servidores públicos para desempeñar sus cargos con apego a los derechos humanos, la debida diligencia y constitucionalidad.

Tlaxcala tiene un común denominador en la mayoría de los casos de desaparición, las víctimas son mujeres y menores de edad, situación que levanta sospechas debido a que la mayoría de tratantes de personas, principalmente con fines de explotación sexual y precisamente se ha señalado que son originarios de Tenancingo y San Pablo del Monte, ubicados en el Estado de Tlaxcala, algo que las autoridades han minimizado.

Siendo un foco rojo en tráfico de personas, desaparición y trata de personas, Tlaxcala no cuenta con servidores públicos capacitados en atención a víctimas e investigación de delitos vinculados con la delincuencia organizada y violencia contra niñas y mujeres.

No cuenta con una fiscalía especializada en temas referentes a desaparición, trata, ni con protocolos de búsqueda urgente y localización con vida.

Aunado a lo anterior, existen funcionarios públicos que mediante acciones y omisiones han obstaculizado la búsqueda urgente y localización con vida de Karla Romero, por lo cual solicitamos a PGR que se inicien nuevas líneas de investigación sobre las y los funcionarios que han retrasado la investigación en el caso, pues el modus operandi y el patrón de conducta de las redes de trata se sigue manteniendo intocado ante este tipo de actuaciones de la autoridad.

DOS AÑOS DE INEFICIENCIA DE LA PGJE

Karla Romero Tezmol, de 11 años de edad, desapareció en el trayecto a su escuela, ubicada a unas cuadras de su casa, en el municipio de San Pablo del Monte.

Según testigos de los hechos, la niña fue sustraída por los tripulantes de un vehículo negro, a la altura de la calle 20 de Noviembre, lo cual fue registrado por una cámara de vigilancia particular, instalada en un negocio de esta vialidad.

Estas imágenes, sin embargo, se perdieron definitivamente, debido a que la Procuraduría estatal erró la fecha de los videos al solicitarlos al dueño de la cámara que los captó, en consecuencia, las autoridades no obtuvieron la grabación del 13 de enero, sino la del día siguiente.

Para el momento en que este error fue detectado, las imágenes correspondientes al día del secuestro de Karla ya habían sido borradas por el sistema de videovigilancia que las había almacenado.

“La familia de Karla fue la que detectó la existencia de esa cámara –señala en entrevista Miriam Pascual, abogada de la Red Retoño y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social–, oportunamente dio aviso a la Procuraduría y los policías fueron a solicitarle el video al dueño del negocio, quien lo facilitó inmediatamente.

El video que la Procuraduría le mostró a la familia de Karla no registra nada, no se ve a Karla pasar, ni a su hermanito, que poco después hizo el mismo recorrido, para dejarle, llevarle, el lonche.” Cuando los padres de Karla detectaron esta anomalía, revisaron la fecha del video y se dieron cuenta de que, en realidad, no correspondía al día en que Karla fue raptada.

“Cuando nos percatamos de esta irregularidad, los videos del 13 de enero ya habían sido borrados por el particular, puesto que no le habían sido requeridos por la policía. Entonces, esa información valiosísima se perdió, por incompetencia de la policía”, señala la abogada.

Evidencias ignoradas

La destrucción de estas evidencias se suma a una larga cadena de irregularidades, cometidas por las autoridades.

En primera instancia, a pesar de que la desaparición de Karla fue reportada horas después de su rapto, la Procuraduría de Tlaxcala se negó a emitir la Alerta Amber durante los siguientes 21 días.

La Alerta Amber, cabe destacar, obliga a difundir el rostro y los datos de identificación de aquellos menores de edad secuestrados, extraviados, desaparecidos, o cuya ausencia es indicio de que pueden ser víctimas de algún delito, y se trata de un protocolo, cuya efectividad depende de que sea activado en las primeras horas tras la desaparición.

“La Alerta sirve para que las y los niños puedan ser detectados en centrales camioneras, en salidas carreteras, el aeropuertos, su objetivo es crear un cerco que impida que las víctimas sean extraídas de su localidad de origen… Pero en el caso de Karla no ocurrió así: la Procuraduría de Tlaxcala les dio 21 días a los secuestradores para que sacaran a la niña del estado, y ya que había pasado todo ese tiempo, emitieron la Alerta, pero sólo como trámite”, destaca la abogada.

Ante esa respuesta omisa, la familia de Karla elaboró volantes con su fotografía y datos de identificación, para repartir por cuenta propia en Tlaxcala y Puebla, e incluso esto fue motivo de una reprimenda: “La Procuraduría le reclamó a la familia andar volanteando en casetas carreteras, les dijo que con eso ponían en riesgo la vida de Karla, que se atuvieran a las consecuencias, y que se atuvieran a los daños psicológicos que eso les iba a ocasionar… Pero lo que en realidad no querían las autoridades del estado es que este caso se diera a conocer públicamente”, destaca la abogada.

Otra de las irregularidades denunciadas por la familia de Karla es que, hasta la fecha, la Procuraduría tlaxcalteca se ha negado a iniciar una averiguación previa por los hechos, a pesar de que existen testigos del secuestro, y de que los familiares recibieron llamadas anónimas de los presuntos plagiarios.

Incluso, la familia recibió informes anónimos de que Karla estaba siendo explotada sexualmente en la zona de prostitución tolerada en la capital de Puebla, entidad con la que colinda el municipio, donde la menor fue secuestrada.

La Procuraduría de Tlaxcala, sin embargo, desestimó toda esa información y, hasta la fecha, “se niega a iniciar una averiguación y a abrir una carpeta de investigación. Por ahora, en Tlaxcala sólo hay un ‘acta circunstanciada’, es decir, una hoja que dice que la familia fue a denunciar la desaparición y ya… eso es equivalente a nada”, se lamenta la abogada.

Simulación y montajes

Cada vez que los papás de Karla recibieron llamadas anónimas lo reportaron inmediatamente a la Procuraduría estatal. Pero ahí “nos decían que no hiciéramos caso, que eran llamadas de extorsión… nunca investigaban, sólo descartaban la información que les dábamos”, señala la señora Olga Tezmol, mamá de Karla.

“Por eso, cuando nos hablaron (de forma anónima) para decirnos que a Karla la tenían en el Hotel Río, en la calle 14 Oriente, de Puebla, decidimos no decirle a la Procuraduría, sino que fuimos directamente a ese lugar y cuando llegué fue horrible ver lo que había ahí: decenas y decenas de muchachitas y adolescentes, niñas de 16, de 15, y más pequeñas, siendo prostituidas en la calle, a la vista de todos; y en las esquinas gente vigilándolas.

Unos familiares se hicieron pasar por hombres que buscaban un servicio sexual y se acercaron a unas muchachas, ellas les dijeron dos cosas: que no podían salirse de la 14 Oriente, que no lo tenían permitido, y que tampoco podían en ese momento dar servicio en su hotel (el Río), porque estaban esperando que llegara un operativo.”

Efectivamente, destaca la abogada Miriam Pascual, ese día, 2 de febrero, a través de un oficio formal, la Procuraduría de Tlaxcala había solicitado a su homóloga de Puebla que realizara una inspección en el Hotel Río, en busca de Karla, pero queda algo sin aclarar: ¿cómo hicieron las autoridades de Tlaxcala para determinar que Karla estaba en el hotel Río?

Esta inconsistencia la expone con mayor claridad la mamá de Karla: “Cuando las prostitutas le dijeron a mis familiares que estaban esperando un operativo en el hotel Río, decidimos retirarnos, estabamos muy confundidos. Se nos hacía muy raro todo, porque ¿cómo que iba a haber operativo, si no habíamos dicho a nadie sobre la llamada que habíamos recibido? O sea, la Procuraduría de Tlaxcala estaba respondiendo ante una información que todavía no les proporcionábamos… Y lo peor es que estaba respondiendo pero sólo de forma simulada, porque antes de realizar el operativo se les avisó a las mafias que explotan a las muchachitas, para que tomaran sus previsiones”.

Por parte de las autoridades tlaxcaltecas la búsqueda de Karla sólo ha sido “simulada”, destaca la abogada Miriam Pascual, y pone un ejemplo: “A finales de febrero tuvimos una reunión con la exprocuradora estatal, Alicia Fragoso, en donde nos notificó que habían realizado un rastreo con 100 elementos en barrancas del estado. Pero, si no hay una carpeta de investigación, tampoco hay líneas de investigación, y sin éstas: ¿cómo determinas en qué lugar buscar? Salir a buscar así, a ciegas, eligiendo al azar los puntos de rastreo, es sólo simular que buscas”.

Culpar a la víctima

En ese mismo encuentro con la exprocuradora tlaxcalteca, destaca Miriam Pascual, el director de Servicios Periciales, Nahu Juárez Meza, “nos notificó que están realizando una ‘necropsia psicológica’ de Karla, y eso nos parece muy negativo, porque este análisis suele usarse en México para responsabilizar a la víctima de los agravios que sufrió. Por ejemplo, en el caso de Digna Ochoa, la necropsia psicológica fue la prueba usada por la Procuraduría del DF, para afirmar que Digna se suicidó. Igualmente, la necropsia psicológica fue la herramienta usada por las autoridades del Estado de México para convertir el feminicidio de Mariana Lima en un suicidio.”

Esta herramienta pericial, señala la abogada, “en México se usa solamente para responsabilizar a la víctima, se usa para decir: ah, es que estaba loca, tenía trastornos, y por esta vía quitarle la calidad de víctima. Y nosotros presumimos que eso es lo que quiere hacer Tlaxcala en el caso de Karla: quieren hacer pasar a la menor como una niña caprichosa, que se fue de casa, y que eso es culpa de los padres”.

A su casa  arribaron tres peritos de la Procuraduría de Tlaxcala, un criminólogo, una psicóloga y una trabajadora social, para formular lo que ellos denominaron “consultas de rutina”.

Las preguntas que formulan los peritos, sin embargo, sorprenden a todos: “¿Karla menstrúa? ¿Karla tiene novio? ¿Karla es muy enojona?”

Es decir, detalla la abogada Miriam Pascual, que a pesar de que hay testimonios y evidencias que señalan a que Karla fue raptada, posiblemente con fines de explotación sexual comercial, la Procuraduría estatal insiste en su hipótesis inicial: que la niña se fue con el novio.

–¿Karla tenía novio? –se pregunta a su mamá.

–No… Karla es una niñita, todavía juega con muñecas, es una niñita de primaria… Pero suponiendo, sin conceder, que así fuera, que Karlita tenía novio y se escapó con él, eso en realidad no cambia nada: Karla es una menor de edad y no aplica ninguna clase de consentimiento.

Si Karla se fue con alguien, esa persona está cometiendo un delito, y Karla está siendo su víctima.

Y si ese fuera el caso, de todas formas, la Procuraduría tiene la obligación de actuar, en vez de permanecer con los brazos cruzados.

Pero, Karla no se fue por su propia voluntad, Karla no se fue con el novio, Karla no huyó… a Karla se la llevaron, y ya transcurrieron dos años y seguimos sin saber nada de ella.

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El INEE: su desaparición

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / ¿Qué pasaría si el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) desapareciera? Fue una interrogante que me formulé desde que integrantes del grupo parlamentario de Morena (con mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores) anunciaron que presentarían una iniciativa con la finalidad de reformar varias fracciones del artículo 3º y 73º de la Constitución Política Mexicana y, de esta manera, desaparecer a dicho Instituto. 

Interrogante cuya respuesta pareciera fácil de responder; sin embargo, considero que los argumentos que deben emanar al respecto, deben estar fincados en el conocimiento de causa, y no en la simpleza que conlleva un asunto meramente demagógico y electorero. Me explico.

Como seguramente ustedes conocen, la reforma educativa propuesta por Peña Nieto y compañía, trajo varias modificaciones a la Constitución Política Mexicana en los artículos 3º y 73º, incluyendo las que se desprendieron de la Ley General de Educación (LGE), de la Ley del Servicio Profesional Docente (LGSPD), y lo concerniente al INEE y su autonomía (para ejercer las funciones que le fueron conferidas conforme a la Ley del INEE). Con ello, se dijo, se impulsaría una calidad educativa que mejoraría en sí, prácticamente, a todo el Sistema Educativo Mexicano (SEM).

Recuerdo muy bien que por el 2012 y 2013, el debate se torno intenso entre investigadores, intelectuales, académicos, profesores y organizaciones civiles; todos sus argumentos, desde luego, emanados desde su conocimiento, ideología e interés político. A veces a favor, otras, en contra, pero lamentablemente no se prestó atención ni se escuchó a un actor que, por más que se diga lo contrario, resultó, resulta y resultará, fundamental en un proyecto de tal envergadura: el maestro.

La idea fue “mejorar la calidad de la educación” y punto. No hubo más, no hubo menos; y para lograr este propósito, se comenzó evaluando al maestro. No está por demás decirlo pero esta decisión, fue el mayor error que se cometió, puesto que como también sabemos (y quiero pensar que en ese entonces los integrantes del INEE también lo supieron), el conjunto de elementos que forman parte del SEM para el logro de dicha “calidad” educativa, son diversos. De ahí que “pensar” o tan sólo imaginar que se daría un paso monumental para alcanzar la meta prometida en cuanto a la calidad educativa se refiere, se convirtió en un sueño guajiro que, hasta el momento en que cierro estas líneas, sigue sin tener forma y sí escaso sentido.

Ahora bien, si de manera concreta usted me preguntara qué es lo que obtuvo con la evaluación docente del 2015 a la fecha, mi respuesta sería concreta: medianamente una “conquista” política por parte de la autoridad educativa. ¿Por qué afirmo esto? Porque a través de la evaluación se sometió al maestro. “Te evalúas o te vas”, prácticamente fue el eslogan que empleó Nuño para “controlar” al magisterio. En consecuencia, evaluación y política, fueron dos elementos clave mediante los cuales se agredió brutalmente al profesorado mexicano. ¿Por qué el discurso político no fue diferente? Sencillamente, había que darle un nombre al malo del cuento y, en este caso, tuvo que ser el maestro. Claro, el Sindicato ya estaba “vendido”.

¿Por qué no se reconoció y evidenció la serie de políticas erradas que los gobiernos panistas y priistas cometieron y, en lugar de ello, se arremetió contra el maestro?, ¿por qué no se reconoció y evidenció el lastre educativo que ha venido dejando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)?, ¿por qué no se reconoció y evidenció el despilfarro de dinero que, desde el gobierno federal, se realizó en nombre de una “supuesta” calidad educativa?, ¿por qué se buscó un culpable, cuyo estado de indefensión, fue notorio al no contar con un Sindicato que defendiera sus derechos laborales?, ¿por qué se fabricó una película cuyo villano tuvo que ser quien se desempeñaba en las aulas, sin las condiciones mínimas necesarias, para el logro de su tarea educativa? La pregunta es por qué y la respuesta también lo es.

Así, ante tales cuestiones: ¿qué hizo el INEE? o, más bien, ¿qué hicieron los integrantes de ese Instituto cuya autonomía ha sido incierta desde su nacimiento? Cierto, a veces, generar propuestas para que la evaluación educativa se realizara conforme a criterios específicos (aunque no muy claros) para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) los aplicara. Podríamos pensar entonces que su trabajo lo realizaron; sin embargo, no sé si usted recuerda, pero la aplicación de exámenes “militarizados” (lo defino así por la participación de las fuerzas de seguridad federales y locales en buena parte de las entidades), donde el estar sentados frente a un monitor para contestar una serie de preguntas que, muchas veces, diferían de lo que el maestro vivía en el aula, no puede ser catalogado, como un trabajo que permitiera valorar el quehacer docente y, por lo tanto, hablar de una mejora educativa y de la tan prometida calidad que, desde hace varios años, se viene anunciando, no es un logro que pudo haber tenido un gobierno o el propio Instituto.

¿Qué pasaría entonces si el INEE desapareciera? a) los integrantes de su Consejo dejarían ese trabajo y, con seguridad, se dedicarían a continuar con sus investigaciones que, dicho sea de paso, muchos hemos leído, analizado y debatido en nuestras clases; b) los maestros no vivirían presa de ese desasosiego que les significa salir sorteados para presentar su examen de desempeño, pero eso sí, realizando su trabajo; c) las autoridades educativas, tal vez, continuarían “simulando” trabajar en pro de esa calidad educativa; d) el SNTE retomaría las prácticas a las que por muchos años estuvo acostumbrado; e) organizaciones civiles, como Mexicanos Primero, continuarían impulsando su propia agenda de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera… ¿Y los niños? Con seguridad padeciendo el lastre que las políticas educativas, esas malas políticas, vienen dejando desde hace muchos pero muchos años.

No, no se trata de desaparecer un Instituto por un asunto político-electorero, la educación va más allá de ello; se trata pues, de darle a cada cual lo que corresponde y hacer lo que a cada uno le corresponde; sin embargo, mientras el SEM en su conjunto no sea atendido como debiera atenderse, ni la evaluación, ni las políticas educativas, ni las autoridades educativas, ni las organizaciones civiles, podrán brindar o exigir una educación, ya no de calidad, sino pertinente a las demandas que el mundo nos plantea a cada instante.

Podemos tener el mejor esquema de evaluación, podemos tener el mejor examen para valorar el desempeño del docente, podemos tener al mejor Instituto de Evaluación, podemos tener al mejor Secretario de Educación, podemos tener al mejor Presidente de México, pero si no atendemos las grandes desigualdades sociales y eliminamos la corrupción que vive en México, todo será en vano, como hasta el momento así ha sido o… ¿acaso Nuño ha sido requerido por el Congreso o por alguna autoridad para que dé cuenta del dinero que utilizó de la SEP para posicionar su imagen?

Con negritas:

Desde que la evaluación se puso en marcha: ¿han ingresado los mejores maestros al SEM?, ¿se han atendido los “beneficios” que traerían consigo las promociones a cargos directivos?, ¿se ha evaluado el desempeño de los maestros?, ¿se está evaluando en México? Si las respuestas fueran afirmativas o negativas, qué y quiénes se han encargados de realizar esos estudios y cuál han sido sus resultados. Caray, curiosamente cuando termino estas líneas, sigo preguntándome: ¿por qué no se ha escuchado al maestro?

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Apuntes… El movimiento del 68 y la p(r)irámide cuarteada   

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385 Grados / Tlaxcala / Claudio Cirio Romero / A cincuenta años, estoy planteando la idea de que se puede, o se recomienda, leer al movimiento estudiantil en México de 1968 a través de una especie de montaje tipo “collage”, para mostrarlo en su complejidad a partir de las diferentes manifestaciones literarias, académicas y artísticas. Como puertas metafóricas de entrada a las múltiples explicaciones que se han dado de ello.  

Y una de las más sencillas para hacerlo, por atractiva en cierto modo es la que se construye desde el arte, como el teatro, la música o la plástica.

En esa búsqueda es que me encuentro con un trabajo del monero Luis Fernando (creador del ya célebre Yoni Latorta) titulado La pirámide cuarteada. Evocaciones del 68 (Resistencia, 2017).

Una novela gráfica autobiográfica, perdonaran la cacofonía, en la que el caricaturista ilustra su experiencia personal, contándonos esos meses en que se consideraba un “adolescente”, puesto que cumpliría 18 años en esas semanas de 1968, y entonces la mayoría de edad, es decir la ciudadanía, por ley, se alcanzaba hasta los 21.

Una delicia de dibujos, evidencia de la maestría del autor, ilustran la mayoría de las poco más de cien páginas, pulcramente impresas. Con una sencilla narración lineal, desde que el adolescente, protagonista y conspicuo diletante, nos cuenta lo que ve desde su cotidianidad de estudiante de dibujo, aquel verano que pensaba sería aburrido; hasta diciembre de aquel año en que queda formalmente disuelto el Consejo Nacional de Huelga y se da el regreso a clases. Con un salto al futuro final en el que el protagonista se pregunta: “«Que veinte años no son nada» dice el bardo uruguayo-francés-argentino. ¿50 sí?”

Ese adolescente cohibido que se esconde en una armadura medieval para que la chica que le gusta no lo vea sudar de nervios, que escucha “Lovely Rita” en el primer aniversario del “Sargento pimienta” de los Beatles y piensa en tener en sus manos “Waithing for the sun” (importado, claro), el disco más reciente de “The doors”; es visitado en sus sueños por Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, para dar cuenta de su divina presencia prehispánica que enjuiciará lo que en las calles del entonces Distrito Federal ocurrirá con la efervescencia estudiantil desatada por la represión, a partir del 22 de julio, por parte de los granaderos.

Así mientras “Tezca” y “Huitzi” lamentan que los rituales en su honor se hayan acabado, no así las “matanzas”, el adolescente se va informando de las protestas por las injusticias que ocurren por todo el mundo, como la Guerra de Vietnam. Así, entre lecturas de libros, revistas y comics, las idas al cine y las pláticas con su abuelo, va enterándose de la represión a politécnicos y universitarios en las calles de su ciudad.

Y en cierto modo entusiasmándose y hasta uniéndose a las respuestas, en forma de marchas multitudinarias y festivas de los estudiantes. Dándose cuenta que los periódicos y noticieros televisivos de la época no informaban lo que ocurría realmente, solapando los abusos de los granaderos y el ejército, claro bajo el mando de Díaz Ordaz. Mientras, los estudiantes respondían con brigadas y formas ingeniosas de hacer llegar su mensaje, por ejemplo elevando globos que al romperse arriba regaban volantes; o poniendo mensajes atados a los perros. Realmente tierno es ver esto último en los dibujos de Luis Fernando.

Cinco páginas de bien logradas imágenes, dan cuenta de la marcha del 27 de agosto que concluye en el Zócalo y la nueva represión. Pero a Luis Fernando le interesa destacar lo armonioso de la protesta con limpios dibujos, llenos de la esperanza que su espíritu juvenil captaba en el cenit del movimiento. Así, cuenta también la llamada Marcha del silencio del 13 de septiembre y menciona la escalada de violencia que llegará al trágico 2 de octubre, sin ilustrar en demasía la incursión del ejército a las escuelas.

Se enterará indignado de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. El tratamiento que le da a la publicación de Quezada en Excélsior, es a mi gusto magistral: Lo humaniza poniéndole manos y pies golpeándose la cabeza y dando vueltas preguntando, “¿Los estudiantes dándole tiros a los soldados? ¡Absurdo!

Todavía recordará que el 12 de octubre se inauguraran las XIX Olimpiadas en CU y el estreno en su casa de la televisión a colores.

Considero que este libro es una buena forma para acercarse al tema para los jóvenes de hoy, sólo me intrigaba, el nombre de la novela, cosa que se despeja en la entrevista que presenta el número de este mes de octubre de la revista El Chamuco, el movimiento le hizo una cuarteadura, dice el monero, a “la pirámide que está encima de ti: el monolito del PRI”. De ahí el juego que me permito en el título de los Apuntes de hoy.

Nota al margen. A propósito del monero Luis Fernando, esta semana que concluye, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Museo del Estanquillo le han entregado el Tercer Reconocimiento de Caricatura “Gabriel Vargas”.

e- mail: ccirior@yahoo.com.mx

twiter: @ccirior

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PRONTO: Entre la ilegalidad y la competencia

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385 Grados / Tlaxcala / Aurora ARENILLAS / Un Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, rechazó la petición de la empresa “Pronto” de obligar, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, a expedir un marco legislativo que regule plataformas digitales como la suya.

Los representantes de la firma demandaban que se corrigiera lo que, a su parecer, es una omisión legislativa. Sin embargo, la justicia federal no les dio la razón. La inquietud de los empresarios se debe a que, ante la falta de una reglamentación a su actividad productiva, buscaron obligar al gobernador y a los diputados locales a que la emitieran, alegando el rezago de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, sin embargo, esta actitud solo evidenció que están conscientes de que trabajan en la ilegalidad.

Ahora, en el ánimo de generar certidumbre entre sus usuarios, los de “Pronto” utilizaron sus redes sociales para difundir que la recién aprobada Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala, ampara sus actividades en su capítulo de Movilidad.

La verdad es que, aún cuando la norma entró en vigor, las autoridades aún deben generar políticas y programas de movilidad, por lo que “Pronto” no puede presumir que “siempre ha estado operando bajo la normatividad legal”.

Es decir, “Pronto” no se ha sujetado a la legislación estatal desde sus inicios, y ahora, recurren a una interpretación parcial de la nueva Ley, cuya materia es el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y los asentamientos humanos, no las comunicaciones y el transporte. Sin embargo, más allá de que siga operando sin una ley que lo avale, la verdadera prueba de “Pronto” será la competencia.

En sus redes sociales, los propios usuarios han manifestado que no hay mucho servicio, que la aplicación registra muchas fallas, y hasta los representantes de “Pronto” aducen que su convenio con Google tiene problemas.

Ante las crecientes quejas, los empresarios dicen que “durante los últimos meses el volumen de viajes ha crecido exponencialmente”, por lo que analizan la migración de servidores y optimización de base de datos, así como aumentar la velocidad en toda la aplicación. De hecho, suspendieron el servicio durante dos días.

En vez de buscar su legal operación, pusieron en marcha una aplicación que no estaba a la altura de las expectativas del usuario. Innecesariamente se enfrascaron en una confrontación con las autoridades.

Tan es así, que la instancia jurisdiccional acreditó que el ejecutivo estatal, por medio de la dirección de Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad, actuó de manera legal en los operativos contra las unidades que prestaban el servicio de taxi a través de la plataforma digital de transporte “Pronto”.

Ojalá que, en la medida en que la legislación se modernice, se de lugar a este tipo de servicios, que sin duda son necesarios, pero que necesitan ser regulados. Sin duda, habrá más empresas interesadas en incursionar en el mercado tlaxcalteca.

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