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Opinión

Foros de consulta educativa: ¿qué consultar?

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / Hace unos días, sostuve una amena e interesante conversación con algunos profesores de educación primaria y secundaria. Como parece obvio, el tema que dio para hablar en demasía fue el relacionado con los “Foros de Consulta” que el gobierno encabezado por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, viene realizando en el país con el propósito de lograr un “Acuerdo Nacional Educativo”. Acuerdo que, a decir de muchos colegas, habrá de dar paso a la cancelación de la mal llamada reforma educativa que logró imponer el gobierno de Peña Nieto y compañía.

Así las cosas, llegado el tema de las propuestas, recuerdo que de la nada surgió una pregunta que a más de uno nos dejó pensativos por un momento: si la idea es realizar una serie de foros para recoger un cúmulo de propuestas que nos lleve a lograr un acuerdo educativo que beneficie a todos los mexicanos, ¿tendrían que realizarse dichos foros si necesariamente tiene que mejorarse prácticamente todo el Sistema Educativo Mexicano (SEM) dados los problemas que existen en los diferentes niveles y subsistemas educativos? La respuesta, aunque parece obvia, encontró sentido si volteamos a ver al país, tal y como Peña lo ha dejado en esta materia.

Sí, se hace necesaria la atención de los problemas existentes, y sí, se hace necesaria la realización (aunque a más de uno no nos guste) de los foros que, por arte de magia, lograrán ese Acuerdo Educativo como el que en su momento logró: Salinas en 1992 (Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica), Fox en 2002 (Compromiso Social por la Calidad de la Educación), Caderón en 2008 (Alianza por la Calidad de la Educación), Peña en 2012 (Pacto por México, que incluye sus famosas reformas estructurales, entre ellas, la educativa).

Y es que, mire usted, lejos de lo que el mismo foro o foros puedan representar, éste se hace necesario como un ejercicio democrático que todo gobierno que se diga democrático debe realizar… pero, ¿cuál es su fin educativo? En un instante iré a ello. Obviamente que, al plantear tal interrogante, en absoluto demerito la participación que los interesados puedan realizar en un momento determinado. Como se sabe, en los estados de Chiapas, Puebla, Durango y Nuevo León, ya se realizaron esos foros y, en próximos días, Veracruz, Estado de México y Tabasco, harán lo propio. Sí, en todos ellos han participado cientos de maestros, padres de familia, integrantes de la sociedad civil, entre otros actores, y cuya voz ha sido escuchada y, en su caso leída por quién sabe quién, pero que al final de cuentas, ha participado, y que bueno que sea de esta manera, puesto que esto abre la posibilidad para que el día de mañana, esos mismos actores participantes, exijan el cumplimiento de los acuerdos y/o propuestas que se derivaron de un evento en el que éstos participaron. Bendita democracia.

Ahora bien, por el tema educativo (al que aludía en el párrafo anterior) llama la atención que, en los formatos que se entregan a quienes acuden a este evento, estos solamente le destinen un espacio muy breve al tema del aprendizaje y la formación continua, y sí varias interrogantes al diagnóstico y a algo que no logro entender y que fue denominado “Propuesta de Guelatao”. Y bueno, sobre el perfil del egresado de una escuela pública, sobre la revalorización social del magisterio, y sobre el compromiso que asumiría cualquier ciudadano para la mejora de la educación pública, mejo ni hablamos, son tres rubros que se dejaron abiertos, sin ninguna opción a considerar, salvo la opinión que usted o yo pueda tener al respecto.

¿Es este un instrumento que recoja las problemáticas reales que lleven a formular una propuesta educativa de profundo calado? No, en absoluto. La respuesta es contundente en estos términos: si a usted le preguntaran qué tipo de educación quiere para sus hijos con seguridad la respuesta sería “la mejor”. Si en los formatos que les entregan a los participantes en los foros se cuestiona o solicita que se priorice o valore las necesidades en cuanto a equidad, calidad, fortalecimiento de la educación inicial, de las escuelas multigrado, de las escuelas tiempo completo, de la inclusión y atención de alumnos con discapacidad, que haya más universidades, más becas, etcétera, etcétera, etcétera, la respuesta, aunque parece obvia, lo llevaran a elegir una de las opciones que, tal vez, no represente o signifique su necesidad más apremiante. ¿Y entonces los formatos tienen cierto sesgo? Ya lo creo, aunque el sesgo no es realmente una preocupación que me agobie, lo que me causa cierto conflicto, es saber cómo le van a hacer para atender las necesidades que, por varios sexenios, se han dejado a la deriva y que nos han llevado a ocupar el lugar que conocemos en distintas pruebas nacionales e internacionales, o a las carencias que en varias regiones y entidades se observan con el simple hecho de salir y visitar una escuela del nivel educativo que usted guste.

No, el problema no es qué consultar, el asunto aquí es cómo se atenderán y fijarán esas prioridades. No, el problema no es la democracia, el asunto es cómo se aplica esa democracia.

Ciertamente el gobierno que en próximos meses entrará en funciones, no es del todo responsable del gran problema educativo que priva en México; no obstante, el que se realicen esos foros, sin mucha claridad y transparencia, y mucho menos, con información contundente, genera cierto “sospechosismo” de gobierno cuya bandera es la democracia y la rendición de cuentas.

Ya veremos…

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Opinión

Observaciones, oportunidad para las coincidencias

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385 Grados / Tlaxcala / Opinión / Aurora ARENILLAS / Todo parece indicar que las observaciones al presupuesto 2019 serán consideradas con seriedad por parte de los diputados locales.
Contrario a lo que se pudiera pensar que el Ejecutivo estatal haya recurrido a su facultad constitucional de observar el Presupuesto, el Código Financiero y la nueva Ley de Austeridad tuvo como propósito garantizar el adecuado desempeño de los entes y organismos públicos.
Es decir, la confrontación entre poderes por el “estira y afloja” respecto la integración del gasto jamás fue una opción.
Por el contrario, el “veto” -como lo llaman los medios- fue la oportunidad para ampliar el debate sobre la asignación de las partidas presupuestales, y revisar que el ejercicio de atribuciones legales de cada órgano de gobierno se respete en términos de ley.
El Ejecutivo estatal le está apostando a encontrar puntos de coincidencia con el Congreso local para que la Ley de Egresos sea balanceada y responda a las demandas de la ciudadanía.
Lo que está sobre la mesa ahora es la importancia de cumplir con el principio de colaboración entre Poderes y favorecer el uso eficiente del gasto público.
Por ahora, la administración estatal opera con normalidad, pero es indudable que los legisladores locales deben estudiar los planteamientos del Gobernador dentro de plazos razonables, y a la luz del interés general, para dar certeza a los poderes y a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos.
Tan es importante que los trabajadores del Sindicato 7 de Mayo ya anunciaron actos de protesta en contra de la disminución a las partidas de Pensiones Civiles y previsiones salariales de la Oficialía Mayor de Gobierno dentro del decreto presupuestal avalado por el Congreso local, pues existe temor que ello afecte a sus tres mil agremiados.
Sin duda, estas inquietudes están motivadas en la falta de justificación de los recortes autorizados por los integrantes de la actual legislatura, de ahí que el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo debe fructificar en torno a garantizar la atención de las necesidades de los sectores.
Esperemos que los nuevos dictámenes vean corregidas las insuficiencias de los primeros, y de paso anticipen escenarios de innecesaria presión para los poderes, con partidas que permitan al aparato gubernamental cumplir sus metas.
Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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Opinión

DIPUTADOS ARBITRARIOS Por Aurora Arenillas

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El Ejecutivo estatal presentó al Congreso local observaciones respecto a la nueva Ley de Austeridad, y las reformas, tanto al Código Financiero como al Presupuesto de Egresos 2019, y no es para menos. Sin fundamentos, los diputados locales capitaneados por Morena eliminaron el Fondo de Apoyos para la Educación Básica, que era de 130 millones de pesos, bajaron 25 millones al Fondo de Desastres Naturales, y redujeron 150 millones al Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública, lo que tendrá un impacto negativo en el sector educativo y magisterial, la atención a emergencias y la lucha contra la inseguridad en todo el estado. También disminuyeron 12 millones al fondo para el fortalecimiento del sistema pensionario estatal, y 70 millones más a las previsiones salariales de los trabajadores del Poder Ejecutivo, todo lo cual repercutirá en las prestaciones y derechos de los trabajadores sindicalizados, de confianza y honorarios, y sus familias, sin contar los pensionados y derechohabientes de Pensiones Civiles. En el caso del Poder Judicial, le bajaron casi 50% el presupuesto al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, lo que limitará las funciones de un órgano creado para combatir la corrupción dentro de la administración pública, tal y como lo venía exigiendo Morena dentro de su narrativa. De acuerdo al análisis del gobierno estatal, el decreto de presupuesto no incluye ningún fundamento que justifique el incremento presupuestal del Congreso local -pese a que los diputados de Morena, PT y PES prometieron bajarse el sueldo y ser austeros-, ni la disminución al Presupuesto del Poder Ejecutivo, que ha demostrado eficiencia en su gestión, al mantener la deuda cero, finanzas públicas sanas y ahorros que favorecieron el arranque de obras de gran impacto, como el nuevo Hospital General de Tlaxcala, la ampliación de la carretera Apizaco-Tlaxcala y la remodelación del Estadio Tlahuicole. Además, los legisladores no alinearon el Presupuesto de Egresos a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, y varios artículos transitorios de este decreto imponen reglas que no tienen que ver con el presupuesto mismo, pero invaden competencias de órganos específicos del gobierno estatal. Por ejemplo, crearon cuatro fondos para apoyar al campo, a los cuerpos policiales, a la población discapacitada, y a los deportistas de alto rendimiento; no obstante, la creación de este tipo de instrumentos y su operación son funciones propias del Ejecutivo, así como la expedición de reglas de operación, como las que pretenden emitir para regular el fondo para obras en municipios, del que ya se dice abre la puerta a los “moches” que Morena denunció y dijo que combatiría, y excluye a varias comunas de sus beneficios a falta de criterios claros de distribución de recursos. La atribución del Congreso local, de modificar el presupuesto no implica sustituir la función administrativa del Poder Ejecutivo, que exige la aplicación de diversas leyes que el Congreso no está facultado para ejecutar. Y eso pasa también con el caso del Código Financiero y la Ley de Austeridad, que violentan la autonomía presupuestal de los poderes Ejecutivo y Judicial, y los propios municipios. La voluntad política del Ejecutivo de generar condiciones de diálogo y acuerdo es evidente. Sin embargo, falta ver si los diputados locales están en la misma sintonía y renuncian a motivaciones personales y de grupo para establecer un paquete económico funcional que sirva a los intereses de desarrollo de la entidad. Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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La caída de la “reforma educativa” Peñista

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / Vaya vendaval de sucesos que se han dejado sentir, leer y escuchar, en torno a la iniciativa que el pasado 12 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó con la intención de cancelar la mal llamada reforma educativa que impulsó el “gobierno” peñista. Desde luego, lo que más polémica causó fue la inminente desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y puede que haya razón en ello. Sin embargo, habría que poner atención en varios hechos y no solo en este puesto que, como tal, la caída de esa reforma puede entenderse a partir de lo que a continuación le expongo.

Como sabemos, con el Pacto por México, surgió una serie de “reformas estructurales”, entre ellas, destaco (porque es la que nos ocupa en estos momentos) la que en el sexenio pasado fue conocida como “la mal llamada reforma educativa”.

De su implementación en el año 2013, resultó modificada la ley General de Educación, así como también, las normas que ya regían al INEE quien, en palabras concretas, pasó de ser un instituto que generaba información sobre el quehacer educativo de los maestros y maestras de México, para diseñar y realizar las mediciones que correspondían a los componentes, procesos y resultados del sistema, o bien, a la expedición de los lineamientos a los que se sujetarían las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación, y que muchos maestros llegamos a conocer, por ejemplo, como la evaluación punitiva que definía la permanencia en el servicio docente. Ojo, menciono que este instituto diseñaba y realizaba mediciones y expedía lineamientos para la evaluación, pero en los hechos no aplicaba las evaluaciones, porque este ejercicio le correspondía a una figura que solo figuró para despedir a los maestros; me refiero a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). No obstante, el INEE jamás se pronunció en contra de la aplicación militarizada de la evaluación docente.

Así, no obstante esta serie de modificaciones reglamentarias que, en el papel pintaron un escenario diferente y cuyos resultados impactarían directamente en el escenario educativo, puesto que a través de éstas se lograría al fin la tan anhelada calidad educativa, las cosas no tuvieron un final feliz, al menos para los funcionarios que, en su momento, intentaron posicionar un proyecto que, debo decirlo, nació muerto desde el principio. Y es que recuperar la rectoría de la educación (eje que abanderó el sentimiento reformista de Peña Nieto), dejó de lado los derechos de los trabajadores de la educación, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y, desde luego, lo más importante: la educación que deberían de recibir millones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo y ancho del territorio mexicano. Craso error entonces, fue comenzar con asegurar el control del magisterio a través de las leyes que fueron aprobadas por las Cámaras de representantes.

Como bien sabemos, si la intención era tener un cambio profundo en el medio educativo, éste tuvo que comenzar con los procesos formativos y con una profunda profesionalización de los maestros. Así de simple y así de complejo. ¿Por qué no se inició con ese proceso para después, dar paso a las modificaciones legales que pudieran lograr el propósito que se plantearon en las oficinas y/o instituciones gubernamentales? A ciencia cierta no lo sé, pero lo que sí puedo afirmar con certeza, es que estos individuos, cuya ideología neoliberal y tecnócrata los caracterizó de principio a fin, no vieron más allá de sus propias narices y, mucho menos, escucharon a quienes desde un inicio tuvieron que haber escuchado: a los maestros. ¿El resultado? Considero puede explicarse, a partir del triunfo de López Obrador el 1 de julio.

Una reforma que nació sin escuchar a los maestros. Un INEE que no hizo uso de su autonomía y de las demás facultades que la ley le otorgaba. Una CNSPD que aplicó a rajatabla el mandato legal que la constituyó como tal. Un SNTE que nunca defendió a los maestros. Un modelo educativo que nunca fue prioridad del gobierno y que conocimos al final del sexenio; fueron algunos de los aspectos que propiciaron la caída estrepitosa y brutal del proyecto peñista.

Ahora bien, por lo que respecta a lo que hemos conocido en los medios de comunicación, en cuanto a la iniciativa que el Presidente Obrador ha mandado a la Cámara de Diputados, debo decirlo, ha generado una incertidumbre sensata, porque si bien es cierto que en ésta se ha propuesto la revalorización del trabajo docente, también hay ciertas dudas en cuanto al cómo es que se va a lograr tal propósito. Cierto, se habla de un Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio dirigido por un Consejo Consultivo; de priorizar la formación del profesorado; de la eliminación de la evaluación (punitiva) de permanencia; de la creación de 100 universidades; de “retomar” algo que hace décadas conocimos como Carrera Magisterial; pero, insisto, hasta el momento, no se ha hablado de los cómo se lograrán cada una de estas propuestas.

Es “esperanzador”, hasta cierto punto, el que se haya puesto atención en la formación del profesorado. De hecho, si hablamos de procesos de formación, éste, desde mi perspectiva, es el más importante. ¿Sabe usted cuántos y bajo que programas educativos fueron formados los maestros de México? Si desea un ejemplo sencillo, y que recupero de mi propia experiencia: en una escuela primaria (por ejemplo) de organización completa, llegan a concurrir en un mismo tiempo, docentes con 40, 30, 20, 10, 5 y 1 año de servicio. Ahora bien, si consideramos que todos estos profesores se formaron en escuelas normales, ¿sabe usted bajo qué programas educativos fueron formados? Y, lo que es peor, ¿sabe usted cuál ha sido la capacitación, actualización y profesionalización que han recibido a lo largo de su trayectoria profesional? Caso concreto, en el sexenio anterior, habría que recordar los datos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrojó hace unas semanas, en cuanto al gasto que el propio ex Secretario Nuño empleó para posicionar su imagen y no para capacitar a los maestros.

Conocer las instancias que serán las formadoras (profesionalizantes) de los profesores a partir de la propuesta de Obrador y compañía, es menester básico, pero también, el que se aterricen los conceptos que se derivan de las corrientes pedagógicas y de las teorías educativas existentes. El lastre que en el medio educativo se ha observado en este sentido, es que si bien es cierto que los contenidos, conceptos, corrientes y teorías muchas veces son acordes a lo que se espera abordar en un curso, taller, seminario, etc., quienes se encargan de “bajar” esas cuestiones, no tienen ni la más mínima idea de ello.

Ojalá, y lo digo como un buen deseo, Moctezuma Barragán, haga caso a las propuestas que emanaron de los foros en los que él estuvo presente. La reforma de la reforma que ahora proponen, desde este punto de vista, puede rendir frutos. La pregunta en todo caso sería: ¿lo hará en lo sucesivo?

Con negritas:

Recién se ha dado a conocer el presupuesto de egresos y, hasta el momento, la UNAM, UAM y el IPN, además de las Universidades estatales, no han visto con buenos ojos la reducción presupuestal que a cada una de éstas les han aplicado. Sería bueno que, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), se explicaran dichos recortes y en qué se va a aplicar el recurso. Los argumentos deben ser lo suficientemente sólidos porque, de lo contrario, el actual Secretario estaría ante el primer gran reto de su administración que, dicho sea de paso, tiene un pendiente muy importante, en la designación de un nuevo titular en la oficina de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), ¿se imagina si al movimiento que las universidades están emprendiendo en estos días se les unieran las más de 260 escuelas normales, incluyendo a la Pedagógica Nacional, los Centros de Actualización del Magisterio, entre otras.

Al tiempo.

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