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Opinión

El CNIV: ¿mismo traje, otros actores?

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / Después de haber asistido al XV Congreso Nacional de Investigación Educativa (CNIV) del Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C., de regreso a casa, en alguna de las casetas de peaje que se encuentran en la autopista Acapulco-México, me encontré con los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa; como parece obvio, estos solicitaban una cooperación a los automovilistas para que les permitiera continuar con la búsqueda de sus hijos. Ello me llevó a modificar, de cierta manera, la serie de ideas que ya tenía en mente con la intención de exponer lo que, desde mi punto de vista, logré percibir en uno de los eventos que es de los más importantes en México.

Y es que mire, usted, tal parece que en nuestro país las realidades que vivimos a diario nos conducen a preguntarnos qué es lo que pasa con relación a tal o cual hecho y del que, por obvias razones, se desprende una serie de reflexiones como las que ahora le comparto.

Por un lado, tenemos lo que en cada sexenio se escucha decir hasta el hartazgo: con los cambios que habremos de implementar, ahora sí seremos un país moderno y desarrollado; con las políticas que implementaremos, ahora sí saldremos del “atolladero” en que nos metieron otros gobiernos; con las reformas a la Constitución que propondremos, ahora sí transitaremos de un estado corrupto a uno de derecho; con una nueva reforma educativa que impulsaremos, ahora sí en México habrá niños, jóvenes y adultos mejor formados, y maestros y maestras mejor pagados.

Vaya, que lindo se leen estas palabras que, como usted sabe, se repiten en diversos espacios hasta el cansancio; sin embargo, bien valdría preguntarnos si todo ello ya es una realidad “tangible o palpable” o si, como ha sucedido, es parte de ese discurso esperanzador y de cambio que se nos han prometido cada seis años pero que, lamentablemente, no ha llegado.

Digo, reza el refrán: del plato a la boca se cae la sopa; y es cierto. Más allá de filias y fobias –por aquello de las pasiones que mi comentario puede generar–, la verdad de las cosas es que estamos ante un escenario, particularmente educativo, que deja ver los mismos trajes, pero con diferentes actores. Me explico.

Después de la aprobación a las reformas a los artículos 3º, 31º y 73º constitucionales que propuso el gobierno lopezobradorista, así como también, de las leyes secundarias aprobadas en el legislativo hace unas semanas, tales como la Ley General de Educación (LGE), Ley General para el Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMyM) y la Ley General para la Mejora de la Educación (LGMCE); no olvidando, desde luego, las breves pinceladas sobre la Nueva Escuela Mexicana que, Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública, nos regala a través de sus videos, pero también, de lo que se ha abordado sobre ésta en uno de los Consejos Técnicos Escolares (en el mes de agosto de este año, por ejemplo) es que puedo afirmar, que estamos, ante un rompecabezas educativo que, para acabar pronto, se explica a partir de la abrogación de una reforma laboral que le ha dado forma a otra de la misma naturaleza pero que, en los hechos, no resuelve (ni resolverá) los problemas (o grandes problemas) que enfrenta México.

Llegado a este momento de la lectura, con mucha seguridad usted se preguntará: ¿qué se puede hacer para revertir, gradualmente, los problemas educativos que conocemos? Desde hace más de quince años, diversos investigadores han realizado serios estudios con el propósito de generar conocimiento sobre y para la mejora del Sistema Educativo Nacional; sin embargo, los gobiernos o particularmente los representantes de esos gobiernos han hecho y deshecho lo que han querido.

De un Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), hemos transitado a lo que hoy se ha llamado Nueva Escuela Mexicana (NEM); los resultados parecen obvios, y las condiciones en que se encuentra la educación en nuestro país, es una de las tantas realidades que palpamos los que a diario transitamos alguna de las calles y/o rincones de nuestra República Mexicana. ¿Qué hace falta para que logremos edificar una educación que satisfaga nuestras propias necesidades y demandas?, ¿mayores recursos económicos y financieros?, ¿mejores esquemas de formación inicial, capacitación, actualización y profesionalización docente?, ¿mejores diagnósticos que nos lleven a proponer formas de participación de los diferentes actores educativos y no educativos?, ¿mejores salarios y prestaciones para los maestros y maestras?, ¿mejoramiento de la infraestructura educativa de todos los niveles?, ¿mayores y mejores esquemas de participación social en el hecho educativo? Sí, con seguridad todo eso (y más) hace falta; no obstante, tal situación, me lleva a formular una interrogante más que, podría abarcar, las anteriores, ¿cómo cerrar la brecha de desigualdad que hoy enfrentamos ante un mundo que, a cada minuto, se convulsiona por diversos factores, particularmente, del económico? Sí, desafortunadamente todo se mueve y tienen que ver con el dinero: el capital, las inversiones, la tecnología y el medio ambiente (entre otros), pero específicamente, con el dinero. ¿Neoliberalismo le llaman algunos?

De esta forma, pregunto nuevamente, ¿qué ha hecho la investigación para aminorar estos males? Mi respuesta es inequívoca: generar conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Aquel que se desprende de la ciencia o del conocimiento científico. Los datos, las evidencias, los hechos verificables ahí están; corresponde a los tomadores de decisiones hacer lo conducente ¿Qué es lo que éstos han hecho? Los resultados los conocemos: 52.4 millones de mexicanos en pobreza y, de esos, 9.3 millones viven en extrema pobreza. Un dato que engloba TODO (valga la redundancia) y que explica TODO.

Esto último viene a colación porque en el CNIV tuve la maravillosa oportunidad de escuchar y observar el trabajo que presentaron unos estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio de Chilpancingo; ahí, a través de sus historias de vida, pude constatar las grandes (o enormes) dificultades que muchos jóvenes guerrerenses enfrentan para acceder a una carrera profesional, por ejemplo; algunos de los factores que inciden en tal hecho son pobreza, inseguridad (ligada con la delincuencia del crimen organizado), discriminación y, en sentido estricto: exclusión social.

Sí, ésta fue una de las más de 1800 contribuciones aceptadas y que fueron presentadas por sus autores a lo largo de los 5 días en los que se desarrolló el evento que, dicho sea de paso, logró reunir a más de 4000 congresistas en esa entidad federativa. ¿Por qué aquellos tomadores de decisiones no acudieron a tal Congreso? Pregunta ingenua si usted gusta, pero que me permite responderla de la manera más sencilla posible: cada gobierno tiene su propia agenda y, en la que como parece obvio, la generación de conocimiento no forma parte de ella. ¿Menosprecio a la investigación educativa? No lo creo, más bien, creo se trata de una miopía disfrazada de un mismo traje, pero con diferentes actores que se dicen educativos.

Al tiempo.

Con negritas:

Desde este espacio envío una enorme felicitación a la expresidenta del COMIE, Angélica Buendía; su gestión inmejorable, pero su discurso inaugural, fue de lo mejor que he escuchado en los últimos años.

 

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Del semáforo en verde a: ¿escuelas en rojo?

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / Recientemente, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que el sector educativo será el último en incorporarse a la Nueva Normalidad; esto, porque a decir de este funcionario, el cuidado de la salud y bienestar de quienes integran las comunidades de aprendizaje son prioridad (Profelandia.com, 20/06/2020); una declaración que me parece de lo más sensata porque, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, dicho sector educativo, moviliza a diversos actores directos e indirectos. Imaginemos lo que significa la movilización de 36.6 millones de alumnos (SEP, 28/04/2019) a las escuelas de los distintos niveles educativos.

No obstante, lo anterior, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos para tener un regreso seguro, con un entorno seguro, a las escuelas de la República Mexicana? Porque si bien es cierto que, durante la contingencia sanitaria, la atención estuvo centrada en asegurar que, tanto los estudiantes y maestros siguieran la estrategia “Aprende en casa”, también es cierto que “algo” se tuvo que estar haciendo para que las escuelas pudieran contar con los recursos necesarios que les permitieran ir trabajando con la idea de que las medidas de prevención, al momento de ese regreso a clases, sean una realidad; y bueno, la verdad de las cosas es que, desde mi perspectiva, muy poco, o nada, se está haciendo al respecto. Me explico.

Quienes, por alguna razón de primera necesidad, hemos tenido que salir de nuestros hogares en estos días, nos hemos dado cuenta que las escuelas de nuestra comunidad, municipio o estado, siguen en las mismas condiciones en las que las dejamos en marzo de este año; en algunas, las labores de limpieza de áreas verdes (que es lo que de manera inmediata se puede observar, o he podido observar) han continuado; supongo, que el personal de asistencia o apoyo a la educación, ha continuado con su trabajo; sin embargo, ¿se ha observado la construcción de aulas en las que, como seguramente sabemos, hay hacinamiento en los salones de clase?, ¿se han observado trabajos que permitan contar con una red hidráulica que posibilite este vital líquido de manera continua en las escuelas en las que dicha agua no es constante o, prácticamente, es inexistente?, ¿se han observado trabajos de limpieza y sanitización en esas instituciones educativas?, ¿se ha observado la llegada de material didáctico, de diversa naturaleza, que posibilite el proceso de enseñanza y aprendizaje en los distintos espacios que conforman los centros escolares?, ¿se han observado trabajos de algunas compañías que ofrecen servicio de internet para que se haga uso de este recurso en los meses venideros en todos los salones de clase? Vaya, sobre este asunto, qué es lo que ha informado la Secretaría de Educación Pública (SEP) o el gobierno federal en turno.

En mayo de este año, la SEP informó que, mediante el programa “La escuela es nuestra”, se habían entregado casi 9 mil millones de pesos para rehabilitar escuelas; en su boletín No. 130 se dijo que, la dispersión de recursos, se realiza con base en la matrícula de cada escuela y que, en su primera fase, se implementó en 54 mil 177 planteles de educación básica de mil 931 municipios en zonas de alta y muy alta marginación (SEP, 18/05/2020). Datos que son interesantes sobre los recursos asignados pero que, resultan insuficientes porque, si bien es cierto que estos municipios representan una prioridad, también lo son, aquellos en los que el proceso de urbanización ha generado diversas problemáticas en los planteles escolares.

Ahora bien, en ese mismo boletín se especificó que, hasta ese día, se habían conformado más de 50 mil Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP); y también se dijo que la organización, convocatoria, instalación y registro de esos Comités, es operada por los “Servidores de la Nación”; sin embargo, y aunque existe un manual que brinda una orientación al CEAP (versión 2.0.1, consultado el 30/06/2020), así como también, una página que ofrece información sobre dicho programa (consultada el 30/06/2020), la verdad de las cosas, es que no hay otros datos que permitan conocer las empresas a las cuales se están contratando para la realización de algunas obras o para la adquisición de ciertos muebles; peor aún, tampoco se especifica si es que dichos comités, han contratado personal especializado para la realización de los diagnósticos o para la emisión de dictámenes relacionados con la posible construcción de inmuebles en los centros escolares. Los datos pues, pintan un escenario ideal en el que todo funciona y se mueve, casi a la perfección, pero ¿realmente esto ocurre así?, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno y de los maestros y padres de familia sobre estos asuntos? Recuerdo que, en su momento, se habló de que los recursos llegarían a las escuelas sin intermediarios, un tema que fue harto polémico en nuestro país, por aquello de la probable corrupción que en antaño se había observado, no obstante, y desde mi perspectiva, al ser un recurso directo, ¿no tendría que existir un mecanismo que asegurara la total transparencia en el manejo de dichos recursos?

Ahora bien, el tiempo sigue su curso, el mismo Secretario de Educación, en este día (30/06/2020), ha difundido un video mediante el cual, agradece a todos los maestros y maestras por hacer posible que el ciclo escolar 2019-2020 concluyera con éxito. Sin embargo, también hasta este día, no se ha presentado un plan educativo que defina líneas claras de acción para ese regreso seguro a las escuelas. Ciertamente, hace unas semanas se habló de un protocolo, que no es un plan educativo como tal, con el que se espera se pongan en marcha ciertas medidas preventivas mediante las cuelas se eviten contagios masivos. ¿Será que el regreso seguro a clases dependerá de los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE)?, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno de la República?, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos estatales?, ¿cuál es la responsabilidad de directivos, maestros, alumnos y padres de familia?

Hace unos días, una profesora me comentó, que la autoridad educativa de su estado les había informado que, una vez que se regresaran a clases, los profesores trabajarían con el grupo que les había sido asignado solo que, una parte de ese grupo, asistiría a la escuela durante una semana y, la otra parte, trabajaría desde casa las mismas actividades que se pondrían en marcha en la escuela; luego, el grupo que estuvo en casa durante esa semana, asistiría al centro educativo y el otro grupo, haría lo propio en casa. Muchos pensarían que es una estrategia sensata; sin embargo, vuelvo al punto con el que inicié estas ideas porque, independientemente del número de alumnos que asistan a los planteles escolares, sabe usted, ¿todo lo que se moviliza a partir de esta estrategia? Y, sabe usted, ¿cuántas carencias se tienen en los centros escolares?

En suma, considero que las autoridades gubernamentales, en lugar de estar grabando videos, tendrían que estar realizando las gestiones, convenios o acuerdos, con diversos sectores a fin de que, durante este receso, se lleven a cabo las acciones que a éstos les competen llevar a cabo. Ciertamente, los CPSE son importantes pero su responsabilidad se ve, y se verá rebasada en escuelas, sencillamente porque a éstas no les han llegado recursos en muchos años.

Referencias:

Redacción Profelandia.com. (20/06/2020). Sector educativo será el último en incorporarse a la nueva normalidad: Moctezuma. Profelandia.com

Recuperado de: https://profelandia.com/sector-educativo-sera-el-ultimo-en-incorporarse-a-la-nueva-normalidad-moctezuma/

SEP. Manual del Comité Escolar de Administración Participativa, versión 2.0.1. Consultado el 30/06/2020. https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/escuelas.html

SEP. La Escuela Es Nuestra. Página consultada el 30/06/2020. https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/leen_manual.pdf

SEP (18/04/2020). Boletín No. 61. Regresan a clases más de 25 millones de alumnos de educación básica del país: SEP.

Recuperado de: https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-61-regresan-a-clases-mas-de-25-millones-de-alumnos-de-educacion-basica-del-pais-sep

SEP (18/05/2020). Boletín 130. Entregó la Escuela es Nuestra casi 9 mil millones de pesos para rehabilitar escuelas: SEP.

Recuperado de: https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-130-entrego-la-escuela-es-nuestra-casi-9-mil-millones-de-pesos-para-rehabilitar-escuelas-sep?idiom=es

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El «guardián» invade competencias

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385 Grados / Adriana Dávila Fernández, diputada federal / Es preocupante escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que “como cualquier ciudadano” está obligado a denunciar todo acto ilícito, todo intento de fraude, durante el próximo proceso electoral federal del 2021. Vale la pena recordar lo mucho que costó sacar la “mano presidencial” -con todo y la Secretaría de Gobernación- de las elecciones y respetar así el voto de las y los ciudadanos. 

Muchas fueron las quejas y los señalamientos sobre intervenciones presidenciales en estos procesos. De ahí que se haya reforzado, a partir de 2007, la no intervención de los gobernantes de ninguno de los tres órdenes de gobierno, ni siquiera opinando, ya que para todo servidor público lo que no está estipulado en la ley en cuanto a sus competencias, funciones y facultades, lo tiene prohibido. Por eso es que el presidente de México no puede considerarse como un ciudadano más que “pueda opinar y ejercer su derecho de manifestación” en esta materia. Desde el punto de vista constitucional, debe abstenerse de participar.

A decir verdad, el primer mandatario no ha dejado de entrometerse en el proceso electoral 2021, incluso antes de tomar la protesta de su encargo. Desde entonces, como él dice, ha sido el “…guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades…”. ¿Será por eso que “libremente” conformó un equipo de trabajo, los “siervos de la Nación”, quienes levantaron un censo -con fines de clientela electoral- para otorgar programas sociales a sectores muy específicos de la población (jóvenes y adultos mayores)? ¿Por ello se ha dedicado a echar culpas a la oposición y desde hace unos meses, a la que ha acusado de tener intereses velados para las próximas elecciones, cuando los únicos intereses electorales son los suyos?

Lo cierto es que solo ha prevalecido su “propia constitución y su interpretación de las leyes”, sus iniciativas a modo -que se convierten en “mandato” para Morena y sus aliados- para repartir a discreción el dinero público, su resentimiento y su rencor, desconociendo las facultades que le otorga la única Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que rige para todas y todos los ciudadanos mexicanos.

Si bien el Ejecutivo reconoce que legalmente corresponde al INE vigilar y organizar las elecciones, insiste en justificar su intervención manifestando que no tendrá ninguna injerencia ni en este órgano ni en el Tribunal Electoral. ¡Qué rápido olvidaron los que fueron oposición ayer, la exigencia de que el presidente en turno ni siquiera podía ‘opinar’ al respecto! No se han cansado de desdeñar la importancia de este organismo en la historia de nuestra democracia; solo se han dedicado a desprestigiar y minimizar su función.

Desde la primera vez que el candidato López Obrador perdió la Presidencia de la República en 2006, se empeñó en desconocer los resultados oficiales del entonces Instituto Federal Electoral; fue constante su intento por desacreditarlo, terminar con la autoridad electoral, con la credibilidad institucional y poner en tela de juicio todas sus resoluciones; es decir, a lo largo de 18 años de campaña, ha cuestionado, criticado, puesto en duda y desafiado a los responsables de los procesos electorales.

Con su triunfo en el 2018, reconocido por esta autoridad electoral federal, aseguró que la venganza no había sido ni sería el motor que detonaría las decisiones del gobierno. Sin embargo, sus acciones se asemejan mucho a represalias autoritarias. En distintas formas y con mensajes diversos, ha buscado imponer su «modelo de autonomía», consistente en el reparto de cargos a personas cercanas, ligadas, vinculadas y comprometidas con los intereses de su gobierno y la «regeneración institucional», convirtiendo este proceso en un burdo escenario de conflictos de interés. Comprobaremos de qué está hecho este gobierno con la próxima elección de cuatro consejeros electorales, discusión que se dará en breve.

Tal parece que el INE no tendrá un camino fácil en lo que queda de esta administración, puesto que es el enemigo identificado de este sexenio. Ha padecido el recorte del presupuesto 2019 y 2020 para cumplir con lo que la ley le mandata; ha sido cuestionada su autonomía, independencia y efectividad, e incluso ha tenido que denunciar a la Secretaría de Economía (SE) por intentar usurpar sus funciones, al permitir que el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) realice una consulta pública para revisar normas relacionadas con procedimientos electorales, acto en sí mismo violatorio del orden constitucional y la legislación electoral vigente.

El presidente debe estar fuera de la elección. Debe entender que este es un asunto en el que solo participan candidatas y candidatos de partidos políticos, independientes y quienes votan, las y los ciudadanos. Como diría el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “México ya tiene un guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia”.

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El silencio democratizador del SNTE

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385 Grados / Tlaxcala / Abelardo Carro Nava / Me cuentan los que saben, que no en muy pocas ocasiones, algunas autoridades educativas estatales les hicieron llegar a los profesores, a altas horas de la noche, diversos oficios para que atendieran ciertas indicaciones sobre el trabajo que, derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, tendrían que realizar de “urgencia”. Ya sea que tuvieran que “subir” evidencias, que tuvieran que entregar reportes, que tuvieran que revisar estadísticas y, más recientemente, reportar sus evaluaciones. Ciertamente, todas estas cuestiones, son parte del “trabajo” que tiene que hacer cualquier docente que se encuentre frente a grupo. Esto no es nuevo, como tampoco lo es, el que la autoridad educativa de cualquier entidad del país, pida de “urgencia”, se atiendan cada una de esas indicaciones porque, de lo contrario, el incumplimiento podría tener consecuencias nada favorables para ese trabajador de la educación.

Esta situación, de alguna u otra manera, se ha visto como “normal” en el Sistema Educativo Mexicano. Vaya, en concreto, se ha normalizado, como también se ha normalizado que los trabajadores de la educación, tengan que realizar su trabajo sin que existan las mejores condiciones laborales para hacerlo. Y, ante ello, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha callado.

Y es que, al ser una profesión de estado, el magisterio mexicano está sujeto a lo que el estado, a través del Gobierno Federal y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), determine en un momento dado. ¿Cuántas escuelas no cuentan con agua potable o un adecuado drenaje?, ¿cuántas escuelas no tienen luz eléctrica o ventilación adecuada?, ¿cuántas escuelas no cuentan con el mobiliario, mínimo indispensable, para que el proceso de enseñanza y de aprendizaje se desarrolle favorablemente?, ¿cuántas escuelas no cuentan con espacios óptimos que favorezcan los ambientes para el logro de los aprendizajes? Ahora bien, ¿cuántos trabajadores de la educación padecen una enfermedad crónica?, ¿cuántos profesores reciben una adecuada atención médica?, ¿cuántos profesores cuentan, en sus escuelas, con las herramientas e instrumentos mínimos necesarios para el desarrollo de su trabajo?, ¿cuántos de estos profesores no han puesto de su bolsillo para pagar el internet, comprarse una computadora o alguno otro material para que sus alumnos aprendan?, ¿cuántos profesores se han visto afectados en su salud por todo lo que ha generado toda esta contingencia? Y, ante ello, el SNTE ha callado.

Y es que, al ser una profesión de estado, se entiende la existencia de un Sindicato que “defiende” los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros (Art. 10, Párrafo I, de los Estatutos del SNTE, 2019). Sin embargo, esto ¿realmente ocurre así? Es decir, ¿el SNTE ha defendido, y defiende, los derechos laborales de sus agremiados?

Si entendemos que un derecho laboral es un conjunto de normas o reglas cuyo objetivo tiende a regular las obligaciones entre los trabajadores y el patrón se comprende que, en esta regulación, ambas partes tienen derechos y obligaciones, desde luego, sin menoscabo de la protección y beneficio de los trabajadores, en este caso, del colectivo inserto en el ámbito educativo. Es una relación laboral que se constituye a partir de la firma de un contrato y en la que, tanto los derechos como las obligaciones, se establecen en un marco normativo que se conoce como Ley Federal del Trabajo (LFT). De hecho, en el Artículo 2º LFT vigente puede leerse: “Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho a huelga y la contratación colectiva” (LFT, 2/07/2019). Por lo que respecta a la jornada de trabajo (por ejemplo), en la misma LFT, en su Capítulo II Jornadas de trabajo, Artículo 61, se señala: “La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta” (LFT, 2/07/2019).

Visto lo anterior, y ante el pomposo diálogo que el líder del SNTE lanzó hace unos días en cuanto a que la democratización plena del SNTE ya no tiene reversa porque el SNTE se construye desde abajo (Profelandia, 22/06/2020), me preguntó: ¿será que en el pliego de demandas, al que alude dicho líder, se consideraron todas las exigencias y necesidades de los trabajadores de la educación?, ¿será que en ese pliego de demandas se puntualizó sobre la necesidad de que cada trabajador de la educación cuente con las mejores condiciones laborales para el desarrollo de su trabajo? Si así fue, ¿porqué, desde hace varias décadas, las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de la educación siguen siendo, prácticamente, las mismas?, ¿por qué, desde hace varias décadas, se exige una mejora a esas condiciones porque la autoridad educativa sencillamente puede hacer y deshacer lo que se le venga en gana?

Claro, hablar de una democracia (simulada) es fácil; lograr que esa democracia sea efectiva pero, sobre todo, que traiga beneficios para la base trabajadora no es tan sencillo como parece pues, como es obvio, aparentar que todo está bien se ha convertido en un sinsentido para los trabajadores de la educación, pero que si ha traído beneficios para ciertas cúpulas sindicales, como lo fue en su momento, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Claro está, con seguridad habrá quién refute mi argumento y está en lo correcto, sin embargo, hablar de una verdadera democracia significa que, cada uno de nosotros, puede expresar lo que, desde su juicio, entendimiento y conocimiento, considere pertinente, pero además, que puede exigir mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación. Creo que, en este sentido, nadie estaría dispuesto a exigir que éstas no se les brindaran. La pregunta es: quién lo ha hecho y cuál es el motivo de ese hecho.

Ojalá pudiera, un organismo externo e independiente, levantar una encuesta mediante la cual, los trabajadores de la educación externaran sus puntos de vista con relación al papel del SNTE en estos días y, muy probablemente, de lo que antaño ocurría. Esta idea, puede arrojar resultados verdaderamente interesantes que me llevarían a confirmar mis dicho o argumentos (o el de cualquier otro trabajador de la educación, investigador o académico) o, por el contrario, a comprender que, en efecto, estoy equivocado.

Sí, como lo afirmó este líder sindical, las decisiones cupulares se acabaron, ¿por qué no expresa el sentir de la base trabajadora, sin simulaciones y encuestas a modo cuyos resultados no comparten todos los agremiados?

En Tamaulipas, desde hace tiempo vengo siguiendo a un Movimiento Magisterial integrado por trabajadores de la educación pertenecientes a la Sección 30 del SNTE y, a través de los cuales, he podido conocer su preocupación y ocupación legítima por la defensa de los trabajadores adheridos a ese movimiento y al sindicato en comento. ¿No sería éste el trabajo que tendría que realizar el líder y su equipo de trabajo para beneficio de sus agremiados?, ¿podría ser ésta la forma de concebir a un SNTE diferente?

Recuerdo que, en el SNTE, hace tiempo surgió la idea de algo que ellos llamaron SNTE JOVEN, ¿alguien se acuerda cuál fue el propósito de esta idea y en qué terminó todo ello?

Bien haría, el Secretario del SNTE, medir sus palabras. Los tiempos en que el discurso transformaban los hechos han cambiado y, como parece obvio, un cambio significativo bien le haría a esta organización sindical. No todo tiene que ser una práctica que corresponda con la 4T o a los distintos gobiernos o… ¿me equivoco?

Referencias:

Redacción Profelandia.com (22/07/2020). Democratización plena del SNTE ya no tiene reversa: Cepeda Salas. Profelandia.com

Recuperado de: https://profelandia.com/democratizacion-plena-del-snte-ya-no-tiene-reversa-cepeda-salas/?fbclid=IwAR1MsRQ0qe0EIhwXiBDeD6yr-WbJyRI_2K7GRgzfsvR3TNOEAQ–7nsrFUM

SNTE. Estatuto.

Recuperado de: https://snte.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/Estatuto-SNTE12-Marzo-2019.pdf (Consultado el 23/06/2020)

Cámara de Diputados. Ley Federal del Trabajo.

Recuperado de: https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/gdoc/

(Consultado el 23/06/2020)

 

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