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Opinión

Por un normalismo incluyente, firma la petición

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385 Grados / Abelardo Carro Nava / El Sistema Educativo Mexicano no podría comprenderse sin las escuelas normales y la importante función que le fue conferida por el Estado para formar a miles de maestros y maestras que han ocupado, ocupan y ocuparán un lugar en las escuelas de nivel básico, medio superior y superior de dicho Sistema.
Su tránsito ha estado marcado por políticas educativas que, irresponsable e incongruentemente, han impuesto los gobiernos federales a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Basta con referir que, por acuerdo presidencial en 1984, las escuelas normales forman parte de las Instituciones de Educación Superior en el país, pero sin que éstas, gocen de una autonomía que les permita formular planes y programas de estudios, de gestionar recursos, o de organizarse y desarrollarse armónicamente conforme a sus necesidades, contextos y prácticas educativas y docentes tan necesarias en un mundo tan cambiante como el nuestro.
En este sentido el pasado 22 de mayo, el Secretario de Educación Pública, Otto Granados, anunció la Estrategia de Transformación y Fortalecimiento de las Escuelas Normales, en la Ciudad de México; estrategia que trajo consigo reacciones diversas en las escuelas normales y entre docentes normalistas, que los llevó a fijar una postura sobre la implementación del Plan de Estudios 2018: su aplazamiento. Tal es el caso de los profesores de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros o de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana.
Un aplazamiento que cobra sentido si se considera que la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) ha venido elaborando de manera sesgada, los planes de estudio para las Licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Especial y Física; sin que hasta el momento en que se anunció esa Estrategia de Transformación cuente con los planes y las mallas curriculares que habrán de implementarse en próximos meses en las escuelas normales del país. De hecho, los cursos que podrían ser impartidos en un primer semestre, por docentes en esas escuelas normales, tampoco están terminados; motivo por el cual, surgen interrogantes que nos invitan a la reflexión: ¿cuál es la prisa de poner en marcha los planes de estudio sin que estén terminados puesto que, como sabemos, un requisito básico que la misma DEGESPE solicita para que las IES ofrezcan licenciaturas (con sus respectivos planes de estudio) es contar con todos los elementos para su operación?, ¿acaso por ser la DGESPE ésta goza de esa posibilidad y las IES no?, ¿en qué momento se darán a conocer las normas de control escolar que habrán de operar bajo los indicadores que establecen los planes de estudio?, ¿cuándo y quiénes van a capacitar a los maestros normalistas para que implementen un plan de estudios inacabado?, ¿por qué no se ha discutido la pertinencia o no, del incremento de la enseñanza de un segundo idioma (inglés), dada la misión de las escuela normales?, ¿por qué “armonizar” un plan de estudios con la educación básica si los procesos de enseñanza y aprendizaje se viven de diferente forma en ambos niveles?, ¿por qué implementar una estrategia de fortalecimiento si no han sido atendidas ni subsanadas deficiencias de infraestructura, falta de recursos y/o presupuesto, y de capacidad académica en la mayoría de las normales?
La educación es un bien público, y como tal, todos los actores deben participar en la construcción de propuestas que traigan beneficios a la sociedad en su conjunto; sin embargo, en la elaboración de estos documentos, no se han escuchado todas las voces y todos los actores; por ello, me pronuncio por un aplazamiento y convoco a todos esos actores (maestros normalistas, de educación básica, media superior y superior), académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, a que se sumen a esta petición cuya finalidad radica en la construcción de una Estrategia que atienda las demandas y necesidades de las escuelas normales rurales, urbanas, superiores, beneméritas y centenarias y demás que participan en la formación de docentes.
Sí, por una reforma incluyente. Sí, por un aplazamiento al 2019 para construir un plan de estudios (durante el ciclo escolar 2018-2019) acorde a las necesidades de formación en las escuelas normales y de educación básica. Sí, por un normalismo fuerte y vigoroso que se construya a partir de las propuestas de todos los actores. Sí, por un plan de estudios sin imposiciones ni simulaciones. Si estás de acuerdo, firma aquí:
https://www.change.org/p/secretar%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-por-un-normalismo-incluyente?recruiter=793667344&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial

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Opinión

Observaciones, oportunidad para las coincidencias

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385 Grados / Tlaxcala / Opinión / Aurora ARENILLAS / Todo parece indicar que las observaciones al presupuesto 2019 serán consideradas con seriedad por parte de los diputados locales.
Contrario a lo que se pudiera pensar que el Ejecutivo estatal haya recurrido a su facultad constitucional de observar el Presupuesto, el Código Financiero y la nueva Ley de Austeridad tuvo como propósito garantizar el adecuado desempeño de los entes y organismos públicos.
Es decir, la confrontación entre poderes por el “estira y afloja” respecto la integración del gasto jamás fue una opción.
Por el contrario, el “veto” -como lo llaman los medios- fue la oportunidad para ampliar el debate sobre la asignación de las partidas presupuestales, y revisar que el ejercicio de atribuciones legales de cada órgano de gobierno se respete en términos de ley.
El Ejecutivo estatal le está apostando a encontrar puntos de coincidencia con el Congreso local para que la Ley de Egresos sea balanceada y responda a las demandas de la ciudadanía.
Lo que está sobre la mesa ahora es la importancia de cumplir con el principio de colaboración entre Poderes y favorecer el uso eficiente del gasto público.
Por ahora, la administración estatal opera con normalidad, pero es indudable que los legisladores locales deben estudiar los planteamientos del Gobernador dentro de plazos razonables, y a la luz del interés general, para dar certeza a los poderes y a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos.
Tan es importante que los trabajadores del Sindicato 7 de Mayo ya anunciaron actos de protesta en contra de la disminución a las partidas de Pensiones Civiles y previsiones salariales de la Oficialía Mayor de Gobierno dentro del decreto presupuestal avalado por el Congreso local, pues existe temor que ello afecte a sus tres mil agremiados.
Sin duda, estas inquietudes están motivadas en la falta de justificación de los recortes autorizados por los integrantes de la actual legislatura, de ahí que el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo debe fructificar en torno a garantizar la atención de las necesidades de los sectores.
Esperemos que los nuevos dictámenes vean corregidas las insuficiencias de los primeros, y de paso anticipen escenarios de innecesaria presión para los poderes, con partidas que permitan al aparato gubernamental cumplir sus metas.
Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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Opinión

DIPUTADOS ARBITRARIOS Por Aurora Arenillas

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El Ejecutivo estatal presentó al Congreso local observaciones respecto a la nueva Ley de Austeridad, y las reformas, tanto al Código Financiero como al Presupuesto de Egresos 2019, y no es para menos. Sin fundamentos, los diputados locales capitaneados por Morena eliminaron el Fondo de Apoyos para la Educación Básica, que era de 130 millones de pesos, bajaron 25 millones al Fondo de Desastres Naturales, y redujeron 150 millones al Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública, lo que tendrá un impacto negativo en el sector educativo y magisterial, la atención a emergencias y la lucha contra la inseguridad en todo el estado. También disminuyeron 12 millones al fondo para el fortalecimiento del sistema pensionario estatal, y 70 millones más a las previsiones salariales de los trabajadores del Poder Ejecutivo, todo lo cual repercutirá en las prestaciones y derechos de los trabajadores sindicalizados, de confianza y honorarios, y sus familias, sin contar los pensionados y derechohabientes de Pensiones Civiles. En el caso del Poder Judicial, le bajaron casi 50% el presupuesto al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, lo que limitará las funciones de un órgano creado para combatir la corrupción dentro de la administración pública, tal y como lo venía exigiendo Morena dentro de su narrativa. De acuerdo al análisis del gobierno estatal, el decreto de presupuesto no incluye ningún fundamento que justifique el incremento presupuestal del Congreso local -pese a que los diputados de Morena, PT y PES prometieron bajarse el sueldo y ser austeros-, ni la disminución al Presupuesto del Poder Ejecutivo, que ha demostrado eficiencia en su gestión, al mantener la deuda cero, finanzas públicas sanas y ahorros que favorecieron el arranque de obras de gran impacto, como el nuevo Hospital General de Tlaxcala, la ampliación de la carretera Apizaco-Tlaxcala y la remodelación del Estadio Tlahuicole. Además, los legisladores no alinearon el Presupuesto de Egresos a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, y varios artículos transitorios de este decreto imponen reglas que no tienen que ver con el presupuesto mismo, pero invaden competencias de órganos específicos del gobierno estatal. Por ejemplo, crearon cuatro fondos para apoyar al campo, a los cuerpos policiales, a la población discapacitada, y a los deportistas de alto rendimiento; no obstante, la creación de este tipo de instrumentos y su operación son funciones propias del Ejecutivo, así como la expedición de reglas de operación, como las que pretenden emitir para regular el fondo para obras en municipios, del que ya se dice abre la puerta a los “moches” que Morena denunció y dijo que combatiría, y excluye a varias comunas de sus beneficios a falta de criterios claros de distribución de recursos. La atribución del Congreso local, de modificar el presupuesto no implica sustituir la función administrativa del Poder Ejecutivo, que exige la aplicación de diversas leyes que el Congreso no está facultado para ejecutar. Y eso pasa también con el caso del Código Financiero y la Ley de Austeridad, que violentan la autonomía presupuestal de los poderes Ejecutivo y Judicial, y los propios municipios. La voluntad política del Ejecutivo de generar condiciones de diálogo y acuerdo es evidente. Sin embargo, falta ver si los diputados locales están en la misma sintonía y renuncian a motivaciones personales y de grupo para establecer un paquete económico funcional que sirva a los intereses de desarrollo de la entidad. Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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La caída de la “reforma educativa” Peñista

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / Vaya vendaval de sucesos que se han dejado sentir, leer y escuchar, en torno a la iniciativa que el pasado 12 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó con la intención de cancelar la mal llamada reforma educativa que impulsó el “gobierno” peñista. Desde luego, lo que más polémica causó fue la inminente desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y puede que haya razón en ello. Sin embargo, habría que poner atención en varios hechos y no solo en este puesto que, como tal, la caída de esa reforma puede entenderse a partir de lo que a continuación le expongo.

Como sabemos, con el Pacto por México, surgió una serie de “reformas estructurales”, entre ellas, destaco (porque es la que nos ocupa en estos momentos) la que en el sexenio pasado fue conocida como “la mal llamada reforma educativa”.

De su implementación en el año 2013, resultó modificada la ley General de Educación, así como también, las normas que ya regían al INEE quien, en palabras concretas, pasó de ser un instituto que generaba información sobre el quehacer educativo de los maestros y maestras de México, para diseñar y realizar las mediciones que correspondían a los componentes, procesos y resultados del sistema, o bien, a la expedición de los lineamientos a los que se sujetarían las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación, y que muchos maestros llegamos a conocer, por ejemplo, como la evaluación punitiva que definía la permanencia en el servicio docente. Ojo, menciono que este instituto diseñaba y realizaba mediciones y expedía lineamientos para la evaluación, pero en los hechos no aplicaba las evaluaciones, porque este ejercicio le correspondía a una figura que solo figuró para despedir a los maestros; me refiero a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). No obstante, el INEE jamás se pronunció en contra de la aplicación militarizada de la evaluación docente.

Así, no obstante esta serie de modificaciones reglamentarias que, en el papel pintaron un escenario diferente y cuyos resultados impactarían directamente en el escenario educativo, puesto que a través de éstas se lograría al fin la tan anhelada calidad educativa, las cosas no tuvieron un final feliz, al menos para los funcionarios que, en su momento, intentaron posicionar un proyecto que, debo decirlo, nació muerto desde el principio. Y es que recuperar la rectoría de la educación (eje que abanderó el sentimiento reformista de Peña Nieto), dejó de lado los derechos de los trabajadores de la educación, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y, desde luego, lo más importante: la educación que deberían de recibir millones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo y ancho del territorio mexicano. Craso error entonces, fue comenzar con asegurar el control del magisterio a través de las leyes que fueron aprobadas por las Cámaras de representantes.

Como bien sabemos, si la intención era tener un cambio profundo en el medio educativo, éste tuvo que comenzar con los procesos formativos y con una profunda profesionalización de los maestros. Así de simple y así de complejo. ¿Por qué no se inició con ese proceso para después, dar paso a las modificaciones legales que pudieran lograr el propósito que se plantearon en las oficinas y/o instituciones gubernamentales? A ciencia cierta no lo sé, pero lo que sí puedo afirmar con certeza, es que estos individuos, cuya ideología neoliberal y tecnócrata los caracterizó de principio a fin, no vieron más allá de sus propias narices y, mucho menos, escucharon a quienes desde un inicio tuvieron que haber escuchado: a los maestros. ¿El resultado? Considero puede explicarse, a partir del triunfo de López Obrador el 1 de julio.

Una reforma que nació sin escuchar a los maestros. Un INEE que no hizo uso de su autonomía y de las demás facultades que la ley le otorgaba. Una CNSPD que aplicó a rajatabla el mandato legal que la constituyó como tal. Un SNTE que nunca defendió a los maestros. Un modelo educativo que nunca fue prioridad del gobierno y que conocimos al final del sexenio; fueron algunos de los aspectos que propiciaron la caída estrepitosa y brutal del proyecto peñista.

Ahora bien, por lo que respecta a lo que hemos conocido en los medios de comunicación, en cuanto a la iniciativa que el Presidente Obrador ha mandado a la Cámara de Diputados, debo decirlo, ha generado una incertidumbre sensata, porque si bien es cierto que en ésta se ha propuesto la revalorización del trabajo docente, también hay ciertas dudas en cuanto al cómo es que se va a lograr tal propósito. Cierto, se habla de un Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio dirigido por un Consejo Consultivo; de priorizar la formación del profesorado; de la eliminación de la evaluación (punitiva) de permanencia; de la creación de 100 universidades; de “retomar” algo que hace décadas conocimos como Carrera Magisterial; pero, insisto, hasta el momento, no se ha hablado de los cómo se lograrán cada una de estas propuestas.

Es “esperanzador”, hasta cierto punto, el que se haya puesto atención en la formación del profesorado. De hecho, si hablamos de procesos de formación, éste, desde mi perspectiva, es el más importante. ¿Sabe usted cuántos y bajo que programas educativos fueron formados los maestros de México? Si desea un ejemplo sencillo, y que recupero de mi propia experiencia: en una escuela primaria (por ejemplo) de organización completa, llegan a concurrir en un mismo tiempo, docentes con 40, 30, 20, 10, 5 y 1 año de servicio. Ahora bien, si consideramos que todos estos profesores se formaron en escuelas normales, ¿sabe usted bajo qué programas educativos fueron formados? Y, lo que es peor, ¿sabe usted cuál ha sido la capacitación, actualización y profesionalización que han recibido a lo largo de su trayectoria profesional? Caso concreto, en el sexenio anterior, habría que recordar los datos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrojó hace unas semanas, en cuanto al gasto que el propio ex Secretario Nuño empleó para posicionar su imagen y no para capacitar a los maestros.

Conocer las instancias que serán las formadoras (profesionalizantes) de los profesores a partir de la propuesta de Obrador y compañía, es menester básico, pero también, el que se aterricen los conceptos que se derivan de las corrientes pedagógicas y de las teorías educativas existentes. El lastre que en el medio educativo se ha observado en este sentido, es que si bien es cierto que los contenidos, conceptos, corrientes y teorías muchas veces son acordes a lo que se espera abordar en un curso, taller, seminario, etc., quienes se encargan de “bajar” esas cuestiones, no tienen ni la más mínima idea de ello.

Ojalá, y lo digo como un buen deseo, Moctezuma Barragán, haga caso a las propuestas que emanaron de los foros en los que él estuvo presente. La reforma de la reforma que ahora proponen, desde este punto de vista, puede rendir frutos. La pregunta en todo caso sería: ¿lo hará en lo sucesivo?

Con negritas:

Recién se ha dado a conocer el presupuesto de egresos y, hasta el momento, la UNAM, UAM y el IPN, además de las Universidades estatales, no han visto con buenos ojos la reducción presupuestal que a cada una de éstas les han aplicado. Sería bueno que, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), se explicaran dichos recortes y en qué se va a aplicar el recurso. Los argumentos deben ser lo suficientemente sólidos porque, de lo contrario, el actual Secretario estaría ante el primer gran reto de su administración que, dicho sea de paso, tiene un pendiente muy importante, en la designación de un nuevo titular en la oficina de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), ¿se imagina si al movimiento que las universidades están emprendiendo en estos días se les unieran las más de 260 escuelas normales, incluyendo a la Pedagógica Nacional, los Centros de Actualización del Magisterio, entre otras.

Al tiempo.

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