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Opinión 385.. El llanto de las tortugas

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / La imaginación no es suficiente para recrear la serie de eventos de aquel, no tan lejano 26 de septiembre de 2014, cuando en Iguala, Gro., se cometió uno de los mayores crímenes que la historia de México tiene registrada; apenas superado por ese lamentable y trágico evento del 2 de octubre de 1968, cuando estudiantes fueron reprimidos y asesinados por un gobierno tirano, represor y antidemocrático.

Las versiones sobre los hechos ocurridos la tarde, noche y madrugada, en las inmediaciones de ese municipio guerrerense han corrido a raudales. Mucho se ha hablado al respecto; sí, mucho; sin embargo, y pese a ese constante diálogo que sobre este tema ha surgido, hay una verdad absoluta: los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Gro., siguen desaparecidos. ¿Alguien puede refutarla? En absoluto. Su aparición con vida se ha convertido en un anhelo, un sueño, una idea. ¿Posible de lograrla? No tengo certeza en ello. Lo que sí sé, es que lamentablemente vivimos en un país donde la podredumbre gubernamental, ha generado la mayor cantidad de injusticias de las que se tenga conocimiento en los últimos tiempos, y aquí un claro ejemplo.

Increíble es que, prácticamente a 47 meses de aquel fatídico incidente, la justicia mexicana no haya hecho lo propio. De una “verdad histórica” que se cayó con la intervención del Grupo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pasamos al reconocimiento (explícito y estúpido) de un presidente que aseguró, prácticamente a su salida de Palacio Nacional, la confiabilidad de esa inaudita “verdad histórica”.

Desaparición forzada, secuestro o, inclusive, asesinato, son algunos de los términos legales que pueden encajar dados los hechos que conocemos de este doloroso evento. Sin embargo, ¿en verdad importa la clasificación a la que puede ser sujeta la averiguación si, en los hechos, de los jóvenes nada se sabe? Y lo que es peor, ¿acaso importa la clasificación a la que pueda ser sujeta la averiguación si, en los hechos, los encargados de ejercer la justicia, en unos meses, se irán como si nada hubiera pasado porque es más importante un perdón que un olvido?

Curioso país es este y en el que millones y millones de mexicanos vivimos. Y digo que es curioso, porque las leyes sirven para dos cosas: para un carajo y un carajo.

¿En qué momento dejamos de ser sensibles ante las atrocidades que se vienen cometiendo a diario y que nos han llevado a ocupar un lugar nada decoroso ante instancias internacionales al ser clasificado como un país violento y corrupto?, ¿en qué momento dejamos de ser empáticos para sentir el dolor por el que las familias atraviesan puesto que sus hijos o hijas siguen desaparecidos?, ¿en qué momento dejamos de ser humanos para concentrarnos en nuestra individualidad y lo que ésta representa en un mundo complejo y apabullante?

Hace unas semanas, en las redes sociales, circularon las fotografías de los normalistas, compañeros de los que aún siguen desaparecidos, recibiendo su diploma que los acredita como maestros. Las reacciones fueron diversas; no obstante, muy pocos logramos ponernos en el lugar de aquellos, cuya existencia, sigue en duda dadas las versiones del gobierno.

¿Qué pasó la “noche de Iguala”? Cientos de veces me he preguntado porque, efectivamente, no estuve presente en el lugar de los hechos.

He leído varios textos sobre ello, he escrito ya varias ideas sobre tal suceso, y la verdad de las cosas, no logro dimensionar cada uno de los segundos, minutos y horas que vivieron esos jóvenes, cuyo error no fue estar en el lugar equivocado, sino el vivir en una entidad y en un país donde la justicia vale un reverendo bledo.

La crueldad y barbarie a la que fueron sometidos esos estudiantes, y que ha sido documentada y narrada en varios libros y documentales, cuyos testimonios fueron recogidos de quienes vivieron tales vejaciones, créame, desgarra el alma y estruja el corazón hasta el derrame de algunas lágrimas.

Particularmente no me atrevo a juzgar a estos normalistas, ¿quién sería yo para tal infamia? Lo que si tengo claro es que México vive tiempos violentos, crueles e irreconocibles. Los datos ahí están, los hechos a diario los presenciamos, y decenas de jóvenes como éstos, siguen padeciendo el actuar de los malos gobiernos. La sociedad por su parte, ha normalizado estos eventos; es obvio, el trajín de la vida nos ha obligado ya no a vivir, sino a sobrevivir bajo las condiciones que nos impone una clase gobernante tan pobre como insípida, que se ha mantenido en el poder con base en sus mentiras y malsanos deseos.

Si el pensar diferente a lo que piensa el gobierno; si el actuar de tal manera que dichas acciones rompan los esquemas de quien “procuran” el orden y la justicia; si el expresar las ideas con libertad, fuerza y vehemencia son delitos. Caramba, cuántos no seremos culpables por expresar lo que pensamos y sentimos.

Más de una vez se ha dicho que las escuelas normales, especialmente las rurales, deben desaparecer, y no hay razón en ello. Más de una vez se ha dicho que en estas escuelas se forman guerrilleros, paristas o huelguistas, y tampoco hay razón en ello. Más de una vez se ha dicho que el normalismo mexicano está muerto, y créame mi estimado lector, no hay nada peor error que pensar en ello.

El normalismo mexicano, las escuelas normales, las escuelas normales rurales y demás centros de formación docente, están más vivas que nunca. Su fuerza es inquebrantable y, aunque ocasionalmente derramen algunas lágrimas por sus hijos, éstas, no pierden el vigor que las ha caracterizado desde hace muchos años.

Sí, ni perdón ni olvido; y nunca un perdón que solo represente: un eslogan de gobierno. Sí, ni perdón ni olvido porque la ecuación es simple: nos hacen falta 43 y no pararemos hasta encontrarlos.

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Observaciones, oportunidad para las coincidencias

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385 Grados / Tlaxcala / Opinión / Aurora ARENILLAS / Todo parece indicar que las observaciones al presupuesto 2019 serán consideradas con seriedad por parte de los diputados locales.
Contrario a lo que se pudiera pensar que el Ejecutivo estatal haya recurrido a su facultad constitucional de observar el Presupuesto, el Código Financiero y la nueva Ley de Austeridad tuvo como propósito garantizar el adecuado desempeño de los entes y organismos públicos.
Es decir, la confrontación entre poderes por el “estira y afloja” respecto la integración del gasto jamás fue una opción.
Por el contrario, el “veto” -como lo llaman los medios- fue la oportunidad para ampliar el debate sobre la asignación de las partidas presupuestales, y revisar que el ejercicio de atribuciones legales de cada órgano de gobierno se respete en términos de ley.
El Ejecutivo estatal le está apostando a encontrar puntos de coincidencia con el Congreso local para que la Ley de Egresos sea balanceada y responda a las demandas de la ciudadanía.
Lo que está sobre la mesa ahora es la importancia de cumplir con el principio de colaboración entre Poderes y favorecer el uso eficiente del gasto público.
Por ahora, la administración estatal opera con normalidad, pero es indudable que los legisladores locales deben estudiar los planteamientos del Gobernador dentro de plazos razonables, y a la luz del interés general, para dar certeza a los poderes y a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos.
Tan es importante que los trabajadores del Sindicato 7 de Mayo ya anunciaron actos de protesta en contra de la disminución a las partidas de Pensiones Civiles y previsiones salariales de la Oficialía Mayor de Gobierno dentro del decreto presupuestal avalado por el Congreso local, pues existe temor que ello afecte a sus tres mil agremiados.
Sin duda, estas inquietudes están motivadas en la falta de justificación de los recortes autorizados por los integrantes de la actual legislatura, de ahí que el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo debe fructificar en torno a garantizar la atención de las necesidades de los sectores.
Esperemos que los nuevos dictámenes vean corregidas las insuficiencias de los primeros, y de paso anticipen escenarios de innecesaria presión para los poderes, con partidas que permitan al aparato gubernamental cumplir sus metas.
Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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DIPUTADOS ARBITRARIOS Por Aurora Arenillas

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El Ejecutivo estatal presentó al Congreso local observaciones respecto a la nueva Ley de Austeridad, y las reformas, tanto al Código Financiero como al Presupuesto de Egresos 2019, y no es para menos. Sin fundamentos, los diputados locales capitaneados por Morena eliminaron el Fondo de Apoyos para la Educación Básica, que era de 130 millones de pesos, bajaron 25 millones al Fondo de Desastres Naturales, y redujeron 150 millones al Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública, lo que tendrá un impacto negativo en el sector educativo y magisterial, la atención a emergencias y la lucha contra la inseguridad en todo el estado. También disminuyeron 12 millones al fondo para el fortalecimiento del sistema pensionario estatal, y 70 millones más a las previsiones salariales de los trabajadores del Poder Ejecutivo, todo lo cual repercutirá en las prestaciones y derechos de los trabajadores sindicalizados, de confianza y honorarios, y sus familias, sin contar los pensionados y derechohabientes de Pensiones Civiles. En el caso del Poder Judicial, le bajaron casi 50% el presupuesto al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, lo que limitará las funciones de un órgano creado para combatir la corrupción dentro de la administración pública, tal y como lo venía exigiendo Morena dentro de su narrativa. De acuerdo al análisis del gobierno estatal, el decreto de presupuesto no incluye ningún fundamento que justifique el incremento presupuestal del Congreso local -pese a que los diputados de Morena, PT y PES prometieron bajarse el sueldo y ser austeros-, ni la disminución al Presupuesto del Poder Ejecutivo, que ha demostrado eficiencia en su gestión, al mantener la deuda cero, finanzas públicas sanas y ahorros que favorecieron el arranque de obras de gran impacto, como el nuevo Hospital General de Tlaxcala, la ampliación de la carretera Apizaco-Tlaxcala y la remodelación del Estadio Tlahuicole. Además, los legisladores no alinearon el Presupuesto de Egresos a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, y varios artículos transitorios de este decreto imponen reglas que no tienen que ver con el presupuesto mismo, pero invaden competencias de órganos específicos del gobierno estatal. Por ejemplo, crearon cuatro fondos para apoyar al campo, a los cuerpos policiales, a la población discapacitada, y a los deportistas de alto rendimiento; no obstante, la creación de este tipo de instrumentos y su operación son funciones propias del Ejecutivo, así como la expedición de reglas de operación, como las que pretenden emitir para regular el fondo para obras en municipios, del que ya se dice abre la puerta a los “moches” que Morena denunció y dijo que combatiría, y excluye a varias comunas de sus beneficios a falta de criterios claros de distribución de recursos. La atribución del Congreso local, de modificar el presupuesto no implica sustituir la función administrativa del Poder Ejecutivo, que exige la aplicación de diversas leyes que el Congreso no está facultado para ejecutar. Y eso pasa también con el caso del Código Financiero y la Ley de Austeridad, que violentan la autonomía presupuestal de los poderes Ejecutivo y Judicial, y los propios municipios. La voluntad política del Ejecutivo de generar condiciones de diálogo y acuerdo es evidente. Sin embargo, falta ver si los diputados locales están en la misma sintonía y renuncian a motivaciones personales y de grupo para establecer un paquete económico funcional que sirva a los intereses de desarrollo de la entidad. Comentarios: arenillas87@hotmail.com

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La caída de la “reforma educativa” Peñista

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / Vaya vendaval de sucesos que se han dejado sentir, leer y escuchar, en torno a la iniciativa que el pasado 12 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó con la intención de cancelar la mal llamada reforma educativa que impulsó el “gobierno” peñista. Desde luego, lo que más polémica causó fue la inminente desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y puede que haya razón en ello. Sin embargo, habría que poner atención en varios hechos y no solo en este puesto que, como tal, la caída de esa reforma puede entenderse a partir de lo que a continuación le expongo.

Como sabemos, con el Pacto por México, surgió una serie de “reformas estructurales”, entre ellas, destaco (porque es la que nos ocupa en estos momentos) la que en el sexenio pasado fue conocida como “la mal llamada reforma educativa”.

De su implementación en el año 2013, resultó modificada la ley General de Educación, así como también, las normas que ya regían al INEE quien, en palabras concretas, pasó de ser un instituto que generaba información sobre el quehacer educativo de los maestros y maestras de México, para diseñar y realizar las mediciones que correspondían a los componentes, procesos y resultados del sistema, o bien, a la expedición de los lineamientos a los que se sujetarían las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación, y que muchos maestros llegamos a conocer, por ejemplo, como la evaluación punitiva que definía la permanencia en el servicio docente. Ojo, menciono que este instituto diseñaba y realizaba mediciones y expedía lineamientos para la evaluación, pero en los hechos no aplicaba las evaluaciones, porque este ejercicio le correspondía a una figura que solo figuró para despedir a los maestros; me refiero a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). No obstante, el INEE jamás se pronunció en contra de la aplicación militarizada de la evaluación docente.

Así, no obstante esta serie de modificaciones reglamentarias que, en el papel pintaron un escenario diferente y cuyos resultados impactarían directamente en el escenario educativo, puesto que a través de éstas se lograría al fin la tan anhelada calidad educativa, las cosas no tuvieron un final feliz, al menos para los funcionarios que, en su momento, intentaron posicionar un proyecto que, debo decirlo, nació muerto desde el principio. Y es que recuperar la rectoría de la educación (eje que abanderó el sentimiento reformista de Peña Nieto), dejó de lado los derechos de los trabajadores de la educación, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y, desde luego, lo más importante: la educación que deberían de recibir millones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo y ancho del territorio mexicano. Craso error entonces, fue comenzar con asegurar el control del magisterio a través de las leyes que fueron aprobadas por las Cámaras de representantes.

Como bien sabemos, si la intención era tener un cambio profundo en el medio educativo, éste tuvo que comenzar con los procesos formativos y con una profunda profesionalización de los maestros. Así de simple y así de complejo. ¿Por qué no se inició con ese proceso para después, dar paso a las modificaciones legales que pudieran lograr el propósito que se plantearon en las oficinas y/o instituciones gubernamentales? A ciencia cierta no lo sé, pero lo que sí puedo afirmar con certeza, es que estos individuos, cuya ideología neoliberal y tecnócrata los caracterizó de principio a fin, no vieron más allá de sus propias narices y, mucho menos, escucharon a quienes desde un inicio tuvieron que haber escuchado: a los maestros. ¿El resultado? Considero puede explicarse, a partir del triunfo de López Obrador el 1 de julio.

Una reforma que nació sin escuchar a los maestros. Un INEE que no hizo uso de su autonomía y de las demás facultades que la ley le otorgaba. Una CNSPD que aplicó a rajatabla el mandato legal que la constituyó como tal. Un SNTE que nunca defendió a los maestros. Un modelo educativo que nunca fue prioridad del gobierno y que conocimos al final del sexenio; fueron algunos de los aspectos que propiciaron la caída estrepitosa y brutal del proyecto peñista.

Ahora bien, por lo que respecta a lo que hemos conocido en los medios de comunicación, en cuanto a la iniciativa que el Presidente Obrador ha mandado a la Cámara de Diputados, debo decirlo, ha generado una incertidumbre sensata, porque si bien es cierto que en ésta se ha propuesto la revalorización del trabajo docente, también hay ciertas dudas en cuanto al cómo es que se va a lograr tal propósito. Cierto, se habla de un Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio dirigido por un Consejo Consultivo; de priorizar la formación del profesorado; de la eliminación de la evaluación (punitiva) de permanencia; de la creación de 100 universidades; de “retomar” algo que hace décadas conocimos como Carrera Magisterial; pero, insisto, hasta el momento, no se ha hablado de los cómo se lograrán cada una de estas propuestas.

Es “esperanzador”, hasta cierto punto, el que se haya puesto atención en la formación del profesorado. De hecho, si hablamos de procesos de formación, éste, desde mi perspectiva, es el más importante. ¿Sabe usted cuántos y bajo que programas educativos fueron formados los maestros de México? Si desea un ejemplo sencillo, y que recupero de mi propia experiencia: en una escuela primaria (por ejemplo) de organización completa, llegan a concurrir en un mismo tiempo, docentes con 40, 30, 20, 10, 5 y 1 año de servicio. Ahora bien, si consideramos que todos estos profesores se formaron en escuelas normales, ¿sabe usted bajo qué programas educativos fueron formados? Y, lo que es peor, ¿sabe usted cuál ha sido la capacitación, actualización y profesionalización que han recibido a lo largo de su trayectoria profesional? Caso concreto, en el sexenio anterior, habría que recordar los datos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrojó hace unas semanas, en cuanto al gasto que el propio ex Secretario Nuño empleó para posicionar su imagen y no para capacitar a los maestros.

Conocer las instancias que serán las formadoras (profesionalizantes) de los profesores a partir de la propuesta de Obrador y compañía, es menester básico, pero también, el que se aterricen los conceptos que se derivan de las corrientes pedagógicas y de las teorías educativas existentes. El lastre que en el medio educativo se ha observado en este sentido, es que si bien es cierto que los contenidos, conceptos, corrientes y teorías muchas veces son acordes a lo que se espera abordar en un curso, taller, seminario, etc., quienes se encargan de “bajar” esas cuestiones, no tienen ni la más mínima idea de ello.

Ojalá, y lo digo como un buen deseo, Moctezuma Barragán, haga caso a las propuestas que emanaron de los foros en los que él estuvo presente. La reforma de la reforma que ahora proponen, desde este punto de vista, puede rendir frutos. La pregunta en todo caso sería: ¿lo hará en lo sucesivo?

Con negritas:

Recién se ha dado a conocer el presupuesto de egresos y, hasta el momento, la UNAM, UAM y el IPN, además de las Universidades estatales, no han visto con buenos ojos la reducción presupuestal que a cada una de éstas les han aplicado. Sería bueno que, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), se explicaran dichos recortes y en qué se va a aplicar el recurso. Los argumentos deben ser lo suficientemente sólidos porque, de lo contrario, el actual Secretario estaría ante el primer gran reto de su administración que, dicho sea de paso, tiene un pendiente muy importante, en la designación de un nuevo titular en la oficina de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), ¿se imagina si al movimiento que las universidades están emprendiendo en estos días se les unieran las más de 260 escuelas normales, incluyendo a la Pedagógica Nacional, los Centros de Actualización del Magisterio, entre otras.

Al tiempo.

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