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Opinión

Los consejos técnicos: un espacio para el diálogo y… ¿Videos?

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385 Grados / Abelardo Carro Nava / Tlaxcala / Siempre he creído que el diálogo es el medio más valioso que tenemos los seres humanos para expresar infinidad de cuestiones que, como seres vivos pensantes (dotados de la capacidad de comunicar “algo” a través del habla y la palabra escrita), hacemos uso de él en diversos momentos de nuestra vida cotidiana. Dialogamos cuando viajamos en el transporte público con algún conocido, en una cafetería con los compañeros y amigos, en la casa con la familia, en la calle con los vecinos, en la escuela con nuestros compañeros y directivos, en fin. Se trata de una capacidad que, muchas veces, fluye y confluye hacia puntos diversos o bien, paralelos. El “meollo” de todo este asunto es que, indiscutiblemente, diariamente estamos dialogando, aunque no siempre seamos conscientes de ello.

¿Qué pasa cuando dicho diálogo se “rompe”? Como bien sabemos, el proceso comunicativo deja de tener sentido porque, a falta de un emisor, el receptor no existe y viceversa. Así pues, y con la intención de que dialoguemos los diversos actores educativos que nos encontramos inmersos en el Sistema Educativo Mexicano (SEM), principalmente, en las escuelas de nivel básico, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó en todo el país desde el ciclo escolar 2013-2014, el Consejo Técnico Escolar, un organismo conformado por el director y el personal docente de la escuela y, cuya función principal, radica en la toma y ejecución de decisiones enfocadas a que el plantel cumpla con su función escolar: la «calidad” educativa (SEP, 09/01/2018).

En razón de ello, previo al inicio del ciclo escolar y, hasta el ciclo escolar pasado, todos los viernes de cada mes, los colectivos docentes y directivos se reunían en las escuelas con este propósito: vislumbrar “nuevas” formas a través de las cuales se dialogue, se tomen decisiones y se implementen ciertas acciones para mejorar aquello que podría ser mejorado; repito, todo en nombre del logro de la tan anhelada “calidad” educativa.

Prácticamente seis ciclos escolares han pasado desde su puesta en marcha y, a pesar de que han existido diversos estudios como los de Rosa María González, Humberto de la Garza y Elvira de León en 2017 en los que, por un lado, se expone que los Consejos Técnicos (CT) cumplen con el propósito que persiguen; en otros, como los de Adriana Carro, José Alfonso Lima y María Elza Carrasco en 2018, han expresado que no todo es miel sobre hojuelas y que, si bien es cierto que se avanza en ciertos temas, en otros, se tiene un estancamiento o un franco retroceso.

En cualesquiera de los casos, el punto medio en toda esta cuestión se clarifica si respondemos a la pregunta ¿qué ha hecho la SEP desde la implementación de los CTE y con las investigaciones que han surgido al respecto? Por principio de cuentas, bastaría con analizar la Guía de la Primera Sesión del Consejo Técnico Escolar para el ciclo escolar 2019-2020. En ella, además de los criterios que los colectivos escolares deben tomar en cuenta para su organización, así como también, para el perfeccionamiento del Programa de Mejora Continua, se invita a “escuchar y compartir” opiniones sobre el mensaje del Secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán.

De hecho, sobre esto último, en la agenda de trabajo viene marcada como una de las actividades la proyección del video con el mensaje de dicho Secretario para que, a su culminación, se analice y reflexione el contenido en tal mensaje. ¿Es esto necesario? Con seguridad, habrá quien me diga que es relevante, porque el funcionario público se somete al escrutinio del personal adscrito a las escuelas de México; sin embargo, otros, pensarán y afirmarán lo contrario.

Desde mi punto de vista, éste es un sinsentido porque si bien es cierto que el diálogo, como he dicho, es fundamental para conocer la opinión de los demás, también es cierto que hay de prioridades a prioridades y, tal mensaje: ¿qué abona a la tan anhelada “calidad” convertida hoy día en “excelencia” educativa? Y lo más importante, en este caso, el Secretario solamente funge como emisor del mensaje y… ¿cuándo fungirá como receptor? Me gustaría saberlo.

Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? Ahora bien, ¿es obligatorio ver, escuchar y dialogar sobre el mensaje del Secretario referido?, ¿no es ésta una guía que puede o no ajustarse a las necesidades y requerimientos de la escuela y de su colectivo? Por principio de cuentas, sobre la segunda pregunta, contestaré de manera afirmativa; es decir, al ser una guía de trabajo, puede o no ser considerado ese punto en la agenda de trabajo.

No obstante, permítanme preguntarles si en sus centros de trabajo esto sucede. Es decir, ¿acaso el director o directora, en el mejor de los casos, no desarrolla las actividades tal y como fueron propuestas por la SEP previa reunión estatal de personal directivo? Sí, con seguridad, varias cuestiones sucederán alrededor de las decisiones que tiene en sus manos el personal directivo que dirige las escuelas y los CT, y es precisamente en ello, donde radica la importancia de este asunto: las decisiones que se toman al interior de las escuelas con relación a las “sugerencias” que mandata la SEP.

¿En verdad hay tanta libertad para salirse del guion a fin de abordar otros tantos temas de suma relevancia para la escuela, los maestros, niños y padres de familia? Y es que, mientras en nuestro país continuemos con un sistema vertical de decisiones y acciones, cual cascada que difícilmente permite que el río fluya en sentido contrario a ésta, las “mejoras” que se desprenden de ciertas bondades que el mismo diálogo brinda, tendrán resultados adversos.

En suma, considero importantísimo dialogar; esto, desde el plano de la gestión escolar, de las experiencias docentes para la generación de aprendizajes, desde la teoría para profundizar y enriquecer el conocimiento, desde el ejercicio docente, para proponer mejoras a los cientos de problemas y situaciones que se viven a diario en los centros escolares. En fin, desde mi perspectiva, sí se trata de dialogar, y no de ver videos con una visión unidireccional de las cosas que, entre otras, no permite el diálogo porque su emisor (en su expresión oral) no permite la recepción de lo que tengan que expresar los demás interlocutores.

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Bendito chasquido

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385 Grados / Adriana Dávila Fernández / Diputada federal / Las Cámaras de Diputados y Senadores tuvieron sus sesiones extraordinarias el pasado 29 de julio, en el marco de un ejercicio de gobierno desastroso -entre otros muchos aspectos- en materia de salud pública, debido al desabasto de medicamentos, equipos y materiales médicos, ya evidentes antes de la emergencia sanitaria por Covid-19. Morena y sus aliados, más los agregados del Revolucionario Institucional, conversos de último momento, aprobaron la modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para dar facultades excesivas a la autoridad federal en la adquisición de suministros sanitarios en el extranjero de forma directa; es decir, sin una licitación internacional de por medio. El Poder Ejecutivo lo decidirá.

En nombre del combate a la corrupción, solo se busca enmascarar las graves omisiones de la administración pública que, con todo y las recetas de decálogos discursivos que no son funcionales para el personal médico y mucho menos para los pacientes que reclaman servicios y medicamentos de calidad, se sigue poniendo en juego la vida de las y los mexicanos.

Si bien hemos escuchado el compromiso presidencial de reactivar la economía, nunca pensamos que se refería a la economía internacional, a pesar de la fallida acción del gobierno para enfrentar la pandemia, que cuenta ya con alrededor de 46 mil defunciones. Con lo recién aprobado, la cadena productiva de la industria nacional de salud del país está en riesgo, sobre todo las aproximadamente 100 mil fuentes de trabajo de personas de este sector.

Llevamos ya un largo tiempo en el que las y los legisladores del presidente siguen en la dinámica de obedecerlo ciegamente: «Bendito chasquido. El presidente ha mandado esto, nosotros los de Morena, los de la coalición, en el Parlamento, estamos dispuestos totalmente para apoyar al presidente…¨, palabras del senador de Morena, Rubén Rocha.

Y esto es resultado del «reclamo fraterno» que la semana pasada hizo el primer mandatario a los coordinadores parlamentarios que no lograron imponer las leyes de su interés. Con esta aprobación, hemos sido testigos del sometimiento del poder legislativo solo por el chasquido del Ejecutivo. Lamentable.

Ante el caos que propiciaron la soberbia, ineptitud e indolencia, nada mejor que culpar al pasado en todo momento y modificar la ley para que entre por la puerta legal la discrecionalidad en la asignación de contratos y la posible reedición de historias engarzadas de corrupción, como «los respiradores de mi hijo», escrita por Manuel Bartlett, o «el tráfico de ligas», trama original de René Bejarano.

Distintas voces del oficialismo legislativo han buscado justificar lo injustificable de su decisión con el argumento de que en el pasado había falta de transparencia. Con lugares comunes en la defensa, resulta que ahora «sí hay claridad en lo que estamos aprobando, no vengan aquí a decir que no lo estamos haciendo, por eso la iniciativa pretende asegurar que las adquisiciones cumplan con los principios constitucionales», según la senadora Malú Micher. Además, se dijo que la medida es un golpe directo contra la corrupción, porque en las administraciones anteriores solo se buscaban negocios jugosos y el lucro con las necesidades de salud. Y como remate, el temerario juicio del «no somos iguales».

Si la queja era que antes no había seguimiento o se simulaba que la normatividad permitía el abuso y el lucro con las medicinas, pues hoy quítese lo que estorba, nada de reglas a seguir, nada de licitaciones internacionales. Viva la opacidad.

Cierto que en verdad no somos iguales. Son cínicos, descarados y deshonestos quienes buscan legalizar la opacidad, el conflicto de interés y las asignaciones directas. Olvidan que las decisiones tomadas por la incapacidad de la autoridad federal son formas corruptas de gobernar.

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Los Educadores en manos de las universidades, ¿y las normales? con Abelardo Carro Nava

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Para pocos es desconocido el menosprecio del que fueron objeto las escuelas normales durante el gobierno peñanietista. La mal llamada reforma educativa de 2013, trajo consigo una serie de ataques y denostaciones hacia el normalismo mexicano como nunca antes se había visto. En este tenor, el sueño de Aurelio Nuño, ex secretario de educación, de desaparecer a estas instituciones formadoras de docentes no se cumplió pues, aunque durante su “administración” fue notoria esta intención, la soberbia no le permitió observar la fortaleza de estas escuelas, pero también, lo que los tiempos electorales traerían consigo en 2018. ¿Torpeza?, ¿miopía?, ¿desconocimiento?, ¿errado asesoramiento? Con seguridad la respuesta a tales cuestionamientos las tendría este ex funcionario, por mi parte, considero que todo este cúmulo de cuestiones, además de los trágicos eventos ya conocidos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Gro., hicieron visible el abandono al que fueron sometidas las normales por mucho tiempo, pero también, una de sus características más importantes dado el encargo social impuesto en México: la formación de maestros.

Con este escenario, en mayo de 2018, fuimos testigos del lanzamiento de una sentida demanda histórica del normalismo mexicano: su fortalecimiento. Y es que, por esas fechas, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en Guelatao, Oax., había presentado los 10 compromisos que, a decir de él, serían la base para impulsar y fortalecer la educación en México; como parece obvio, destacaron en dichos compromisos: la cancelación de la mal llamada reforma educativa (compromiso 6), la entrega de becas mensuales a estudiantes (compromiso 4), y el fortalecimiento a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional (compromiso 5) (El Financiero, 12/05/2018).

Pasado el momento electoral, y una vez que los votos llevaron a la victoria a este político tabasqueño, el pasado 1 de diciembre de 2018, tomó posesión del encargo que los mexicanos le habían conferido. Con tal designación, algunos de esos compromisos anunciados en Guelatao no se hicieron esperar y, después de intensos jaloneos, tanto en la Cámara de Senadores y Diputados, el 9 de mayo de 2019 se aprobó la reforma a los artículos 3º, 31º y 73º constitucionales (Aristegui Noticias, 9/15/2019) publicándose éstos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de ese mismo año.

Por lo respecta a las escuelas normales, y a su tan anunciado fortalecimiento, en el Transitorio Décimo Primero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa (DOF, 15/05/2019) quedó asentado que: “…para dar cumplimiento en el párrafo noveno del artículo 3º., el ejecutivo federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una Estrategia nacional de Mejora de las Escuelas Normal, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento”. Y, para este propósito, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y el entonces Mecanismo de Coordinación Nacional de Autoridades de Educación Normal (MCNAEN), lanzaron en el mes de marzo de 2019, una convocatoria para que la comunidad normalista de todo el país, participara en el Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas. Congreso que fue inaugurado por el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el 16 de mayo de 2019, en el Estado de México (Voces Normalistas, 16/05/2019); esto, como puede usted observar, una vez que las reformas a la reforma educativa de 2013 se habían aprobado.

Al respecto es importante señalar que, dicho Congreso, se desarrolló en 4 etapas, la primera de ellas tuvo lugar en el Estado de México (mayo 2109), la segunda en San Luis Potosí (julio 2019), la tercera en Baja California Sur (agosto 2019) y, la última, en Puebla (octubre de 2019). De los trabajos que realizaron, durante esas etapas, poco más de 250 Delegados Nacionales Normalistas (directivos, profesores y alumnos) provenientes de todos los rincones del país, se obtuvo la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales (SEP, 2019). Para conocer un poco sobre el desarrollo de los trabajos de dichos delegados, le invito leer los artículos de opinión que, en distintas fechas y en diferentes espacios, publiqué en aquellos días: “El normalismo mexicano: entre el olvido y la 4T”, “Los resolutivos de San Luis Potosí para la transformación de las normales”, “El congreso de normales: la esperanza para el normalismo mexicano”, “Presupuesto para las normales: de prioridades a prioridades”, “Crónica de una muerte anunciada: la estrategia para las normales”, “Y dale con las normales”, “La estrategia para las escuelas normales: un réquiem y… ¿su entierro?” (Ver referencias).

Así pues, en el documento denominado Estrategia Nacional para la Mejora de las Escuelas Normales, específicamente, en el eje estratégico 2. “La escuela normal y su planeación hacia el futuro que permitirá impulsar procesos de enseñanza y aprendizaje; además se recuperará la formación inicial y reconocerá a las maestras y maestros como profesionales de la educación”, se estableció que: “La proyección al futuro de las Escuelas Normales requiere fortalecerlas e impulsar un proceso de transformación en función de las demandas actuales y futuras del entorno social (local, nacional y global), impulsando los valores para la convivencia en el marco de la diversidad y de las políticas públicas generadas por la colaboración con organismos internacionales. Su oferta educativa debe responder a las exigencias diferenciadas de formación en el campo de educación: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; especial, inclusión educativa, educación física, artística, indígena e intercultural. Los objetivos de este sistema deberán articularse en un proyecto de país humanista, equitativo y democrático, con sustento en el ejercicio de los derechos humanos, responsabilidades y voluntades que atiendan el desarrollo personal y colectivo, y contribuyan a disminuir los índices de pobreza, discriminación y rezago social con el fin de lograr la excelencia educativa”.

Tal proyección se derivó, repito, de los trabajos que los Delegados Nacionales Normalistas realizaron durante las cuatro etapas referidas y, en las que me consta, se discutieron ampliamente estos temas con el objetivo de proponer una serie de acciones que llevaran a las escuelas normales, a brindar un servicio educativo conforme a las necesidades y demandas que el mundo actual impone día a día; no obstante, lo anterior, tal parece que a quienes se encargan de dirigir los destinos de la educación en nuestro país, me refiero al actual Secretario de Educación, y colaboradores, se les olvidó que: 1. esta Secretaría emitió una convocatoria para el congreso nacional referido en marzo de 2019, 2. que durante las 4 etapas en las que se desarrollaron los trabajos del congreso emanaron importantes acuerdos, producto de intensos debates que los Delegados Nacionales sostuvieron, 3. que esos acuerdos, fueron mayormente plasmados en la estrategia nacional de mejora ya referida, 4. que el fortalecimiento de estas instituciones, si bien es cierto que pasa por la oficina del Secretario, habría que recordarle que fue una promesa de campaña, luego un mandato constitucional y, ahora, una lejana realidad por lo que a continuación brevemente expongo.

El pasado 20 de julio, José Antonio Román, a través del periódico La Jornada, publicó una nota cuyo título dejó frío a más de uno: “Quince universidades públicas darán licenciatura en Educación Inicial” (La Jornada, 20/07/2020). En esta nota se especificó que, un total de 15 universidades públicas del país, impartirían desde el próximo ciclo escolar 2020-2021 la nueva licenciatura en educación inicial, con el objetivo de atender un déficit en la formación de profesionales que enfrenta el país para la atención y cobertura de la primera infancia porque, actualmente, existen más de 14 millones de niños y niñas sujetos a derecho a la educación inicial, de los cuales, el 86 por ciento está fuera de cobertura; asimismo en tal comunicado, cuya base se encuentra en el boletín No. 195 que emitió la SEP ese mismo día, se aseguró que, tanto los rectores de las universidades que impartirían la carrera y el propio Secretario de Educación, revisaron el plan previsto para cursarse entre tres a cinco años (SEP, 2020).

Al respecto me pregunto: ¿y las escuelas normales?, ¿y los acuerdos logrados por los Delegados Nacionales asistentes al congreso nacional para el fortalecimiento y transformación de las escuelas normales públicas?, ¿y la estrategia nacional de mejora de las escuelas normales?, ¿y la proyección planteada en el eje de análisis ya referido? Consecuentemente: ¿de qué manera se pretende fortalecer a las normales si a las universidades se les confiere la formación de educadores para la infancia?… ¿otra vez el menosprecio?

En este sentido, desde luego que es respetable el papel que juegan en estos tiempos las universidades del país dada la formación de profesionales en sus distintas áreas o disciplinas, pero ¿por qué menospreciar la formación de profesionales en educación inicial cuando en el país, al menos en tres estados, ya se oferta la licenciatura en educación inicial por diversas escuelas normales?, ¿no habría otra forma o mecanismo para que las universidades accedieran a mayores recursos por parte de la federación?, ¿por qué no trabajar para aperturar esta licenciatura en las escuelas normales de México?

Lo anterior sin olvidar que, en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros se establece, en su artículo 40 párrafo segundo, que: “…los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de los Centros de Actualización del Magisterio, tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo”. Entonces, ¿qué pasará con los egresados de estas 15 universidades?, ¿les será otorgada una plaza automática para que laboren en algún centro educativo lo cual violentaría la ley aprobada en mayo de 2019?, ¿será que la UPN pretende apropiarse de esta forma de participación para la formación de licenciados interinstitucionales en educación inicial y gestión de instituciones?, ¿por qué echar al olvido el plan de estudios 2013 para la licenciatura en educación inicial que se oferta en escuelas normales de Puebla, Yucatán y Durango?

En suma, considero que las escuelas normales no son nuevas en la formación de formadores para la educación inicial; si usted revisa los datos que proporciona el Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN), podrá observar, que hay información que asegura la existencia de una matrícula importante en la Licenciatura en Educación Inicial 2013 en los tres estados que ya he referido (https://www.siben.sep.gob.mx/pages/estadisticas_recientes), entonces, ¿por qué de nueva cuenta el olvido?

Bendita campaña, benditos compromisos, bendita transformación.

Referencias:

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De reversa con el avión

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385 Grados / Adriana Dávila Fernández / Diputada federal / Dice un refranero popular que «prometer no empobrece, dar es lo que aniquila», y se diría que en términos políticos «cumplir» la palabra dada es lo que aniquila. Lo anterior viene a cuento porque el hoy presidente de México, durante mucho tiempo y como consigna de campaña, prometió, desde diciembre de 2108, que vendería el avión presidencial y que el dinero sería para el pueblo, porque era símbolo del lujo excesivo del poder público, opulencia y fruto de la corrupción, elementos característicos de la mafia del poder.

Uno de sus primeros actos simbólicos fue su decisión de enviarlo a un centro de mantenimiento de Boeing en Victorville, California, para venderlo. Al cumplirse el primer año de gobierno y ante las revelaciones periodísticas de que tenerlo estacionado costó a las y los mexicanos la nada despreciable suma de más de un millón trescientos mil pesos mensuales por concepto de «pensión», ya no fue posible mantener las mentiras, los pretextos y las justificaciones del por qué aún no se vendía, por lo que hace apenas unos días regresó a México.

Este fue un tema predilecto del titular del Ejecutivo, quien en sus conferencias matutinas dijo que había varios millonarios interesados en la «lujosa» aeronave. Incluso mencionó que, entre otras tantas personalidades, se le había ofrecido a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos; difundió incluso la idea de que iba a ser muy fácil la venta, porque existían «compradores potenciales». Y dado que ninguno de estos supuestos se presentó, pues decidió entonces “rifarlo” en el sorteo del 15 de septiembre de la Lotería Nacional, por lo que comprometió -¿obligó?- a varios empresarios a comprar «cachitos».

En algún momento aseguró que se encontraba en la etapa final para cerrar la operación. Y todavía hace unas semanas, reiteró la versión de un posible comprador que aportaría una parte en efectivo y otra en equipo médico. En fin, el dinero se comprometió para distintos frentes, desde la Guardia Nacional hasta el apoyo a los países de Centroamérica, pero el tiempo pasó y ni apareció el Jeque árabe o multimillonario alguno dispuesto a pagar los 150 millones de dólares.

Resulta un tanto incongruente que mientras se pagaba tanto dinero por el avión en el extranjero, aquí vivimos en una crisis económica que, sin duda, se agravó por la pandemia, al no existir crecimiento, ni empleos, ni ingresos, tampoco hay forma de recaudar impuestos, además de que se han desmantelado instituciones y se ha recortado el 75 por ciento del presupuesto de las dependencias oficiales en nombre de la «austeridad republicana», por el obstinado afán de obtener recursos públicos a costa de lo que sea para mantener una política electorera. Este gobierno «austero» tendrá que dejar de lado este capricho de pagar un hangar para guardar el avión TP-01, además del mantenimiento, que eran alrededor de 67 mil dólares mensuales más.

La verdad de las cosas es que el próximo 15 de septiembre se va a rifar el «avión presidencial» y, aunque la aeronave ya está en nuestro país, no se va a entregar a la persona que tenga el boleto con el número ganador, lo que significa que tendremos un sorteo magno sin premio mayor. En términos prácticos, se rifará el avión, pero no se entregará. Acto mentiroso y manipulador de la esperanza de muchos que comprarán «un cachito» para sacarse el primer premio. También olvidó decirles a los habitantes de este país que el avión no se podía vender porque está sujeto a un crédito de financiamiento.

Todo este asunto del avión presidencial solo refleja las prioridades de este gobierno. En medio de las crisis sanitaria, de seguridad y económica, el presidente está empeñado en imponer su narrativa y no en atender los graves y complejos problemas que hoy enfrentamos por sus decisiones a modo.

Le importa más el «vamos a tener una mañanera en el hangar presidencial. Habíamos quedado de que lo iban a conocer, porque los compromisos se cumplen», que cumplir lo que prometió: generar riqueza, porque hoy hay crecimiento cero y una alta tasa de desempleo; seguridad pública, porque los índices de violencia, a pesar de la pandemia, son alarmantes.

Mientras no se entienda que necesitamos bienes y servicios públicos de calidad, y se pretenda de manera mañosa impulsar el circo político con actos de evidente manipulación, no lograremos salir de donde estamos.

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