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Opinión…Las escuelas normales: el menosprecio: Escribe Abelardo Carro Nava

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El menosprecio por las escuelas normales ha sido una constante en lo que va de este sexenio. Razones para sostener mi dicho son muchos y muy variados; no obstante, permítanme argumentar algunos que, desde mi perspectiva, son los que destacan a partir de tal aseveración.

Falta de autonomía. Como instituciones de educación superior (IES), a diferencia de las Universidades, por mandato Constitucional, las normales no gozan de una autonomía en el más amplio sentido de la palabra; muy a pesar de que a partir de 1984 estas instituciones forman parte de las IES de nuestro país. ¿Cómo es posible que hoy día se hable de una gobernanza en el subsistema normalista si en los hechos éste depende de la federación con su respectivo “estrangulamiento” en las entidades?, ¿cómo es posible pensar en términos de gobernanza si, para acabar pronto, en 2013 la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó opacidad en el manejo de los recursos destinados a las escuelas normales rurales?, ¿cómo es posible pensar en términos de gobernanza si, para acabar pronto, sobre el destino de los 400 millones de pesos que recibieron esas escuelas normales rurales en el 2015 poco se sabe al respecto?, ¿cómo es posible pensar en términos de gobernanza si, para acabar pronto, la figura de los Consejos de Participación Social en las normales son letra muerta? En fin, sin autonomía en cuanto a recursos, diseño curricular, investigación, difusión y extensión del conocimiento, entre otras cuestiones más que son fundamentales en las IES, las normales, poco o nada pueden hacer al respecto dado que están supeditadas a lo que la autoridad educativa determine, y punto.

Heterogeneidad normalista. Aunado al asunto de la nula autonomía de las escuelas normales, un tema que no es menor, es precisamente el de la heterogeneidad de éstas; y es que como sabemos, la existencia de normales rurales, urbanas, superiores, beneméritas y centenarias, entre otras (incluyendo las privadas o particulares) y las diversas licenciaturas que ofrece cada una de ellas, la situación se complica en demasía. Y digo que se complica, porque su misma heterogeneidad encierra en sí misma desafíos importantes, sobre todo, cuando hablamos de la formación de los futuros profesores que más adelante se insertarán al Sistema Educativo Mexicano (SME). Es claro que las zonas geográficas donde éstas se localizan influyen en esa formación, pero también, lo que ello significa en términos de infraestructura y capacidad académica (solo por citar dos ejemplos). ¿De dónde provienen los estudiantes que cursan sus estudios en una escuela normal?, ¿cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas y económicas que se viven en las comunidades, estados y regiones donde se encuentran estas instituciones?, ¿cuál es la forma de contratación de los profesores normalistas?, ¿cuáles son las actividades que realizan los docentes en sus escuelas?, ¿qué características tiene la formación de los alumnos dado el contexto en el que se encuentran insertos? En este sentido, es menester recuperar lo que el pasado 22 de mayo el Secretario de Educación Pública, Otto Granados, expresó en la XI Reunión Nacional de Autoridades Educación Normal del país, en cuanto a que nadie posee la verdad absoluta en cuanto a cómo se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje, y es cierto. En este sentido cabe recordarles a las autoridades de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) que, con las palabras del Secretario (su jefe), deben considerar en la construcción del plan de estudios que vienen realizando, esa heterogeneidad dados los procesos de formación inciertos como él mismo asegura.

Las normales rurales… ¿punto y aparte? Pocas son las escuelas normales rurales del país. Su historia hemos llegado a conocerla por el desafortunado, lamentable y trágico acontecimiento que sacudió al país entero con relación a los 43 estudiantes desparecidos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Gro. Su olvido, tal y como así ha sido, data de hace muchos años, décadas diría yo. ¿Y qué ha hecho el actual gobierno en este sentido? Por el trágico suceso que refiero, destinar en 2015, 400 millones de pesos para que éstas “atiendan” sus necesidades. Sin embargo, y como parece obvio, la transparencia en el uso y destino de esos recursos duerme el “sueño” de los justos, cuando por obligación tendría que ser todo lo contrario. Es decir, tendría que haber una total transparencia, cosa que hasta el momento en que cierro estas líneas no ha existido. Ahora bien, si nos remontamos un poco a la heterogeneidad de la que he hablado; éstas, las escuelas normales rurales, tienen una misión y particularidad concreta, que ni la misma SEP, y muy probablemente la DGESPE ha reconocido, su formación para cubrir la demanda de maestros y maestras en los sectores más vulnerables del país. Entonces, ¿por qué en la actual propuesta curricular que la DGESPE está construyendo para las licenciaturas en educación preescolar y primaria no consideran un simple dato como el que arroja el tipo de licenciatura que las escuelas normales rurales ofrecen? Pregunta básica pero que no encuentra respuesta porque lo importante es “armonizar” los planes de estudios con los que trajo consigo el nuevo modelo educativo.

Y ya que estamos hablando sobre la armonización del plan de estudios con el modelo educativo que entrará en vigor el próximo año. Deseo compartir un dato que me parece incongruente y por demás aberrante en la construcción del plan de estudios para las normales. En el documento “Aprendizajes Clave para la Educación Integral” (pág. 265), se señala que se requieren profesores especialistas para trabajar la asignatura de inglés. ¿Acaso las escuelas normales formarán especialistas en esa materia?, ¿cuál es la intención de tal propuesta en el plan de estudios para las normales que entrará, según lo dicho, en agosto de este año?, ¿acaso estamos ante la presencia de la implementación de una moda más que de una verdadera “transformación” educativa en términos de lo que la pedagogía y didáctica significa?

Por cierto, si de modas hablamos, llama la atención que en la última reunión en la que participó personal de la DGESPE y profesores de las licenciaturas en educación especial, se haya tocado el tema de cambiar el nombre a la licenciatura en educación especial por el de educación inclusiva. Palabras más, palabras menos; referentes más, referentes menos, la moda, sí, la moda al parecer se impone.

Tiempo al tiempo.

Con negritas:

Un asunto que me parece importante incluir en este apartado, tiene que ver con la investigación educativa y lo que en las normales se realiza. Sin embargo, más por falta de espacio que de ganas, lo dejaré para un posterior momento dado que, desde mi perspectiva, éste es un tema que debe tratarse a profundidad, puesto que tal parece, que mientras en la DGESPE y en los estados se exige que los maestros normalistas hagan investigación, la misma autoridad educativa pulveriza cualquier intento de conformar redes de colaboración entre las escuelas normales.

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Los Consejos Técnicos Escolares: ¿Un desperdicio?

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385 Grados / Tlaxcala / Opinión / Abelardo CARRO NAVA / La cuarta sesión ordinaria de los Consejos Escolares se aproxima y, como sabemos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emite las “Fichas para el Trabajo en CTE”, generalmente, a mediados de mes, para que los colectivos docentes se preparen a fin de intercambiar experiencias y conocimientos en cuanto a los temas que se sugieren en dichas fichas. En esta ocasión, con la pregunta: ¿Cómo garantizamos oportunidades de aprendizajes para TODOS nuestros alumnos? La SEP pretende que, tanto directivos como docentes, reflexionen y tomen decisiones en torno a la necesidad de favorecer y promover la construcción de una educación inclusiva. Entendiendo por ello que, en cada plantel de nuestro país, las prácticas en la escuela y las aulas, favorezcan el respeto a la dignidad humana y la valoración de la diversidad y que, en consecuencia, propicien que todos los niños y jóvenes, especialmente de los sectores sociales en desventaja, desarrollen al máximo sus potencialidades mediante una acción pedagógica diferenciada y el establecimiento de condiciones adecuadas a tal diversidad, lo que implica la eliminación o minimización de todo aquello que constituya una barrera al desarrollo, aprendizaje y a la participación en la comunidad escolar (SEP, 2019).

Para el logro de este propósito (tan extenso), la SEP sugiere 3 actividades: 1) Valoremos la diversidad como riqueza para apoyar el aprendizaje de TODOS los alumnos; 2) Compartamos prácticas educativas para brindar oportunidades de aprendizaje a TODOS los alumnos; 3) Exploración de habilidades básicas como medio para favorecer los aprendizajes (SEP, 2019).

Propósito y actividades que, se enmarcan en algo que ellos denominan “ambiente escolar inclusivo”. Nombre curioso que, me permitirá, adentrarme en un breve análisis de lo que la SEP propone y, desde la visión, de quién lo propone; porque si bien es cierto que la “jerga” educativa se ha ido modificando conforme a las políticas internacionales que así lo determinan, también es cierto, que los propósitos educativos, como el que persigue esta sesión del Consejo Técnico (CT), genera cierta ambigüedad entre quienes, por disposición oficial, tienen que abordarlo en sus respectivos centros de trabajo: los maestros.

Y es que mire usted, hablar de educación inclusiva, es hablar de lo que se abordó en la Conferencia de 1990 (de la UNESCO), efectuada en Jomtien (Thailandia), y en la que se promovió, desde el ámbito de la educación especial, la idea de una educación para TODOS, lo cual en términos sencillos puede significar, la idea de inclusión y, para efectos de estas líneas, educación inclusiva. Al respecto cabe enfatizar, que esa idea surgió desde la educación especial, un campo especializado y de vital importancia en cualquier Sistema Educativo y que, en los últimos años, en México, se ha relegado a un segundo plano (más por una mera moda que por un verdadero principio educativo) al implementar, tanto en educación básica como educación normal: la educación inclusiva. En fin.

Dicho esto, es menester recordar que, en 1994, bajo los auspicios de la UNESCO, en la Conferencia de Salamanca (sobre necesidades educativas especiales) se consolidó la educación inclusiva y se consideró, como un principio y una política educativa a la que un total de 88 países y 25 organizaciones internacionales, se sumaron asumiendo la idea de promover sistemas educativos con una orientación inclusiva.

Orientación inclusiva que, insisto, parte de una educación especial pero que, en los hechos, ni se ha entendido la primera, ni se ha comprendido la segunda, puesto que la SEP como tal, no ha brindado una adecuada y certera capacitación, actualización o profesionalización al magisterio o, si lo ha hecho, ha sido malhecho.

¿No acaso la educación inclusiva está considerada a partir de un mandato constitucional?, ¿no acaso la orientación inclusiva significa un proceso que se da a lo largo de toda la vida? Consecuentemente, ¿por qué si uno de los requisitos que la misma educación inclusiva reconoce como fundamentales para el logro del propósito que persigue, y que tienen que ver con que los profesionales que interactúan con niños y jóvenes tengan una formación adecuada, pertinente y relevante sobre este tema, en México no se ha hecho?, ¿por qué un tema de gran relevancia, se sugiere abordar en los CT, de una forma tan simplista en algo que la SEP ha denominado “ambientes escolares inclusivos”. La pregunta en todo caso sería, ¿todos tenemos y entendemos la definición de educación inclusiva, ambientes escolares inclusivos, educación especial, Necesidades Educativas Especiales (NEE), exclusión social, integración escolar, entre otros, así como su desarrollo en los centros escolares?

Partir de lo básico parece una idea descabellada, sin embargo, poner en común temas (conceptos) para su comprensión, análisis y asimilación, se antoja harto pertinente cuando, insisto, la SEP no ha hecho su trabajo como debiera haberlo hecho y, el conocimiento que permea sobre este asunto, aunque ha sido adquirido por los muchos maestros por cuenta propia, difícilmente puede lograr una homogeneización, a partir de criterios bien definidos y apegados al conocimiento científico, con la idea de que éste coadyuve a la realización de su propio quehacer docente.

Caray, no debemos olvidar una premisa básica que implica la inclusión, puesto que ésta, tiene el enorme reto de crear convergencias de múltiples iniciativas que emanan de la educación especial, sociología de la educación, antropología cultural, entre otras.

Así pues, simplificar o reducir el tema de la educación inclusiva en uno de los tantos aspectos que son parte de ésta como los “ambientes escolares inclusivos”, desde mi perspectiva, es eso: una visión limitada de lo que la inclusión significa en términos de lo que se espera obtener en las escuelas de educación básica.

El aprendizaje de los alumnos a partir de los contenidos es importante, no lo niego, pero ¿y los demás aspectos?, ¿no influye el contexto, las interacciones, las evaluaciones psicopedagógicas, las NEE, la eliminación de barreras educativas discriminatorias, los modelos de atención establecidos en los centros escolares (quiénes somos, cómo nos conformamos y hacia dónde vamos), la profesionalización docente, etcétera, etcétera, etcétera?

Valdría la pena entonces, revisar las propuestas (actividades) que la SEP propone trabajar en los CT; muchas veces, se proponen temas, pero esas propuestas como lo he dicho, son reducidas y/o limitadas y, si a esto le agregamos que quienes son los responsables de conducir los mismos, en la mayoría de los casos, no tienen ni la menor idea de lo que se tiene que abordar en éstos (porque tampoco fueron capacitados como debiera), esos CT son un verdadero desperdicio.

Con negritas:

Hace unos meses, la malla curricular de la Licenciatura en Educación Especial que se imparte en las escuelas normales del país, se vio modificada (de nombre y contenidos) por una cuyo nombre me genera ciertas dudas: Licenciatura en Inclusión Educativa. Todo ello, con la intención de “armonizar” los planes de estudio de las normales con los que propone el modelo educativo 2017. Valdría la pena revisar si tal propuesta, no fue un asunto tomado a la ligera desde el “oficialismo”, puesto que como sabemos, la inclusión, debe permear de manera transversal, la educación básica y no porque, con alguna ligereza, se considere fundamental dada una propuesta curricular que Nuño nos entregó, muy mal hecha, hace poco más de 2 años.

Al tiempo.

 

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Opinión

Observaciones, oportunidad para las coincidencias

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385 Grados / Tlaxcala / Opinión / Aurora ARENILLAS / Todo parece indicar que las observaciones al presupuesto 2019 serán consideradas con seriedad por parte de los diputados locales.
Contrario a lo que se pudiera pensar que el Ejecutivo estatal haya recurrido a su facultad constitucional de observar el Presupuesto, el Código Financiero y la nueva Ley de Austeridad tuvo como propósito garantizar el adecuado desempeño de los entes y organismos públicos.
Es decir, la confrontación entre poderes por el “estira y afloja” respecto la integración del gasto jamás fue una opción.
Por el contrario, el “veto” -como lo llaman los medios- fue la oportunidad para ampliar el debate sobre la asignación de las partidas presupuestales, y revisar que el ejercicio de atribuciones legales de cada órgano de gobierno se respete en términos de ley.
El Ejecutivo estatal le está apostando a encontrar puntos de coincidencia con el Congreso local para que la Ley de Egresos sea balanceada y responda a las demandas de la ciudadanía.
Lo que está sobre la mesa ahora es la importancia de cumplir con el principio de colaboración entre Poderes y favorecer el uso eficiente del gasto público.
Por ahora, la administración estatal opera con normalidad, pero es indudable que los legisladores locales deben estudiar los planteamientos del Gobernador dentro de plazos razonables, y a la luz del interés general, para dar certeza a los poderes y a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos.
Tan es importante que los trabajadores del Sindicato 7 de Mayo ya anunciaron actos de protesta en contra de la disminución a las partidas de Pensiones Civiles y previsiones salariales de la Oficialía Mayor de Gobierno dentro del decreto presupuestal avalado por el Congreso local, pues existe temor que ello afecte a sus tres mil agremiados.
Sin duda, estas inquietudes están motivadas en la falta de justificación de los recortes autorizados por los integrantes de la actual legislatura, de ahí que el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo debe fructificar en torno a garantizar la atención de las necesidades de los sectores.
Esperemos que los nuevos dictámenes vean corregidas las insuficiencias de los primeros, y de paso anticipen escenarios de innecesaria presión para los poderes, con partidas que permitan al aparato gubernamental cumplir sus metas.
Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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DIPUTADOS ARBITRARIOS Por Aurora Arenillas

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El Ejecutivo estatal presentó al Congreso local observaciones respecto a la nueva Ley de Austeridad, y las reformas, tanto al Código Financiero como al Presupuesto de Egresos 2019, y no es para menos. Sin fundamentos, los diputados locales capitaneados por Morena eliminaron el Fondo de Apoyos para la Educación Básica, que era de 130 millones de pesos, bajaron 25 millones al Fondo de Desastres Naturales, y redujeron 150 millones al Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública, lo que tendrá un impacto negativo en el sector educativo y magisterial, la atención a emergencias y la lucha contra la inseguridad en todo el estado. También disminuyeron 12 millones al fondo para el fortalecimiento del sistema pensionario estatal, y 70 millones más a las previsiones salariales de los trabajadores del Poder Ejecutivo, todo lo cual repercutirá en las prestaciones y derechos de los trabajadores sindicalizados, de confianza y honorarios, y sus familias, sin contar los pensionados y derechohabientes de Pensiones Civiles. En el caso del Poder Judicial, le bajaron casi 50% el presupuesto al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, lo que limitará las funciones de un órgano creado para combatir la corrupción dentro de la administración pública, tal y como lo venía exigiendo Morena dentro de su narrativa. De acuerdo al análisis del gobierno estatal, el decreto de presupuesto no incluye ningún fundamento que justifique el incremento presupuestal del Congreso local -pese a que los diputados de Morena, PT y PES prometieron bajarse el sueldo y ser austeros-, ni la disminución al Presupuesto del Poder Ejecutivo, que ha demostrado eficiencia en su gestión, al mantener la deuda cero, finanzas públicas sanas y ahorros que favorecieron el arranque de obras de gran impacto, como el nuevo Hospital General de Tlaxcala, la ampliación de la carretera Apizaco-Tlaxcala y la remodelación del Estadio Tlahuicole. Además, los legisladores no alinearon el Presupuesto de Egresos a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, y varios artículos transitorios de este decreto imponen reglas que no tienen que ver con el presupuesto mismo, pero invaden competencias de órganos específicos del gobierno estatal. Por ejemplo, crearon cuatro fondos para apoyar al campo, a los cuerpos policiales, a la población discapacitada, y a los deportistas de alto rendimiento; no obstante, la creación de este tipo de instrumentos y su operación son funciones propias del Ejecutivo, así como la expedición de reglas de operación, como las que pretenden emitir para regular el fondo para obras en municipios, del que ya se dice abre la puerta a los “moches” que Morena denunció y dijo que combatiría, y excluye a varias comunas de sus beneficios a falta de criterios claros de distribución de recursos. La atribución del Congreso local, de modificar el presupuesto no implica sustituir la función administrativa del Poder Ejecutivo, que exige la aplicación de diversas leyes que el Congreso no está facultado para ejecutar. Y eso pasa también con el caso del Código Financiero y la Ley de Austeridad, que violentan la autonomía presupuestal de los poderes Ejecutivo y Judicial, y los propios municipios. La voluntad política del Ejecutivo de generar condiciones de diálogo y acuerdo es evidente. Sin embargo, falta ver si los diputados locales están en la misma sintonía y renuncian a motivaciones personales y de grupo para establecer un paquete económico funcional que sirva a los intereses de desarrollo de la entidad. Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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