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Opinión

INEE y CNSPD: de mal en peor

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385 Grados / Abelardo Carro Nava / Tlaxcala / Como bien sabemos, con la “reforma” educativa que puso en marcha el gobierno de Peña Nieto, dos instancias cobraron singular importancia en el medio educativo en México; me refiero, como parece obvio, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD); dos instancias, repito, que cobraron singular importancia dado que la responsabilidad que se les confirió no fue menor: asegurar la calidad de los aprendizajes a través de la evaluación educativa; y para el logro de tal propósito les dotaron de facultades que, bien a bien, no han logrado operar dadas las injerencias de las decisiones políticas que, como veremos más adelante, dificultan y enrarecen el ya de por sí intricado Sistema Educativo Mexicano (SME). Veamos.

Como seguramente usted conoce, en días pasados el Senado de la República eligió a dos nuevos integrantes de la junta de gobierno del INEE. De las ternas propuestas, resultaron seleccionados Patricia Gabriela Vázquez del Mercado y Bernardo Hugo Naranjo Piñera (en substitución de Margarita Zorrilla y Eduardo Backhoff, respectivamente). Dos actores de cuyo perfil no me ocuparé en demasía salvo para mencionar que la primera, fungía como Secretaria de Educación Pública en Puebla y, el segundo, como asesor externo en las Secretarías de Educación de Puebla y Sonora. Y menciono que no me ocuparé en demasía porque, independientemente de su perfil y trayectoria académica, me parece importante destacar el mensaje que el legislativo envío a la sociedad y al magisterio: a) no les interesó en absoluto la educación en México; b) evidenciaron una vez más su desconocimiento sobre los procesos de evaluación (como ha sido desde que aprobaron la mal llamada reforma educativa); c) excluyeron la investigación educativa tan necesaria y fundamental en los procesos de evaluación de los maestros y maestras de nuestro país; d) quizás, el más importante, “aseguraron” la continuidad una forma de evaluación (punitiva) que no evalúa el trabajo que los docentes realizan a diario en sus respectivos centros escolares pero, también, de la inoperancia en la SEP.

Sí, ese es el mensaje que envió el legislativo al magisterio mexicano. Eduardo Backhoff y Margarita Zorrilla, han pasado a ocupar un lugar en la historia donde la misma historia los juzgará. Qué si no pudieron, como académicos, lidiar con el paquete; qué si sus logros son dignos de reconocerse. Desde mi perspectiva, por el momento ese asunto es y será harina de otro costal, porque con la elección hecha por el Senado considero: perdió la investigación educativa, ganó dos aliados la SEP… ¿y el INEE? Ha entrado en una seria encrucijada entre su autonomía y hacer lo que la SEP determine, aunque para efectos prácticos, así ha sido desde el principio. En fin.

Y bueno, ya que estamos hablando del INEE y algunas de las “inconveniencias” que pueden presentarse en un futuro no muy lejano, corresponde hablar un poco sobre la evaluación del desempeño de docentes y técnicos docentes al término del segundo año dado que ésta estuvo, con mucha seguridad, muy presente en los Consejos Técnicos del pasado 27 de abril – y que tuvieron lugar en cada una de las escuelas de la República Mexicana – y en cada uno de los maestros y maestras que ingresaron hace un par de años al SPD, y no es para menos; si no mal recuerdo, el INEE en el mes de octubre del año pasado, a través del Calendario de las Evaluaciones del Servicio Profesional Docente 2018, así lo informó al magisterio, es decir, que serían evaluados.

No obstante esta normatividad y/o reglamento que tan pomposamente fue aprobado por Senadores y Diputados (otra vez la burra al trigo), es importante mencionar que hay una preocupación evidente en los docentes que serán evaluados. Esto, porque precisamente el trabajo que hasta el momento ha hecho el INEE en esta materia ha dejado mucho que desear y bueno, el que ha realizado la CNSPD ni se diga, va de mal en peor y, para muestra un botón: conforme a los lineamientos que estableció la “reforma” educativa (en la LGSPD, Cap. III. Del ingreso al Servicio. Art. 22), se dice que los profesores de recién ingreso: “con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos, competencias… durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda” pero, lamentablemente, en los hechos, en muchas entidades de la República y, para muchos pero muchos maestros, este artículo, esta norma, esta disposición jurídica, ha sido, es y será letra muerta.

¿Qué pasó con la tutoría prometida?, ¿por qué los maestros y maestras no tuvieron ese acompañamiento?, ¿quién asumirá la responsabilidad de tal incumplimiento?, ¿cuál es el argumento que en esta ocasión dará la SEP sobre este asunto?, ¿a dónde se ha ido el presupuesto (si es que ha existido) para que cada docente de nuevo ingreso pudiera contar con un tutor? Vaya, ¿se conoce cuántos tutores existen en el país?, ¿quiénes son éstos, quién les autorizó y/o certificó para esta desempeñar esta acción? En fin, preguntas y más preguntas que, seguramente quedarán en el aire, pero eso sí, cientos de profesores en estos momentos, se encuentran realizando su proyecto de enseñanza para subirlo a la plataforma que, hay que señalarlo, no está operando como debiera.

Estos pues, son dos de los tantos problemas que enfrentan quienes, en los hechos, no han logrado materializar las acciones de tan nombrada calidad educativa en nuestro país, desde luego, con la evaluación educativa de por medio.

Ciertamente, el tema de los recién nombrados integrantes del INEE despierta y anima la polémica porque éste, no ha tenido ni gozado de la autonomía requerida para cumplir con sus funciones. Ha estado, como parece obvio, sujeto a los designios presidencias y legislativos. ¿Por qué si se habla de autonomía en este tipo de organismos no se revisa lo que en su momento pasó con el llamado Instituto Federal Electoral (IFE) cuando José Woldenberg lo presidía?, ¿por qué se ha permitido que la CNSPD siga cometiendo las mismas “barbaridades” que desde un inicio cometió y que en nada apoyan la labor de los maestros y maestras de México?

Sí, urgen respuestas. Urgen instituciones fuertes, sólidas, confiables, legítimas. Urge sacar a la política del tema educativo. Sí, de esa mala política que opera desde Los Pinos.

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Observaciones, oportunidad para las coincidencias

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385 Grados / Tlaxcala / Opinión / Aurora ARENILLAS / Todo parece indicar que las observaciones al presupuesto 2019 serán consideradas con seriedad por parte de los diputados locales.
Contrario a lo que se pudiera pensar que el Ejecutivo estatal haya recurrido a su facultad constitucional de observar el Presupuesto, el Código Financiero y la nueva Ley de Austeridad tuvo como propósito garantizar el adecuado desempeño de los entes y organismos públicos.
Es decir, la confrontación entre poderes por el “estira y afloja” respecto la integración del gasto jamás fue una opción.
Por el contrario, el “veto” -como lo llaman los medios- fue la oportunidad para ampliar el debate sobre la asignación de las partidas presupuestales, y revisar que el ejercicio de atribuciones legales de cada órgano de gobierno se respete en términos de ley.
El Ejecutivo estatal le está apostando a encontrar puntos de coincidencia con el Congreso local para que la Ley de Egresos sea balanceada y responda a las demandas de la ciudadanía.
Lo que está sobre la mesa ahora es la importancia de cumplir con el principio de colaboración entre Poderes y favorecer el uso eficiente del gasto público.
Por ahora, la administración estatal opera con normalidad, pero es indudable que los legisladores locales deben estudiar los planteamientos del Gobernador dentro de plazos razonables, y a la luz del interés general, para dar certeza a los poderes y a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos.
Tan es importante que los trabajadores del Sindicato 7 de Mayo ya anunciaron actos de protesta en contra de la disminución a las partidas de Pensiones Civiles y previsiones salariales de la Oficialía Mayor de Gobierno dentro del decreto presupuestal avalado por el Congreso local, pues existe temor que ello afecte a sus tres mil agremiados.
Sin duda, estas inquietudes están motivadas en la falta de justificación de los recortes autorizados por los integrantes de la actual legislatura, de ahí que el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo debe fructificar en torno a garantizar la atención de las necesidades de los sectores.
Esperemos que los nuevos dictámenes vean corregidas las insuficiencias de los primeros, y de paso anticipen escenarios de innecesaria presión para los poderes, con partidas que permitan al aparato gubernamental cumplir sus metas.
Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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DIPUTADOS ARBITRARIOS Por Aurora Arenillas

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El Ejecutivo estatal presentó al Congreso local observaciones respecto a la nueva Ley de Austeridad, y las reformas, tanto al Código Financiero como al Presupuesto de Egresos 2019, y no es para menos. Sin fundamentos, los diputados locales capitaneados por Morena eliminaron el Fondo de Apoyos para la Educación Básica, que era de 130 millones de pesos, bajaron 25 millones al Fondo de Desastres Naturales, y redujeron 150 millones al Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública, lo que tendrá un impacto negativo en el sector educativo y magisterial, la atención a emergencias y la lucha contra la inseguridad en todo el estado. También disminuyeron 12 millones al fondo para el fortalecimiento del sistema pensionario estatal, y 70 millones más a las previsiones salariales de los trabajadores del Poder Ejecutivo, todo lo cual repercutirá en las prestaciones y derechos de los trabajadores sindicalizados, de confianza y honorarios, y sus familias, sin contar los pensionados y derechohabientes de Pensiones Civiles. En el caso del Poder Judicial, le bajaron casi 50% el presupuesto al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, lo que limitará las funciones de un órgano creado para combatir la corrupción dentro de la administración pública, tal y como lo venía exigiendo Morena dentro de su narrativa. De acuerdo al análisis del gobierno estatal, el decreto de presupuesto no incluye ningún fundamento que justifique el incremento presupuestal del Congreso local -pese a que los diputados de Morena, PT y PES prometieron bajarse el sueldo y ser austeros-, ni la disminución al Presupuesto del Poder Ejecutivo, que ha demostrado eficiencia en su gestión, al mantener la deuda cero, finanzas públicas sanas y ahorros que favorecieron el arranque de obras de gran impacto, como el nuevo Hospital General de Tlaxcala, la ampliación de la carretera Apizaco-Tlaxcala y la remodelación del Estadio Tlahuicole. Además, los legisladores no alinearon el Presupuesto de Egresos a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, y varios artículos transitorios de este decreto imponen reglas que no tienen que ver con el presupuesto mismo, pero invaden competencias de órganos específicos del gobierno estatal. Por ejemplo, crearon cuatro fondos para apoyar al campo, a los cuerpos policiales, a la población discapacitada, y a los deportistas de alto rendimiento; no obstante, la creación de este tipo de instrumentos y su operación son funciones propias del Ejecutivo, así como la expedición de reglas de operación, como las que pretenden emitir para regular el fondo para obras en municipios, del que ya se dice abre la puerta a los “moches” que Morena denunció y dijo que combatiría, y excluye a varias comunas de sus beneficios a falta de criterios claros de distribución de recursos. La atribución del Congreso local, de modificar el presupuesto no implica sustituir la función administrativa del Poder Ejecutivo, que exige la aplicación de diversas leyes que el Congreso no está facultado para ejecutar. Y eso pasa también con el caso del Código Financiero y la Ley de Austeridad, que violentan la autonomía presupuestal de los poderes Ejecutivo y Judicial, y los propios municipios. La voluntad política del Ejecutivo de generar condiciones de diálogo y acuerdo es evidente. Sin embargo, falta ver si los diputados locales están en la misma sintonía y renuncian a motivaciones personales y de grupo para establecer un paquete económico funcional que sirva a los intereses de desarrollo de la entidad. Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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La caída de la “reforma educativa” Peñista

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / Vaya vendaval de sucesos que se han dejado sentir, leer y escuchar, en torno a la iniciativa que el pasado 12 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó con la intención de cancelar la mal llamada reforma educativa que impulsó el “gobierno” peñista. Desde luego, lo que más polémica causó fue la inminente desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y puede que haya razón en ello. Sin embargo, habría que poner atención en varios hechos y no solo en este puesto que, como tal, la caída de esa reforma puede entenderse a partir de lo que a continuación le expongo.

Como sabemos, con el Pacto por México, surgió una serie de “reformas estructurales”, entre ellas, destaco (porque es la que nos ocupa en estos momentos) la que en el sexenio pasado fue conocida como “la mal llamada reforma educativa”.

De su implementación en el año 2013, resultó modificada la ley General de Educación, así como también, las normas que ya regían al INEE quien, en palabras concretas, pasó de ser un instituto que generaba información sobre el quehacer educativo de los maestros y maestras de México, para diseñar y realizar las mediciones que correspondían a los componentes, procesos y resultados del sistema, o bien, a la expedición de los lineamientos a los que se sujetarían las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación, y que muchos maestros llegamos a conocer, por ejemplo, como la evaluación punitiva que definía la permanencia en el servicio docente. Ojo, menciono que este instituto diseñaba y realizaba mediciones y expedía lineamientos para la evaluación, pero en los hechos no aplicaba las evaluaciones, porque este ejercicio le correspondía a una figura que solo figuró para despedir a los maestros; me refiero a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). No obstante, el INEE jamás se pronunció en contra de la aplicación militarizada de la evaluación docente.

Así, no obstante esta serie de modificaciones reglamentarias que, en el papel pintaron un escenario diferente y cuyos resultados impactarían directamente en el escenario educativo, puesto que a través de éstas se lograría al fin la tan anhelada calidad educativa, las cosas no tuvieron un final feliz, al menos para los funcionarios que, en su momento, intentaron posicionar un proyecto que, debo decirlo, nació muerto desde el principio. Y es que recuperar la rectoría de la educación (eje que abanderó el sentimiento reformista de Peña Nieto), dejó de lado los derechos de los trabajadores de la educación, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y, desde luego, lo más importante: la educación que deberían de recibir millones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo y ancho del territorio mexicano. Craso error entonces, fue comenzar con asegurar el control del magisterio a través de las leyes que fueron aprobadas por las Cámaras de representantes.

Como bien sabemos, si la intención era tener un cambio profundo en el medio educativo, éste tuvo que comenzar con los procesos formativos y con una profunda profesionalización de los maestros. Así de simple y así de complejo. ¿Por qué no se inició con ese proceso para después, dar paso a las modificaciones legales que pudieran lograr el propósito que se plantearon en las oficinas y/o instituciones gubernamentales? A ciencia cierta no lo sé, pero lo que sí puedo afirmar con certeza, es que estos individuos, cuya ideología neoliberal y tecnócrata los caracterizó de principio a fin, no vieron más allá de sus propias narices y, mucho menos, escucharon a quienes desde un inicio tuvieron que haber escuchado: a los maestros. ¿El resultado? Considero puede explicarse, a partir del triunfo de López Obrador el 1 de julio.

Una reforma que nació sin escuchar a los maestros. Un INEE que no hizo uso de su autonomía y de las demás facultades que la ley le otorgaba. Una CNSPD que aplicó a rajatabla el mandato legal que la constituyó como tal. Un SNTE que nunca defendió a los maestros. Un modelo educativo que nunca fue prioridad del gobierno y que conocimos al final del sexenio; fueron algunos de los aspectos que propiciaron la caída estrepitosa y brutal del proyecto peñista.

Ahora bien, por lo que respecta a lo que hemos conocido en los medios de comunicación, en cuanto a la iniciativa que el Presidente Obrador ha mandado a la Cámara de Diputados, debo decirlo, ha generado una incertidumbre sensata, porque si bien es cierto que en ésta se ha propuesto la revalorización del trabajo docente, también hay ciertas dudas en cuanto al cómo es que se va a lograr tal propósito. Cierto, se habla de un Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio dirigido por un Consejo Consultivo; de priorizar la formación del profesorado; de la eliminación de la evaluación (punitiva) de permanencia; de la creación de 100 universidades; de “retomar” algo que hace décadas conocimos como Carrera Magisterial; pero, insisto, hasta el momento, no se ha hablado de los cómo se lograrán cada una de estas propuestas.

Es “esperanzador”, hasta cierto punto, el que se haya puesto atención en la formación del profesorado. De hecho, si hablamos de procesos de formación, éste, desde mi perspectiva, es el más importante. ¿Sabe usted cuántos y bajo que programas educativos fueron formados los maestros de México? Si desea un ejemplo sencillo, y que recupero de mi propia experiencia: en una escuela primaria (por ejemplo) de organización completa, llegan a concurrir en un mismo tiempo, docentes con 40, 30, 20, 10, 5 y 1 año de servicio. Ahora bien, si consideramos que todos estos profesores se formaron en escuelas normales, ¿sabe usted bajo qué programas educativos fueron formados? Y, lo que es peor, ¿sabe usted cuál ha sido la capacitación, actualización y profesionalización que han recibido a lo largo de su trayectoria profesional? Caso concreto, en el sexenio anterior, habría que recordar los datos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrojó hace unas semanas, en cuanto al gasto que el propio ex Secretario Nuño empleó para posicionar su imagen y no para capacitar a los maestros.

Conocer las instancias que serán las formadoras (profesionalizantes) de los profesores a partir de la propuesta de Obrador y compañía, es menester básico, pero también, el que se aterricen los conceptos que se derivan de las corrientes pedagógicas y de las teorías educativas existentes. El lastre que en el medio educativo se ha observado en este sentido, es que si bien es cierto que los contenidos, conceptos, corrientes y teorías muchas veces son acordes a lo que se espera abordar en un curso, taller, seminario, etc., quienes se encargan de “bajar” esas cuestiones, no tienen ni la más mínima idea de ello.

Ojalá, y lo digo como un buen deseo, Moctezuma Barragán, haga caso a las propuestas que emanaron de los foros en los que él estuvo presente. La reforma de la reforma que ahora proponen, desde este punto de vista, puede rendir frutos. La pregunta en todo caso sería: ¿lo hará en lo sucesivo?

Con negritas:

Recién se ha dado a conocer el presupuesto de egresos y, hasta el momento, la UNAM, UAM y el IPN, además de las Universidades estatales, no han visto con buenos ojos la reducción presupuestal que a cada una de éstas les han aplicado. Sería bueno que, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), se explicaran dichos recortes y en qué se va a aplicar el recurso. Los argumentos deben ser lo suficientemente sólidos porque, de lo contrario, el actual Secretario estaría ante el primer gran reto de su administración que, dicho sea de paso, tiene un pendiente muy importante, en la designación de un nuevo titular en la oficina de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), ¿se imagina si al movimiento que las universidades están emprendiendo en estos días se les unieran las más de 260 escuelas normales, incluyendo a la Pedagógica Nacional, los Centros de Actualización del Magisterio, entre otras.

Al tiempo.

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