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Opinión

Minerva Hernández, la #LADYSUPUESTOS con Aurora Arenillas

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Nos cuentan que en el equipo de campaña de Minerva Hernández han caído en la desesperación.
La candidata al Senado ha decepcionado dentro y fuera de la coalición “Por México al Frente”, por lo que no ha tenido más remedio que recurrir a la calumnia para hacerse notar en este tramo de la contienda electoral.
Semanas atrás dijo que el Ejecutivo estatal pretendía utilizar gestiones de alcaldes dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 para emprender el nuevo Hospital General que sustituirá al que actualmente opera en la capital. Posteriormente, acusó que el gobierno estatal amenazó a los presidentes municipales con no aprobarles sus cuentas públicas si no apoyaban a los candidatos del PRI.
En ambos señalamientos quedó en entredicho, no solo su supuesta experiencia en temas presupuestales, sino también su reputación, porque hasta ahora ni un edil se ha pronunciado al respecto, sin contar que, en ambos casos, el gobierno no tiene atribuciones en tal sentido.
Ahora, en una entrevista radiofónica, la ex priista, ex perredista y actual neopanista arremetió contra su contrincante Anabel Alvarado, acusando supuesto tráfico de influencias para que uno de sus familiares obtuviera la concesión de uno de los expendios de golosinas en el Zoológico del Altiplano.
La verdad, esa acusación, viniendo de alguien cuyo marido no registra ingresos y cuya declaración patrimonial genera dudas sobre el valor real de sus propiedades, resulta de pena ajena.
Para ser alguien que ha vivido del poder, Minerva está demostrando que le da pavor la derrota.
Hagamos un recuento de su trayectoria.
Como diputada federal del PRD, fue una de las principales promotoras en Tlaxcala de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Pero hoy, no ceja en hablar bien del candidato frentista Ricardo Anaya, que evade transparentar sus escándalos de lavado de dinero.
Cuando llegó por primera vez a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, fue exhibida en medios nacionales por recibir mensualmente 20 mil pesos del gobierno panista de Héctor Ortiz, violando con ello la Constitución que prohíbe a los legisladores percibir dinero de los poderes ejecutivos federal y estatales.
Pese a ello, atacó permanentemente al también ex rector de la UAT, a quien ahora el PAN y el PRD tienen de aliado en el proceso electoral local.
El perredismo tlaxcalteca no le perdonó que, a ocho días de los comicios para elegir gobernador en 2010, como candidata de la coalición Transparencia y Honestidad por Tlaxcala (PRD-PT-Convergencia), anunciara su declinación en favor de Adriana Dávila, de la alianza Por el Progreso de Tlaxcala (PAN-Panal-PAC), pese a que en la campaña criticó duramente los abusos y exceso del panismo estatal y nacional.
Aunque en el pasado se había mostrado como opositora al PRI, en el gobierno federal de Peña Nieto halló cabida como Subprocuradora de Cultura Contributiva y Coordinación Regional de Prodecon.
Tras su salida del PRD, encontró acomodo en el PAN gracias a las simpatías que ganó con el dirigente panista Gustavo Madero, quien la incorporó en la lista plurinominal de diputados federales por la V Circunscripción, a la cual, por cierto, no pertenece Tlaxcala.
Aun así, en busca de regresar al Senado, retomó su promoción disfrazada, convocando a ruedas de prensa en las que hacía señalamientos al gobierno estatal priista y presumía gestiones y logros a favor de Tlaxcala, pese a ser postulada por otra circunscripción electoral.
Ahora, en su lucha desesperada por no dejar el poder, está cayendo muy bajo, al privilegiar el ataque infundado sobre la propuesta razonada.
Es evidente que, a estas alturas, ya se percató que está muy mal posicionada, que la gente la rechaza, y que su única alternativa son los señalamientos mediáticos para atraer reflectores. La prueba está en la guerra sucia que orquestan personas ligadas a su equipo a través de redes sociales.
No deberá sorprender que, en próximos días, #LADYSUPUESTOS atice más a su predecible estrategia, muy vulgar, por cierto, para quien presume haberse movido en las más altas esferas de la política en México.
Comentarios: arenillas87@gmail.com
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Opinión

Los Consejos Técnicos Escolares: ¿Un desperdicio?

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385 Grados / Tlaxcala / Opinión / Abelardo CARRO NAVA / La cuarta sesión ordinaria de los Consejos Escolares se aproxima y, como sabemos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emite las “Fichas para el Trabajo en CTE”, generalmente, a mediados de mes, para que los colectivos docentes se preparen a fin de intercambiar experiencias y conocimientos en cuanto a los temas que se sugieren en dichas fichas. En esta ocasión, con la pregunta: ¿Cómo garantizamos oportunidades de aprendizajes para TODOS nuestros alumnos? La SEP pretende que, tanto directivos como docentes, reflexionen y tomen decisiones en torno a la necesidad de favorecer y promover la construcción de una educación inclusiva. Entendiendo por ello que, en cada plantel de nuestro país, las prácticas en la escuela y las aulas, favorezcan el respeto a la dignidad humana y la valoración de la diversidad y que, en consecuencia, propicien que todos los niños y jóvenes, especialmente de los sectores sociales en desventaja, desarrollen al máximo sus potencialidades mediante una acción pedagógica diferenciada y el establecimiento de condiciones adecuadas a tal diversidad, lo que implica la eliminación o minimización de todo aquello que constituya una barrera al desarrollo, aprendizaje y a la participación en la comunidad escolar (SEP, 2019).

Para el logro de este propósito (tan extenso), la SEP sugiere 3 actividades: 1) Valoremos la diversidad como riqueza para apoyar el aprendizaje de TODOS los alumnos; 2) Compartamos prácticas educativas para brindar oportunidades de aprendizaje a TODOS los alumnos; 3) Exploración de habilidades básicas como medio para favorecer los aprendizajes (SEP, 2019).

Propósito y actividades que, se enmarcan en algo que ellos denominan “ambiente escolar inclusivo”. Nombre curioso que, me permitirá, adentrarme en un breve análisis de lo que la SEP propone y, desde la visión, de quién lo propone; porque si bien es cierto que la “jerga” educativa se ha ido modificando conforme a las políticas internacionales que así lo determinan, también es cierto, que los propósitos educativos, como el que persigue esta sesión del Consejo Técnico (CT), genera cierta ambigüedad entre quienes, por disposición oficial, tienen que abordarlo en sus respectivos centros de trabajo: los maestros.

Y es que mire usted, hablar de educación inclusiva, es hablar de lo que se abordó en la Conferencia de 1990 (de la UNESCO), efectuada en Jomtien (Thailandia), y en la que se promovió, desde el ámbito de la educación especial, la idea de una educación para TODOS, lo cual en términos sencillos puede significar, la idea de inclusión y, para efectos de estas líneas, educación inclusiva. Al respecto cabe enfatizar, que esa idea surgió desde la educación especial, un campo especializado y de vital importancia en cualquier Sistema Educativo y que, en los últimos años, en México, se ha relegado a un segundo plano (más por una mera moda que por un verdadero principio educativo) al implementar, tanto en educación básica como educación normal: la educación inclusiva. En fin.

Dicho esto, es menester recordar que, en 1994, bajo los auspicios de la UNESCO, en la Conferencia de Salamanca (sobre necesidades educativas especiales) se consolidó la educación inclusiva y se consideró, como un principio y una política educativa a la que un total de 88 países y 25 organizaciones internacionales, se sumaron asumiendo la idea de promover sistemas educativos con una orientación inclusiva.

Orientación inclusiva que, insisto, parte de una educación especial pero que, en los hechos, ni se ha entendido la primera, ni se ha comprendido la segunda, puesto que la SEP como tal, no ha brindado una adecuada y certera capacitación, actualización o profesionalización al magisterio o, si lo ha hecho, ha sido malhecho.

¿No acaso la educación inclusiva está considerada a partir de un mandato constitucional?, ¿no acaso la orientación inclusiva significa un proceso que se da a lo largo de toda la vida? Consecuentemente, ¿por qué si uno de los requisitos que la misma educación inclusiva reconoce como fundamentales para el logro del propósito que persigue, y que tienen que ver con que los profesionales que interactúan con niños y jóvenes tengan una formación adecuada, pertinente y relevante sobre este tema, en México no se ha hecho?, ¿por qué un tema de gran relevancia, se sugiere abordar en los CT, de una forma tan simplista en algo que la SEP ha denominado “ambientes escolares inclusivos”. La pregunta en todo caso sería, ¿todos tenemos y entendemos la definición de educación inclusiva, ambientes escolares inclusivos, educación especial, Necesidades Educativas Especiales (NEE), exclusión social, integración escolar, entre otros, así como su desarrollo en los centros escolares?

Partir de lo básico parece una idea descabellada, sin embargo, poner en común temas (conceptos) para su comprensión, análisis y asimilación, se antoja harto pertinente cuando, insisto, la SEP no ha hecho su trabajo como debiera haberlo hecho y, el conocimiento que permea sobre este asunto, aunque ha sido adquirido por los muchos maestros por cuenta propia, difícilmente puede lograr una homogeneización, a partir de criterios bien definidos y apegados al conocimiento científico, con la idea de que éste coadyuve a la realización de su propio quehacer docente.

Caray, no debemos olvidar una premisa básica que implica la inclusión, puesto que ésta, tiene el enorme reto de crear convergencias de múltiples iniciativas que emanan de la educación especial, sociología de la educación, antropología cultural, entre otras.

Así pues, simplificar o reducir el tema de la educación inclusiva en uno de los tantos aspectos que son parte de ésta como los “ambientes escolares inclusivos”, desde mi perspectiva, es eso: una visión limitada de lo que la inclusión significa en términos de lo que se espera obtener en las escuelas de educación básica.

El aprendizaje de los alumnos a partir de los contenidos es importante, no lo niego, pero ¿y los demás aspectos?, ¿no influye el contexto, las interacciones, las evaluaciones psicopedagógicas, las NEE, la eliminación de barreras educativas discriminatorias, los modelos de atención establecidos en los centros escolares (quiénes somos, cómo nos conformamos y hacia dónde vamos), la profesionalización docente, etcétera, etcétera, etcétera?

Valdría la pena entonces, revisar las propuestas (actividades) que la SEP propone trabajar en los CT; muchas veces, se proponen temas, pero esas propuestas como lo he dicho, son reducidas y/o limitadas y, si a esto le agregamos que quienes son los responsables de conducir los mismos, en la mayoría de los casos, no tienen ni la menor idea de lo que se tiene que abordar en éstos (porque tampoco fueron capacitados como debiera), esos CT son un verdadero desperdicio.

Con negritas:

Hace unos meses, la malla curricular de la Licenciatura en Educación Especial que se imparte en las escuelas normales del país, se vio modificada (de nombre y contenidos) por una cuyo nombre me genera ciertas dudas: Licenciatura en Inclusión Educativa. Todo ello, con la intención de “armonizar” los planes de estudio de las normales con los que propone el modelo educativo 2017. Valdría la pena revisar si tal propuesta, no fue un asunto tomado a la ligera desde el “oficialismo”, puesto que como sabemos, la inclusión, debe permear de manera transversal, la educación básica y no porque, con alguna ligereza, se considere fundamental dada una propuesta curricular que Nuño nos entregó, muy mal hecha, hace poco más de 2 años.

Al tiempo.

 

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Observaciones, oportunidad para las coincidencias

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385 Grados / Tlaxcala / Opinión / Aurora ARENILLAS / Todo parece indicar que las observaciones al presupuesto 2019 serán consideradas con seriedad por parte de los diputados locales.
Contrario a lo que se pudiera pensar que el Ejecutivo estatal haya recurrido a su facultad constitucional de observar el Presupuesto, el Código Financiero y la nueva Ley de Austeridad tuvo como propósito garantizar el adecuado desempeño de los entes y organismos públicos.
Es decir, la confrontación entre poderes por el “estira y afloja” respecto la integración del gasto jamás fue una opción.
Por el contrario, el “veto” -como lo llaman los medios- fue la oportunidad para ampliar el debate sobre la asignación de las partidas presupuestales, y revisar que el ejercicio de atribuciones legales de cada órgano de gobierno se respete en términos de ley.
El Ejecutivo estatal le está apostando a encontrar puntos de coincidencia con el Congreso local para que la Ley de Egresos sea balanceada y responda a las demandas de la ciudadanía.
Lo que está sobre la mesa ahora es la importancia de cumplir con el principio de colaboración entre Poderes y favorecer el uso eficiente del gasto público.
Por ahora, la administración estatal opera con normalidad, pero es indudable que los legisladores locales deben estudiar los planteamientos del Gobernador dentro de plazos razonables, y a la luz del interés general, para dar certeza a los poderes y a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos.
Tan es importante que los trabajadores del Sindicato 7 de Mayo ya anunciaron actos de protesta en contra de la disminución a las partidas de Pensiones Civiles y previsiones salariales de la Oficialía Mayor de Gobierno dentro del decreto presupuestal avalado por el Congreso local, pues existe temor que ello afecte a sus tres mil agremiados.
Sin duda, estas inquietudes están motivadas en la falta de justificación de los recortes autorizados por los integrantes de la actual legislatura, de ahí que el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo debe fructificar en torno a garantizar la atención de las necesidades de los sectores.
Esperemos que los nuevos dictámenes vean corregidas las insuficiencias de los primeros, y de paso anticipen escenarios de innecesaria presión para los poderes, con partidas que permitan al aparato gubernamental cumplir sus metas.
Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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DIPUTADOS ARBITRARIOS Por Aurora Arenillas

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El Ejecutivo estatal presentó al Congreso local observaciones respecto a la nueva Ley de Austeridad, y las reformas, tanto al Código Financiero como al Presupuesto de Egresos 2019, y no es para menos. Sin fundamentos, los diputados locales capitaneados por Morena eliminaron el Fondo de Apoyos para la Educación Básica, que era de 130 millones de pesos, bajaron 25 millones al Fondo de Desastres Naturales, y redujeron 150 millones al Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública, lo que tendrá un impacto negativo en el sector educativo y magisterial, la atención a emergencias y la lucha contra la inseguridad en todo el estado. También disminuyeron 12 millones al fondo para el fortalecimiento del sistema pensionario estatal, y 70 millones más a las previsiones salariales de los trabajadores del Poder Ejecutivo, todo lo cual repercutirá en las prestaciones y derechos de los trabajadores sindicalizados, de confianza y honorarios, y sus familias, sin contar los pensionados y derechohabientes de Pensiones Civiles. En el caso del Poder Judicial, le bajaron casi 50% el presupuesto al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, lo que limitará las funciones de un órgano creado para combatir la corrupción dentro de la administración pública, tal y como lo venía exigiendo Morena dentro de su narrativa. De acuerdo al análisis del gobierno estatal, el decreto de presupuesto no incluye ningún fundamento que justifique el incremento presupuestal del Congreso local -pese a que los diputados de Morena, PT y PES prometieron bajarse el sueldo y ser austeros-, ni la disminución al Presupuesto del Poder Ejecutivo, que ha demostrado eficiencia en su gestión, al mantener la deuda cero, finanzas públicas sanas y ahorros que favorecieron el arranque de obras de gran impacto, como el nuevo Hospital General de Tlaxcala, la ampliación de la carretera Apizaco-Tlaxcala y la remodelación del Estadio Tlahuicole. Además, los legisladores no alinearon el Presupuesto de Egresos a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, y varios artículos transitorios de este decreto imponen reglas que no tienen que ver con el presupuesto mismo, pero invaden competencias de órganos específicos del gobierno estatal. Por ejemplo, crearon cuatro fondos para apoyar al campo, a los cuerpos policiales, a la población discapacitada, y a los deportistas de alto rendimiento; no obstante, la creación de este tipo de instrumentos y su operación son funciones propias del Ejecutivo, así como la expedición de reglas de operación, como las que pretenden emitir para regular el fondo para obras en municipios, del que ya se dice abre la puerta a los “moches” que Morena denunció y dijo que combatiría, y excluye a varias comunas de sus beneficios a falta de criterios claros de distribución de recursos. La atribución del Congreso local, de modificar el presupuesto no implica sustituir la función administrativa del Poder Ejecutivo, que exige la aplicación de diversas leyes que el Congreso no está facultado para ejecutar. Y eso pasa también con el caso del Código Financiero y la Ley de Austeridad, que violentan la autonomía presupuestal de los poderes Ejecutivo y Judicial, y los propios municipios. La voluntad política del Ejecutivo de generar condiciones de diálogo y acuerdo es evidente. Sin embargo, falta ver si los diputados locales están en la misma sintonía y renuncian a motivaciones personales y de grupo para establecer un paquete económico funcional que sirva a los intereses de desarrollo de la entidad. Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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