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Opinión

El embate al normalismo mexicano: el caso Tlaxcala

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / A partir de 1984, las escuelas normales del país han sufrido serios embates por parte de los gobiernos federales y locales en turno; embates que, indiscutiblemente, han mermado el propósito para el cual fueron creadas: la formación de maestros y maestras de México; y es que como sabemos, el Acuerdo Presidencial que se publicó en ese mismo año y, mediante el cual, se les dio un rango que las ubica como Instituciones de Educación Superior (IES), propició un serio reacomodo que las ha llevado a sufrir y/o padecer, las consecuencias de un neoliberalismo mal encauzado.

Para nadie es desconocido que, como IES, las normales del país, deben desarrollar y fortalecer tres áreas sustantivas que, a decir de la autoridad educativa que ha pisado la Secretaría de Educación Pública (SEP), gira su quehacer profesional: docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura; sin embargo, las condiciones con las que operan (y que no ha sido atendidas como debieran por parte de la autoridad educativa federal y local), poco han favorecido dicho desarrollo y fortalecimiento y, aunque se han “aplicado” una serie de programas como el famoso PROMIN (Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales), mismo que ha sufrido con el paso del tiempo diversas variaciones que han concluido en lo que hoy se conoce como PACTEN (Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales), la verdad de las cosas, es que ese lastre, repito, neoliberal, sigue afectando sus estructuras normativas, organizativas y curriculares, que son fundamentales para lograr que, efectivamente, sean las instituciones educativas que México y la sociedad mexicana requiere.

En este sentido, un asunto que no es menor es que, las normales, por mandato constitucional, no gozan ni han gozado de la autonomía con la que cuentan las universidades; de ahí que pueda entenderse que, por ejemplo, en el ámbito curricular y presupuestal, éstas dependan del Estado a través de (antes del 2005) la Subsecretaría de Educación Básica y Normal (SEByN) y (después de esa fecha) de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), motivo por el cual, hablar de esa autonomía en el subsistema normalista, se asemeja: a una quimera más que a una realidad palpable y plausible entre las escuelas formadoras de docentes.

¿Cuál es el motivo por el que las normales no gozan de esa autonomía si, en los hechos y por el Acuerdo Presidencial que he referido, son IES? La respuesta, aunque sencilla, conlleva varios puntos de análisis que, por obvias razones, no me dará tiempo abordar en este momento; sin embargo, puedo decir que esta falta de autonomía está ligada a la incapacidad gubernamental de ver más allá del propio Estado como “controlador” de todo lo que ocurre en el Sistema Educativo Mexicano (SEM). Por ello es que bien se afirma que la docencia es una profesión de Estado y, cuyo origen, se halla mayormente, en las escuelas normales del país.

Recordar que, en el sexenio Peñista, particularmente, durante la gestión de Aurelio Nuño y compañía, fueron brutalmente menospreciadas estas escuelas cuando éste último afirmó que “cualquiera podía ser maestro”, no es para menos; por el contrario, haber denostado el papel tan importante de las escuelas formadoras de maestros y maestras, fue uno de los tantos errores que los llevo a la ruina política y de la cual, no se han levantado ni se levantarán en los próximos años. Obviamente que dichos funcionarios, durante este tiempo, no estuvieron solos, los Consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), los acompañaron, y vean cuál ha sido el resultado y el destino de éstos. En fin.

Volviendo al tema que me ocupa y preocupa, debo de señalar un problema que lleva más de un mes, aunque en los hechos el conflicto data de más tiempo, que se ha suscitado en el Estado de Tlaxcala y, del cual, tanto el gobierno local y el propio Secretario de Educación Pública del mismo, no han atendido como debieran. Y es que las escuelas formadoras de maestros, desde el mes de enero de este año, entraron en paro de labores (https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/paro-en-normales-por-falta-de-reconocimiento-de-plazas-2960542.html; https://385grados.com.mx/2019/01/siguen-en-paro-normales-en-tlaxcala-advierten-que-recrudeceran-acciones/); esto, por la falta de respuesta a las demandas, justificadas, de los profesores normalistas, entre las que destacan: falta de “conciliación”, ante el FONE, de plazas presupuestales asignadas a profesores con más de 15 años de servicio ininterrumpido; falta de concreción de los procesos de promoción a través de las Comisiones Dictaminadoras y que se derivan de la jubilación de profesores que laboraban en esas escuelas; falta de nombramiento de cuadros directivos en, al menos, dos instituciones formadoras de docentes; falta de apoyo económico (becas) para los estudiantes con posibilidades de acceder a un esquema de movilidad nacional e internacional; presunta asignación de horas/clave a personal que no labora en las escuelas normales de la entidad; falta de un proyecto institucional que encamine a las escuelas normales del Estado para consolidarse como IES (y que ya he referido); entre otras.

Problemas que, como he señalado, tienen ya varios meses e, incluso, años que se han gestado en el sector y que, la autoridad gubernamental y educativa, no ha resuelto cayendo en omisión, opacidad y negligencia en el ejercicio de sus funciones. Esta situación, trae a la mente, el cierre de dos escuelas formadoras de maestros en la entidad hace algunos años: la Escuela Normal de Educación Física “Revolución Mexicana” y el Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de Tlaxcala (CESCET) que formaba maestros en Secundaria con especialidad en Telesecundaria y que, por ser ambas dependientes del Estado y no de la Federación, un gobierno local de extracción priista, puso fin a las funciones que, tan importantes instituciones educativas, desarrollaban para beneficio del sector educativo y social en Tlaxcala y en la región. ¿Será que el actual gobierno, también de extracción priista, pretenda seguir los mismos pasos que su antecesor?, ¿esa es la política del nuevo gobierno encabezado por López Obrador?

¿Por qué, si hay maestros con más de 15 años de servicio ininterrumpido, no fueron “conciliadas” sus plazas ante el FONE?, ¿quién fue el responsable de no reportar el estado que guardan y guardaban esas plazas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)?, ¿por qué no se han nombrado cuadros directivos en, al menos, dos instituciones formadoras de maestros y solo se han asignado, temporalmente, a responsables de las direcciones?, ¿por qué no han procedido los procesos de promoción si, en los hechos, existe un reglamento que legitima y valida dichos procesos al interior de las normales y que la misma DGESPE dio a conocer el año pasado?, ¿por qué no se cuenta con un proyecto que de luz sobre el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad académica y de infraestructura de las escuelas normales?, ¿por qué los estudiantes tienen que pagar sus propios trámites para la obtención de una beca de movilidad nacional e internacional si existen los recursos federales para tal propósito?, ¿por qué no se ha realizado una auditoría al subsistema de educación normal en la entidad que lleve a conocer el estado que guardan los recursos y la aplicación de los mismos?, ¿por qué si el mismo Secretario de Educación ha manifestado que el diálogo debe ser la bandera para resolver los conflictos, éste se ha negado la posibilidad de ello?, ¿por qué si las normales son parte de las IES a nivel nacional, no son tratadas como tales y se ha menospreciado su valor en la formación de docentes?

Preguntas y más preguntas que, con seguridad tienen una respuesta. Por lo pronto, hasta el momento en que cierro estas líneas, el conflicto que inició hace más de un mes persiste, y las normales del Estado se encuentran en paro. La insensibilidad con la que ha actuado el gobierno y los funcionarios de la SEPE-USET ha sido tal, que si en verdad, como ellos afirman, se debería de privilegiar el diálogo y la aplicación de la ley, deberían de estar presentes para llevarlos a cabo y atender las peticiones que, conforme a los derechos laborales que tienen los profesores como trabajadores de la educación, deberían ser otorgados. Su petición o las peticiones de los profesores, no están fuera de la ley; me consta y hay pruebas de ello.

Con negritas:

Por cierto, cuál es o será la sanción administrativa a la que se han hecho acreedores aquellos funcionarios que, en este caso, han sido omisos y negligentes en el cumplimiento de sus funciones. Me gustaría saberlo. Al tiempo.

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Aprende en Casa II: las segundas partes nunca fueron buenas

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / Y es que si en la primera parte de la estrategia Aprende en Casa existieron serias complejidades: ¿qué nos hace pensar que la segunda será buena? Interesante pregunta surgió en mi mente una vez que el Presidente López Obrador, conjuntamente con el Secretario de Educación, Moctezuma Barragán, presentaron la segunda parte de una estrategia que, en su primera parte, poco abonó al logro de ese aprendizaje que se esperaba adquirieran los estudiantes que cursaban alguno de los niveles educativos que conforman el Sistema Educativo Mexicano (SEM) durante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Muchos, me incluyo, llegamos a pensar que, tras 5 largos meses en los que el trabajo docente no se desarrolló de manera presencial en cada una de las escuelas de nuestro país, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular, presentaría una estrategia que priorizara lo que en distintos escenarios se desarrolló, por parte de los maestros y maestras, para que sus alumnos aprendieran en sus hogares; pero no fue así, por el contrario, la propuesta se centró en un acuerdo para que 4 televisoras (Televisa, Tv Azteca, Multimedios Televisión y Grupo Imagen), a partir del 24 de agosto, trasmitieran de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, los 7 días de la semana, los contenidos para que los estudiantes “aprendan” desde sus casas. Aunado a lo anterior, también se dijo que, para la trasmisión de los contenidos educativos en comunidades indígenas, se utilizaría el sistema radiofónico del Estado, a través de canal Once, Ingenio TV, el sistema público de radiodifusión y la red de 36 radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. De ahí que también se aseguró que, se producirían y trasmitirían más de 4 mil 500 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas, y que todas las transmisiones contarían con lengua de señas y que los libros de texto gratuitos se imprimirían en Braille y Macrotipo (Imer Noticias, 3/08/2020).

¿Dónde quedó aquella promesa de campaña en la que afirmó, aquel candidato presidencial por Morena, que nada se haría sin la consulta a los maestros y padres de familia?, ¿por qué, durante estos 5 meses, no se recogieron las experiencias de los maestros y maestras de México?, ¿por qué, durante estos 5 meses, no se recogieron las voces y experiencias de los padres de familia sobre lo que les significó la primera parte de la estrategia?, ¿por qué, durante estos 5 meses, no se les preguntó a los estudiantes sobre las posibles bondades y/o desaciertos de dicha estrategia?, ¿por qué se menosprecio este cúmulo de saberes que representan una riqueza para la evaluación de un programa?

Quienes nos encontramos en el medio educativo sabemos bien que, al término de la ejecución de un proyecto, se tiene que realizar una valoración de lo acontecido. Eso lo tenemos claro porque, en más de una ocasión, nuestros maestros nos lo repitieron, prácticamente, hasta el cansancio. ¿Los objetivos planteados se lograron?, ¿qué factores intervinieron para que éstos pudieran, o no, lograrse?, ¿qué circunstancias se presentaron para que las acciones pudieran, o no, desarrollarse como se habían planeado?, ¿de qué manera los recursos planeados abonaron para que pudiera, o no, lograrse el proyecto?, ¿qué reflexión se puede obtener de todo ello? Éstas, son algunas de las interrogantes que, en algún momento, algunos profesores plantean para que los estudiantes, de cualquier nivel educativo, realicen un ejercicio de valoración y reflexión sobre el desarrollo de una actividad y/o proyecto encomendada por éste. Es más, algunos profesores, siguiendo lo que establece la Investigación-Acción, propician que sus estudiantes realicen un replanteamiento para que, con ello, pongan en marcha el mismo proyecto, pero con acciones que, una vez analizadas y replanteadas, logren el resultado esperado.

Desafortunadamente, en la SEP, la ignorancia pedagógica, didáctica y académica, es un hecho evidente. Esto es así porque, como he dicho, el “relanzamiento” de una estrategia fallida por parte de esta Secretaría, priorizó el pragmatismo y no el conocimiento que produce la experiencia. Y bueno, lo que el profesor, alumnos o padre de familia hicieron, o no, durante la contingencia, fue lo de menos. Es más, no importó. Claro, es obvio, darle autonomía al maestro para que éste ponga en marcha un cúmulo de estrategias para que sus estudiantes se acerquen al aprendizaje requerido, representaría un… ¿acto de rebeldía? Claro, es obvio, los planes y programas educativos tienen que cumplirse porque, de lo contrario, las organizaciones internacionales estarían insatisfechas por las acciones que la misma autonomía otorga. Y, desde luego, todo ese cúmulo de saberes “adquiridos” tienen que evaluarse porque, de lo contrario, los maestros no estarían cumpliendo con su trabajo. Por qué no se entiende que hacer poco es mucho (Carro, 2020).

Creo pues que, desde la presentación de esta propuesta, se ha polarizado y politizado un tema que, desde mi perspectiva, es fundamental para la mejora y bienestar de un país. La división encuentra sentido en aquellas voces que aseguran que, dicha propuesta, es viable porque no había de otra; por su parte, otras voces, aseguran que ésta no abona puesto que, aunque se dijo que el maestro es insustituible, la verdad de las cosas es que la televisión, o la radio, será esa figura que “dictará” los aprendizajes a seguir en tanto la pandemia no ceda terreno. En cualesquiera de los casos, yo me quedo pensando en que los alumnos pasarán un buen rato sentados frente a un televisor o radio, si es que cuenta con éstos; después, tendrán que “conectarse” o “comunicarse” por diversos medios tales como computadora, móvil (si es que cuenta con éstos) o, a través de un plan de actividades escrito y dejado en algún espacio de sus comunidades por su maestro; luego, realizar sus múltiples tareas escolares porque tienen que “aprender” los contenidos de las distintas asignaturas que, de acuerdo a su nivel, corresponda; después, disipar dudas con sus padres o, en algunos casos, con sus profesores, mientras realiza éstas; luego, realizar algunas tareas domésticas propias de su contexto y de su región, o bien, ayudar a sus padres en su comercio o trabajo; ¡ah! pero eso sí, si no tuvieron la oportunidad de ver o escuchar lo que se trasmitió, pueden hacerlo porque los programas ahí estarán, para todos… ¿y el recreo? (Carro, 2020).

Ahora por lo que respecta a los maestros, además de los pobres cursos y consejos técnicos sin sentido, con seguridad trabajarán siguiendo la misma dinámica que sus alumnos, simple y sencillamente, porque así lo mandata su autoridad educativa; trabajo acompañado, desde luego, de sus respectivas evidencias porque, indiscutiblemente, también las solicita su autoridad educativa… ¿Y la autonomía? (Carro, 2019).

Luego entonces, una pregunta que he podido leer cuando la crítica a tal estrategia se hace presente a través de distintos medios de comunicación, ¿y usted qué propone? Me lleva a pensar que tal cuestionamiento busca, por un lado, una respuesta a lo que la misma autoridad no pudo responder o bien, que le otorgue una posible solución a todos los males que han aquejado al Sistema Educativo, aún, antes de la contingencia. Por mi parte, considero que hay cientos de respuestas y que éstas se hallan en cada uno de los profesores que son parte de ese Sistema porque, si bien es cierto que la SEP mandata y/o regula “algo”, también es cierto que el profesor o profesora, además de considerar aquello que se mandata, busca alguna otra estrategia para que sus alumnos aprendan. ¿Esto es autonomía? En sentido estricto sí lo es, pero es una autonomía relativa, oculta, que no se sobrepone a lo establecido porque, al final de cuentas, se cumple con lo que la autoridad mandata y no lo que la generación de aprendizajes requiera.

¿Qué pasó con la radio comunitaria, el perifoneo, los cuadernillos, el periódico, la revista, las historietas, entre otros?, ¿podrían ser parte de otras propuestas?

En este sentido, hay quien afirma que Aprende en Casa II no es una estrategia “nueva”, porque ya se cuenta con un modelo llamado “Telesecundaria”, y en parte es cierto, no obstante, permítanme referir que tal especialidad está dirigida a subsanar el rezago educativo en comunidades rurales e indígenas del país, lo cual me lleva a pensar que el Presidente, y el propio Secretario de Educación, al plantear una segunda parte de una mala película, reconocen que México presenta un rezago educativo, pero también, que la televisión ha sido el medio a través del cual, más del 90 por ciento de la población, se ha “educado” a través de los años.

¡Qué contradicción!

Referencias:

Flores, A. (3/08/2020). El 24 de agosto reinician clases a distancia en alianza con canales de TV. Imer Noticias. Recuperado de: http://noticias.imer.mx/blog/24-de-agosto-reinician-clases-a-distancia/

Carro, A. (28/04/2020). Hacer poco es mucho; pero la SEP no entiende esto. Educación Futura. Recuperado de: http://www.educacionfutura.org/hacer-poco-es-mucho-pero-la-sep-no-entiende-esto/

Carro, A. (12/05/2020). ¿Y el recreo? Educación Futura. Recuperado de: http://www.educacionfutura.org/y-el-recreo/

Carro, A. (4/08/2019), “Zombies en la SEP. Educación Futura. Recuperado de: http://www.educacionfutura.org/zombies-en-la-sep/

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Bendito chasquido

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385 Grados / Adriana Dávila Fernández / Diputada federal / Las Cámaras de Diputados y Senadores tuvieron sus sesiones extraordinarias el pasado 29 de julio, en el marco de un ejercicio de gobierno desastroso -entre otros muchos aspectos- en materia de salud pública, debido al desabasto de medicamentos, equipos y materiales médicos, ya evidentes antes de la emergencia sanitaria por Covid-19. Morena y sus aliados, más los agregados del Revolucionario Institucional, conversos de último momento, aprobaron la modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para dar facultades excesivas a la autoridad federal en la adquisición de suministros sanitarios en el extranjero de forma directa; es decir, sin una licitación internacional de por medio. El Poder Ejecutivo lo decidirá.

En nombre del combate a la corrupción, solo se busca enmascarar las graves omisiones de la administración pública que, con todo y las recetas de decálogos discursivos que no son funcionales para el personal médico y mucho menos para los pacientes que reclaman servicios y medicamentos de calidad, se sigue poniendo en juego la vida de las y los mexicanos.

Si bien hemos escuchado el compromiso presidencial de reactivar la economía, nunca pensamos que se refería a la economía internacional, a pesar de la fallida acción del gobierno para enfrentar la pandemia, que cuenta ya con alrededor de 46 mil defunciones. Con lo recién aprobado, la cadena productiva de la industria nacional de salud del país está en riesgo, sobre todo las aproximadamente 100 mil fuentes de trabajo de personas de este sector.

Llevamos ya un largo tiempo en el que las y los legisladores del presidente siguen en la dinámica de obedecerlo ciegamente: «Bendito chasquido. El presidente ha mandado esto, nosotros los de Morena, los de la coalición, en el Parlamento, estamos dispuestos totalmente para apoyar al presidente…¨, palabras del senador de Morena, Rubén Rocha.

Y esto es resultado del «reclamo fraterno» que la semana pasada hizo el primer mandatario a los coordinadores parlamentarios que no lograron imponer las leyes de su interés. Con esta aprobación, hemos sido testigos del sometimiento del poder legislativo solo por el chasquido del Ejecutivo. Lamentable.

Ante el caos que propiciaron la soberbia, ineptitud e indolencia, nada mejor que culpar al pasado en todo momento y modificar la ley para que entre por la puerta legal la discrecionalidad en la asignación de contratos y la posible reedición de historias engarzadas de corrupción, como «los respiradores de mi hijo», escrita por Manuel Bartlett, o «el tráfico de ligas», trama original de René Bejarano.

Distintas voces del oficialismo legislativo han buscado justificar lo injustificable de su decisión con el argumento de que en el pasado había falta de transparencia. Con lugares comunes en la defensa, resulta que ahora «sí hay claridad en lo que estamos aprobando, no vengan aquí a decir que no lo estamos haciendo, por eso la iniciativa pretende asegurar que las adquisiciones cumplan con los principios constitucionales», según la senadora Malú Micher. Además, se dijo que la medida es un golpe directo contra la corrupción, porque en las administraciones anteriores solo se buscaban negocios jugosos y el lucro con las necesidades de salud. Y como remate, el temerario juicio del «no somos iguales».

Si la queja era que antes no había seguimiento o se simulaba que la normatividad permitía el abuso y el lucro con las medicinas, pues hoy quítese lo que estorba, nada de reglas a seguir, nada de licitaciones internacionales. Viva la opacidad.

Cierto que en verdad no somos iguales. Son cínicos, descarados y deshonestos quienes buscan legalizar la opacidad, el conflicto de interés y las asignaciones directas. Olvidan que las decisiones tomadas por la incapacidad de la autoridad federal son formas corruptas de gobernar.

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Los Educadores en manos de las universidades, ¿y las normales? con Abelardo Carro Nava

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Para pocos es desconocido el menosprecio del que fueron objeto las escuelas normales durante el gobierno peñanietista. La mal llamada reforma educativa de 2013, trajo consigo una serie de ataques y denostaciones hacia el normalismo mexicano como nunca antes se había visto. En este tenor, el sueño de Aurelio Nuño, ex secretario de educación, de desaparecer a estas instituciones formadoras de docentes no se cumplió pues, aunque durante su “administración” fue notoria esta intención, la soberbia no le permitió observar la fortaleza de estas escuelas, pero también, lo que los tiempos electorales traerían consigo en 2018. ¿Torpeza?, ¿miopía?, ¿desconocimiento?, ¿errado asesoramiento? Con seguridad la respuesta a tales cuestionamientos las tendría este ex funcionario, por mi parte, considero que todo este cúmulo de cuestiones, además de los trágicos eventos ya conocidos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Gro., hicieron visible el abandono al que fueron sometidas las normales por mucho tiempo, pero también, una de sus características más importantes dado el encargo social impuesto en México: la formación de maestros.

Con este escenario, en mayo de 2018, fuimos testigos del lanzamiento de una sentida demanda histórica del normalismo mexicano: su fortalecimiento. Y es que, por esas fechas, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en Guelatao, Oax., había presentado los 10 compromisos que, a decir de él, serían la base para impulsar y fortalecer la educación en México; como parece obvio, destacaron en dichos compromisos: la cancelación de la mal llamada reforma educativa (compromiso 6), la entrega de becas mensuales a estudiantes (compromiso 4), y el fortalecimiento a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional (compromiso 5) (El Financiero, 12/05/2018).

Pasado el momento electoral, y una vez que los votos llevaron a la victoria a este político tabasqueño, el pasado 1 de diciembre de 2018, tomó posesión del encargo que los mexicanos le habían conferido. Con tal designación, algunos de esos compromisos anunciados en Guelatao no se hicieron esperar y, después de intensos jaloneos, tanto en la Cámara de Senadores y Diputados, el 9 de mayo de 2019 se aprobó la reforma a los artículos 3º, 31º y 73º constitucionales (Aristegui Noticias, 9/15/2019) publicándose éstos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de ese mismo año.

Por lo respecta a las escuelas normales, y a su tan anunciado fortalecimiento, en el Transitorio Décimo Primero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa (DOF, 15/05/2019) quedó asentado que: “…para dar cumplimiento en el párrafo noveno del artículo 3º., el ejecutivo federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una Estrategia nacional de Mejora de las Escuelas Normal, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento”. Y, para este propósito, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y el entonces Mecanismo de Coordinación Nacional de Autoridades de Educación Normal (MCNAEN), lanzaron en el mes de marzo de 2019, una convocatoria para que la comunidad normalista de todo el país, participara en el Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas. Congreso que fue inaugurado por el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el 16 de mayo de 2019, en el Estado de México (Voces Normalistas, 16/05/2019); esto, como puede usted observar, una vez que las reformas a la reforma educativa de 2013 se habían aprobado.

Al respecto es importante señalar que, dicho Congreso, se desarrolló en 4 etapas, la primera de ellas tuvo lugar en el Estado de México (mayo 2109), la segunda en San Luis Potosí (julio 2019), la tercera en Baja California Sur (agosto 2019) y, la última, en Puebla (octubre de 2019). De los trabajos que realizaron, durante esas etapas, poco más de 250 Delegados Nacionales Normalistas (directivos, profesores y alumnos) provenientes de todos los rincones del país, se obtuvo la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales (SEP, 2019). Para conocer un poco sobre el desarrollo de los trabajos de dichos delegados, le invito leer los artículos de opinión que, en distintas fechas y en diferentes espacios, publiqué en aquellos días: “El normalismo mexicano: entre el olvido y la 4T”, “Los resolutivos de San Luis Potosí para la transformación de las normales”, “El congreso de normales: la esperanza para el normalismo mexicano”, “Presupuesto para las normales: de prioridades a prioridades”, “Crónica de una muerte anunciada: la estrategia para las normales”, “Y dale con las normales”, “La estrategia para las escuelas normales: un réquiem y… ¿su entierro?” (Ver referencias).

Así pues, en el documento denominado Estrategia Nacional para la Mejora de las Escuelas Normales, específicamente, en el eje estratégico 2. “La escuela normal y su planeación hacia el futuro que permitirá impulsar procesos de enseñanza y aprendizaje; además se recuperará la formación inicial y reconocerá a las maestras y maestros como profesionales de la educación”, se estableció que: “La proyección al futuro de las Escuelas Normales requiere fortalecerlas e impulsar un proceso de transformación en función de las demandas actuales y futuras del entorno social (local, nacional y global), impulsando los valores para la convivencia en el marco de la diversidad y de las políticas públicas generadas por la colaboración con organismos internacionales. Su oferta educativa debe responder a las exigencias diferenciadas de formación en el campo de educación: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; especial, inclusión educativa, educación física, artística, indígena e intercultural. Los objetivos de este sistema deberán articularse en un proyecto de país humanista, equitativo y democrático, con sustento en el ejercicio de los derechos humanos, responsabilidades y voluntades que atiendan el desarrollo personal y colectivo, y contribuyan a disminuir los índices de pobreza, discriminación y rezago social con el fin de lograr la excelencia educativa”.

Tal proyección se derivó, repito, de los trabajos que los Delegados Nacionales Normalistas realizaron durante las cuatro etapas referidas y, en las que me consta, se discutieron ampliamente estos temas con el objetivo de proponer una serie de acciones que llevaran a las escuelas normales, a brindar un servicio educativo conforme a las necesidades y demandas que el mundo actual impone día a día; no obstante, lo anterior, tal parece que a quienes se encargan de dirigir los destinos de la educación en nuestro país, me refiero al actual Secretario de Educación, y colaboradores, se les olvidó que: 1. esta Secretaría emitió una convocatoria para el congreso nacional referido en marzo de 2019, 2. que durante las 4 etapas en las que se desarrollaron los trabajos del congreso emanaron importantes acuerdos, producto de intensos debates que los Delegados Nacionales sostuvieron, 3. que esos acuerdos, fueron mayormente plasmados en la estrategia nacional de mejora ya referida, 4. que el fortalecimiento de estas instituciones, si bien es cierto que pasa por la oficina del Secretario, habría que recordarle que fue una promesa de campaña, luego un mandato constitucional y, ahora, una lejana realidad por lo que a continuación brevemente expongo.

El pasado 20 de julio, José Antonio Román, a través del periódico La Jornada, publicó una nota cuyo título dejó frío a más de uno: “Quince universidades públicas darán licenciatura en Educación Inicial” (La Jornada, 20/07/2020). En esta nota se especificó que, un total de 15 universidades públicas del país, impartirían desde el próximo ciclo escolar 2020-2021 la nueva licenciatura en educación inicial, con el objetivo de atender un déficit en la formación de profesionales que enfrenta el país para la atención y cobertura de la primera infancia porque, actualmente, existen más de 14 millones de niños y niñas sujetos a derecho a la educación inicial, de los cuales, el 86 por ciento está fuera de cobertura; asimismo en tal comunicado, cuya base se encuentra en el boletín No. 195 que emitió la SEP ese mismo día, se aseguró que, tanto los rectores de las universidades que impartirían la carrera y el propio Secretario de Educación, revisaron el plan previsto para cursarse entre tres a cinco años (SEP, 2020).

Al respecto me pregunto: ¿y las escuelas normales?, ¿y los acuerdos logrados por los Delegados Nacionales asistentes al congreso nacional para el fortalecimiento y transformación de las escuelas normales públicas?, ¿y la estrategia nacional de mejora de las escuelas normales?, ¿y la proyección planteada en el eje de análisis ya referido? Consecuentemente: ¿de qué manera se pretende fortalecer a las normales si a las universidades se les confiere la formación de educadores para la infancia?… ¿otra vez el menosprecio?

En este sentido, desde luego que es respetable el papel que juegan en estos tiempos las universidades del país dada la formación de profesionales en sus distintas áreas o disciplinas, pero ¿por qué menospreciar la formación de profesionales en educación inicial cuando en el país, al menos en tres estados, ya se oferta la licenciatura en educación inicial por diversas escuelas normales?, ¿no habría otra forma o mecanismo para que las universidades accedieran a mayores recursos por parte de la federación?, ¿por qué no trabajar para aperturar esta licenciatura en las escuelas normales de México?

Lo anterior sin olvidar que, en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros se establece, en su artículo 40 párrafo segundo, que: “…los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de los Centros de Actualización del Magisterio, tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo”. Entonces, ¿qué pasará con los egresados de estas 15 universidades?, ¿les será otorgada una plaza automática para que laboren en algún centro educativo lo cual violentaría la ley aprobada en mayo de 2019?, ¿será que la UPN pretende apropiarse de esta forma de participación para la formación de licenciados interinstitucionales en educación inicial y gestión de instituciones?, ¿por qué echar al olvido el plan de estudios 2013 para la licenciatura en educación inicial que se oferta en escuelas normales de Puebla, Yucatán y Durango?

En suma, considero que las escuelas normales no son nuevas en la formación de formadores para la educación inicial; si usted revisa los datos que proporciona el Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN), podrá observar, que hay información que asegura la existencia de una matrícula importante en la Licenciatura en Educación Inicial 2013 en los tres estados que ya he referido (https://www.siben.sep.gob.mx/pages/estadisticas_recientes), entonces, ¿por qué de nueva cuenta el olvido?

Bendita campaña, benditos compromisos, bendita transformación.

Referencias:

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